Salvador González, el nuevo presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), tiene talante. Una palabra que, según la Real Academia de la Lengua, se usa para describir la disposición de ánimo o actitud con que alguien realiza una acción o se comporta en general.
El talante de González es el de la conciliación, el de escuchar al que tiene enfrente, el de llegar a acuerdos o, como se decía en el comienzo de nuestra democracia, de llegar a consensos. ¿Aire nuevo? Ciertamente.
Ayer por la tarde, cuatro días más tarde de asumir su nueva responsabilidad, informó al Pleno de la Abogacía –reunido telemáticamente– de sus primeros dos nombramientos: Encarna Orduna –exdecana de Reus– como nueva secretaria general, y Cristina Llop, consejera, como nueva tesorera de la institución. Posiblemente habrá más en septiembre, pero no suelta prenda.
Porque Salvador González es un hombre de planes y de ejecutarlos. Proyecta la impresión de que tiene muy claro lo que quiere hacer y de que tiene la voluntad de hacerlo. Este es el tiempo del cambio, como cantaba Miguel Ríos. El cambio es él.
En esta primera entrevista tras la ceremonia del viernes pasado, el presidente del CGAE explica sus visiones sobre los problemas que afronta la profesión y sus soluciones.
La mayor parte de sus compañeros decanos dicen, a la hora de referirse a su victoria que este es el tiempo del cambio. Y que usted representa ese cambio. ¿En qué consiste?
Es una actualización con nuevas ideas. Mis ideas son básicas: estar más cerca de los colegios y de los colegiados. La misión del Consejo es representar y defender los intereses de la abogacía y eso es lo que pretendo.
Renovarse es crucial para avanzar. Debemos trabajar juntos, desde los colegios hasta el Consejo, para lograr una visión más amplia y efectiva.
Es la única manera de poder seguir avanzando y lo tenemos que hacer todos juntos: los colegios, el Consejo, los consejos autonómicos, las asociaciones, y los movimientos. Porque juntos tenemos más visión y más capacidad para avanzar.
«Mis ideas son básicas: estar más cerca de los colegios y de los colegiados. La misión del Consejo es representar y defender los intereses de la abogacía y eso es lo que pretendo»
Durante su primer discurso como presidente del CGAE, el pasado viernes en el Senado, hizo especial hincapié en la comunicación. ¿Por qué es tan importante para usted?
Es crucial que los colegiados se sientan representados y escuchados. La comunicación transparente es esencial para explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos y los recursos que necesitamos.
Hoy, más allá de la moqueta, es fundamental que los colegiados se sientan representados y escuchados.
El estar hoy aquí con ustedes es una prueba de la prioridad que vamos a dar a la comunicación en toda la actividad del Consejo. Es fundamental. Estos dos ejes, la comunicación y la transparencia, son muy importantes.
En ese discurso repitió el término transparencia 5 veces. ¿Cómo se va materializar?
La transparencia debe ser una característica de la comunicación. Debemos ser claros sobre nuestras acciones y decisiones, y esto también debe aplicarse a la gestión del Consejo y su comunicación con los colegiados. No se puede comunicar de forma oscura.
Hay que comunicar de forma transparente: lo que se hace, lo que se quiere hacer, los recursos que se necesitan.
La transparencia también debe ir de la mano de la exigencia social.
Vivimos en un mundo donde se exige a los líderes que sean transparentes e íntegros. Una actuación lo más transparente y más íntegra posible, para trasladar a la sociedad la necesidad de esos principios en todas partes.
Una de las cosas que más preocupa en estos momentos es el problema de los mutualistas. Ayer el decano de Madrid, Eugenio Ribón, informó a sus colegiados que ya tenía el informe que habían encargado a María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, sobre cómo afrontar esta asignatura pendiente. Tenemos entendido que mañana [por hoy] va a presentar algunos más.
Así es. En el primer pleno de mi Presidencia [que se celebró ayer, a las 19.30, tres horas después de esta entrevista] explicaré a los consejeros la necesidad de abordar de manera urgente y colectiva las cuestiones pendientes.
