El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado a los poderes públicos el mayor consenso legislativo posible para elaborar «normas en beneficio colectivo» en las que se reconozca toda la sociedad.
Durante su toma de posesión como consejero nato del Consejo de Estado, González ha exhortado a las instituciones, ordenamientos y democracias a «traer esperanza, consensos, proximidad y respuestas útiles e inteligentes para un mundo en cambio que no da tregua».
«En un mundo global y de mercados ultra dependientes resulta incuestionable que un sistema normativo robusto y de calidad, junto a una justicia que funciona, ágil, eficaz y predecible, es un activo cada vez más decisivo para el crecimiento económico, el emprendimiento y el estímulo de la actividad», ha subrayado.
«Hipertrofia legislativa», según González
Igualmente, el presidente de la abogacía ha aludido en su intervención a la «hipertrofia legislativa» que vive España, subrayando que solo en 2023 los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico publicaron más de 1,2 millones de páginas.
El nuevo miembro del Consejo de Estado ha recordado también «No se necesitan algoritmos complejos para resolver la ecuación: a mayor seguridad jurídica, más actividad y mayor capacidad competitiva, y con ello, mayor fortaleza y garantías de sostenibilidad del Estado del Bienestar».
Mejoras necesarias para la Abogacía
No han faltado en su intervención palabras a «las inmediatas urgencias de esta profesión» necesita para continuar desempeñando el papel esencial que la Constitución le otorga en la sociedad española.
Así, Salvador González se ha referido a la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que en estos días arranca su trámite en el Senado; a la importancia de reforzar el secreto profesional y la conciliación de los abogados; a la necesidad de renovar el sistema de asistencia jurídica gratuita y la dotación de los juzgados y tribunales.
No se ha olvidado tampoco de así como a la importancia de continuar una revolución tecnológica de la Justicia que esté al servicio de la eficacia que se persigue, pero no la condicione.
Todas ellas con el objetivo de “reforzar el derecho de defensa, pues amplifican la calidad de nuestra democracia”.
