Los hechos sucedieron al mediodía del pasado jueves en la pequeña localidad de Whitesburg, Kentucky (Estados Unidos). El sheriff del condado de Letcher, Shawn “Mickey” Stines, de 43 años, abatió –supuestamente– a tiros al juez de Distrito (juez federal), Kevin Mullins, de 54 años, tras mantener una acalorada discusión en el despacho de este, en el Palacio de Justicia.
Stines se entregó después pacíficamente a sus compañeros, entregando el arma. ¿Los cargos?: asesinato en primer grado (lo que en España se denomina asesinato a secas), informó la Policía del Estado de Kentucky.
Ambos hombres, el juez y el sheriff, habían trabajado juntos durante años. De hecho, el sheriff Stines había sido alguacil de Mullins y era el responsable de la seguridad del juez en su destino actual, que ocupaba desde hacía 15 años.
El sheriff había sido depuesto temporalmente de su responsabilidad el pasado lunes por el juez Mullins a consecuencia de una demanda federal interpuesta contra él y contra uno de sus antiguos subordinados, Ben Fields. Por dos mujeres, Sabrina Adkins y Jennifer Hill.
El juez tomó esas decisión después de escuchar el interrogatorio al que fue sometido por el fiscal ese día.
En su demanda Adkins había acusado al sheriff Stines de «indiferencia deliberada por no haber capacitado y supervisado adecuadamente» a su subordinado.
Sabrina Adkins alegó que Fields, el agente de arresto domiciliario al que el juez correspondiente le había asignado la responsabilidad de verificar que cumplía con las medidas cautelares impuestas, la había intimidado y coaccionado para mantener relaciones sexuales.
A cambio, el agente le prometió que la dejaría estar en arresto domiciliario sin tener que abonar las tarifas establecidas por la tobillera electrónica que debía llevar.
En Estados Unidos los encausados suelen pagar una tarifa de instalación –que puede rondar los 100 dólares (89,49 euros)– y un cargo diario que puede oscilar variar de los 5 a los 15 dólares (entre los 4,47 y los 13,42 euros).
El costo total puede convertirse en una carga económica seria para personas de bajos ingresos.
Según la demanda, cuando Adkins le dijo a Fields, en 2021 –año en que sucedieron los hechos– que tenía dificultades para encontrar un lugar donde vivir y que no podía pagar lo que costaba la tobillera electrónica, el agente “hizo comentarios coquetos» sobre su aspecto y su cuerpo. Y le dijo que confiaba en que podrían ‘llegar a un acuerdo’”.
Adkins alegó que el agente la llevó, «después de oscurecer», al despacho del juez Mullins, donde no había cámaras para tener sexo. Como oficial de policía tenía los medios para entrar y salir del edificio.
La mujer acusó a Fields de obligarla a mantener relaciones sexuales en ese lugar por la tarde o de madrugada una docena de veces a lo largo de siete meses.
La otra mujer, Hill, por su parte, también acusó a Fields de mentir al afirmar que no estaba cumpliendo con los términos de su confinamiento domiciliario después de que ella se negara a hacerle un “favor” sexual.
La demanda dice también que después de que Hill fuera arrestada, el agente de policía la acosó en su casa y le exigió explícitamente sexo oral. También le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella en su vehículo, a cambio de mantenerla fuera de la cárcel.
El agente Fields fue finalmente acusado de múltiples delitos graves, incluyendo violación, sodomía y manipulación de un dispositivo de vigilancia electrónica. Y fue sometido a juicio, juzgado y sentenciado a principios de año.
Cumplió seis meses de cárcel para después recibir la libertad condicional.
«Mis pesadillas empeoraron tanto que tuve que empezar a tomar medicamentos. Probablemente los necesitaré el resto de mi vida», declaró Adkins el pasado mes de enero tras conocer el fallo.
La segunda mujer, Hill, falleció después. Los cargos contra Fields, por ello, decayeron.
EL SHERIFF STINES DEBÍA «SABER O HABER SABIDO»
No así la otra demanda, la que presentaron contra el sheriff y su ayudante, en la que Adkins afirmaba que las acusaciones sexuales contra Fields «no fueron investigadas adecuadamente por el sheriff Stines».
Stines despidió al agente Fields en 2022, después de que Adkins interpusiera contra él la demanda por «conducta impropia».
El sheriff debía «saber o haber sabido» que su subordinado estaba abusando sexualmente de las mujeres que estaban a su cargo.
Los abogados defensores del sheriff argumentaron, en el procedimiento del lunes, que “Mickey Stines, en todo momento, actuó de buena fe y ejerció un cuidado y habilidad razonables al cumplir con sus deberes según lo requerido por la ley”.
Alegaron ante el juez Mullins que los delitos habían prescrito. También invocaron la llamada inmunidad soberana, un principio legal que protege a los policías de ser denunciados mientras actúan como tales. Y solicitaron que el caso fuera desestimado por ello.
Estaba muy claro que el juez asesinado no compartió la postura de la defensa ya que depuso a continuación al sheriff Stines, cuya carrera, desde ese momento, quedó mortalmente tocada.
Tampoco le debió gustar mucho al juez conocer que su propia oficina había sido el escenario de encuentros clandestinos entre un agente de policía y una encausada que estaban por completo fuera de la ley. Por no mencionar los aspectos higiénicos.
Estas fueron las semillas de un caso judicial que devino en una tragedia inesperada.