El día de mi toma de posesión convoqué una reunión para mañana con el objetivo de revisar y valorar los informes realizados por académicos y diversas instituciones, como la Universidad de Valencia, ANAMA, el Colegio de Coruña y el Colegio de Málaga, entre otros.
Estos informes destacan, entre otras cosas, que los problemas percibidos no derivan de un fallo del sistema privado, sino de la gestión pública que ha permitido una administración privada.
Frente a las situaciones críticas actuales, que incluyen el malestar palpable entre los colegiados, es crucial discutir soluciones factibles y efectivas, ajustadas a la realidad y a las exigencias de justicia y transparencia social que nuestro sistema requiere.
«En los informes que he visto, hay una coincidencia: y es que el RETA es factible. Pasar las contribuciones de todas esas personas que han estado pagando a la Mutualidad es factible»
Los informes revelan que los problemas percibidos no derivan de un fallo del sistema privado, sino de la gestión de un sistema público que, excepcionalmente, ha sido administrado de manera privada, y aunque bien gestionado, no ha funcionado.
Es como recibir atención en un hospital privado gestionado por el sistema público, siendo este último el responsable final.
Ante esta situación y las crecientes dificultades que enfrentan los colegiados, algunos de los cuales están en momentos críticos en sus vidas profesionales, es crucial que comuniquemos la urgencia de estas cuestiones a la ministra para tomar decisiones prontas y efectivas.
Aquí hay un sistema estatal que se puso en marcha con la generalización del Régimen de Autónomos para las profesiones, estableciendo unas excepciones. Y hay que decir que ni el régimen de autónomos ha estado funcionando conforme a las reglas del reparto actual, ni tampoco el régimen de mutualidad.
¿La pasarela al Régimen Estatal de Trabajadores Autónomos, el RETA, es factible?
En los informes que he visto, hay una coincidencia: y es que el RETA es factible. Pasar las contribuciones de todas esas personas que han estado pagando a la Mutualidad es factible.
La clave fundamental es cómo se calculan justamente esas aportaciones.
Debemos buscar una solución justa que considere distintas perspectivas, no solo la del Ministerio, que a menudo se enfoca en personas con vulnerabilidades específicas. En nuestro país, los sistemas de Seguridad Social históricamente no se computaban juntos, creando desigualdades en las pensiones.
Debemos asegurarnos que el Ministerio comprenda que las Mutualidades operaban bajo un régimen alternativo, con sus propias reglas establecidas por la ley de Seguridad Social.
Las cotizaciones de la Mutualidad no pueden ser inferiores al 80 % de la cuota que se paga en el autónomo. ¿Qué opina de esto?
Por supuesto, y últimamente se habla del 100 %. La Seguridad Social, el Ministerio, debe asumir que si hay unas pensiones mínimas para unos autónomos que no llegaron a cotizar por ellas tendremos que tenerlas también para los mutualistas.
Esto debería permitir la computación de cotizaciones de diversos regímenes para asegurar pensiones justas y equitativas. Hablo de los derechos de los abogados.
Tendrá que hacerlo de una manera justa, atendiendo a las circunstancias de cada uno y reclamando los fondos que tenga que reclamar de la Mutualidad para dar finalmente esa pensión pública.
Pero hay una cosa muy clara: los mutualistas tienen derecho a recibir una pensión digna porque es un derecho constitucional.
Uno de los temores de muchos mutualistas que han cotizado regularmente es que parte de esa compensación sea cubierta con fondos de la Mutualidad…
El dinero que un mutualista tiene en la Mutualidad, que tiene su nombre y apellido, nadie se lo puede quitar, porque estaríamos hablando de una apropiación indebida. Estaríamos hablando de una estafa. Eso es suyo.
Lo que cada uno de los mutualistas tendrá es la opción de decidir si se queda se sale. Y el que se queda, se queda con lo que tiene, y el que sale, sale con lo que tiene. Lo que tiene que recibir del sistema público son derechos de rango constitucional. Derechos a una pensión digna.
Tiene sentido que se pueda optar a la pasarela. El que pierda la confianza en un sistema se puede ir a otro. Esto tiene que ser una posibilidad, tiene que ser un derecho.
Hay muchos compañeros que no quieren oír hablar de irse al sistema público y quieren quedarse en la Mutualidad. Los he tenido en mi Colegio, los he escuchado. Creo que este es el caso. Tenemos que atender a todos.
«Soy partidario de que se pueda optar, con conocimiento de cómo funciona cada sistema. No debe ser una cárcel; uno debe poder optar a salir de un sistema a otro. Ahora mismo, si sales de la Mutualidad y vas al RETA, ya no puedes volver a la Mutualidad. Podemos hacer limitaciones, pero que cada uno pueda elegir el sistema con el que quiere buscar su previsión. Y siempre computando»
Cuando habla de pensión digna, ¿a qué cifra se está refiriendo?
Será la pensión mínima del autónomo, en iguales condiciones. El poder asimilarlo a la pensión mínima del autónomo tiene sentido.
[Nota aclaratoria de los autores de esta entrevista: En la actualidad, a los autónomos con 15 años cotizados que superen los 65 años, a los que, por sus aportaciones, les queda una pensión de 450 € y no tienen ingresos adicionales de ningún tipo, el Estado les complementa hasta los 1.033,30 euros si tienen cónyuge; hasta los 825,20 euros si no lo tienen, porque se es soltero o viudo; y hasta los 783,30 euros si tienen cónyuge pero no depende de su persona].
¿Qué opina de lo dicho por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elma Saiz Delgado, sobre que a partir de 2027 los nuevos abogados coticen al RETA sin optar a la Mutualidad?
Soy partidario de que se pueda optar, con conocimiento de cómo funciona cada sistema. No debe ser una cárcel; uno debe poder optar a salir de un sistema a otro. Ahora mismo, si sales de la Mutualidad y vas al RETA, ya no puedes volver a la Mutualidad. Podemos hacer limitaciones, pero que cada uno pueda elegir el sistema con el que quiere buscar su previsión. Y siempre computando.
Si un chico en la Mancha empieza a trabajar con su familia en el régimen agrario, luego pasa al régimen general, y finalmente monta su despacho y pasa a ser autónomo, cuando termine su vida, sumará todas esas cotizaciones.
¿Por qué no puede sumar esas cotizaciones en la Abogacía? Con las reglas que sea, con los sistemas que sea, tendremos que ver el sistema más justo.
En el acto de su toma de posesión del pasado viernes sorprendió al ministro de Justicia diciendo que era inaceptable que España fuera uno de los países que peor pagaba por el turno de oficio. Fueron palabras mayores.
Históricamente venimos de un sistema en el que no se cobraba por hacer el turno de oficio –lo cual hoy parece impensable– pero hemos ido a un sistema intermedio. Hace muchísimos años los abogados más mayores te dicen que ellos empezaron sin cobrar. Después se pasó a cobrar.
Al turno de oficio se le llamaba antes «el turno de pobres»…
Tuvimos una ley muy importante hace más de 20 años, que ya establecía el cobro, pero dejó fuera mucho, porque cuando vas adquiriendo derechos, no los adquieres todos de una tacada. Y lo que ha pasado es que nos hemos parado ahí.
Hoy no tiene sentido que alguien que está realizando una labor importantísima, que requiere una importante formación y que exige una formación continua, para la que se tiene que hacer uso de medios tecnológicos para recibir y atender a los clientes, no se le esté pagando una parte de su trabajo.
O que no se recoja el derecho de los abogados del turno de oficio a cobrar cuando asisten a personas jurídicas.
En algunas Comunidades Autónomas, como la de Andalucía o la de Madrid eso se ha arreglado. Esto viene contemplado en el anteproyecto de ley de Justicia gratuita, que se encuentra hoy en trámite de audiencia previa, pero tenemos que ser ambiciosos.
Tenemos mucho que ofrecer al sistema de justicia gratuita. El otro día decía el ministro que había que apostar por la mediación. Vamos a solucionar los conflictos fuera de los juzgados. Eso será mucho más económico, por mucho que se le pague al abogado, que llevar el procedimiento al juzgado.
Estamos hipertrofiando la justicia gratuita y la justicia gratuita está hipertrofiando la Administración de Justicia.
«En el sistema que tenemos de transferencias parece complicado que los abogados del turno de oficio en España cobren lo mismo. Pero lo que sí es posible es que se establezcan criterios homogéneos para pagos similares en diferentes comunidades autónomas. No tiene sentido que las diferencias sean tan grandes en los importes»
Eso va a requerir fortalecer la posición del abogado en la mediación, el acuerdo, y la conciliación.
Vamos a ser más eficientes, vamos a resolver esos conflictos a través de la justicia gratuita, con medios alternativos, pero para eso hay que pagar al abogado que seleccione la mejor fórmula para solucionar ese conflicto. Si tiene que llegar al Juzgado, que llegue, pero si se puede arreglar mediante un acuerdo, a través de la mediación, hagámoslo.
Una de las reivindicaciones es que los abogados del turno de oficio en España cobren lo mismo. ¿Es factible?
En el sistema que tenemos de transferencias parece complicado que los abogados del turno de oficio en España cobren lo mismo. Pero lo que sí es posible es que se establezcan criterios homogéneos para pagos similares en diferentes comunidades autónomas. No tiene sentido que las diferencias sean tan grandes en los importes.
No es digno para la profesión que tengamos que mendigar las actualizaciones cada año. Esto debería ser automático, como se actualizan los sueldos de los funcionarios públicos, con el IPC o al índice de referencia que se estime más conveniente.
Recientemente un grupo de abogados de Valladolid presentó una demanda por los retrasos en los pagos al turno de oficio, siguiendo la opinión de la Comisión Europea de que lo veía de justicia. Le dijeron que debido a la naturaleza de la relación de los abogados del turno de oficio con la Administración no tienen derecho a una indemnización por ese retraso. ¿Cuál es su opinión?
Deberíamos abordar la relación del pago con los colegios y los colegiados. Se paga a través de subvenciones, lo cual causa retrasos, especialmente en los últimos meses del año. Deberíamos pasar ya a otro nivel.
No hablamos de subvenciones, aquí se está pagando algo esencial dentro de la justicia. Cambiar la naturaleza del concepto nos permitiría un pago más rápido y directo.
La Abogacía se juega en esta legislatura varias leyes fundamentales. El proyecto de ley del derecho de defensa, ahora en el Parlamento y avanzando, el anteproyecto de ley de justicia gratuita, y…
Las leyes de eficiencia, a las que me referí en el Senado. Hay cuestiones, en su contenido, que habría que afinar. Por ejemplo, la solución de las vistas telemáticas como norma no me parecen de lo más acertado.
Quizás el problema en esas reglas generales es que deja al arbitrio de cada juez lo que se debe de hacer. Algún vocal saliente del CGPJ ha llamado la atención sobre ese aspecto.
Establecen muchas excepciones a la norma y por tanto deja de ser regla general. Se espera que con el tiempo se reduzcan estas excepciones y prevalezca la regla general, aunque esto no parece adecuado. Las vistas telemáticas deben ser una excepción, ya que la observación directa de abogados y jueces durante una declaración tiene matices que ni la inteligencia artificial, ni cámaras, ni pantallas pueden captar.
Por último, ¿cuál es su opinión sobre la modernización de la justicia?
La modernización es necesaria, pero debemos dotar de recursos adecuados a la Administración de Justicia. Los retrasos se siguen incrementando. La falta de recursos es una causa fundamental. Si la comparamos con otras Administraciones, como la Agencia Tributaria, la diferencia de medios es palpable, ¿no le parece?
