La Ley de Paridad salía a la luz el pasado 22 de agosto. Una normativa que nacía rodeada de polémica. Especialmente, por un «error técnico» que parecía reducir la protección frente al despido de algunos colectivos que hicieran uso de su derecho a la conciliación familiar.
Normativa que analizaban en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a través de la jornada «Luces, sombras y puntos clave de la Ley de Paridad».
«Me siento especialmente orgullosa por poner este tema sobre la mesa. Y así, abrir un debate muy necesario, porque debemos estar vigilantes de que esta ley se implemente como se debe aplicar», introducía Isabel Winkels, vicedecana del ICAM.
Una Ley que, tal y como explicaba la vicedecana en los primeros momentos del encuentro, «representa unos retos y oportunidades que pueden ser muy determinantes para el futuro de nuestra sociedad». Una importancia ante la que hay que estar vigilantes. Y es que es importante cuidar que «el fin de esta ley sea el que perseguimos: pasar de la igualdad legal, a la igualdad real».
La Ley de Paridad, un «reto» para las empresas
«Es cierto que el foco de esta ley tenía que haber puesto desde el minuto uno en el impacto real de la normativa. Pero, al final, se ha desdibujado. En gran medida, por el error técnico en los derechos de conciliación», ha destacado Estela Martín Estebaranz, presidenta de la Sección de Igualdad del ICAM y moderadora del evento.Estela
Una valoración que compartía María Jesús Herrera, socia de Sagardoy Abogados. «Luces y sombras de la Ley de Igualdad. Tiene nombre de película, pero ha acabado siendo de terror. Precisamente, por ese error técnico», valoraba.
«La norma tiene un doble objetivo: garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en gobierno, órganos públicos, etc. Y también finalidad clara de trasponer la normativa europea relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de sociedades cotizadas».
Un contenido de la Ley de Paridad que establece tres puntos de modificaciones, según Herrera: las modificaciones que afectan a los órganos de administración y dirección, las modificaciones puramente laborales, y las modificaciones en la relación laboral de los profesionales deportistas.
Sin embargo, en la normativa, existe un punto de conflicto. Y es que la presencia equilibrada entre hombres y mujeres tiene la excepcionalidad de la «discriminación positiva». Y con ella, la posibilidad de que, si hay más de un 60% de representación de uno de los dos sexos, debe justificarse.
«¿Va a poder sancionarse a una empresa en este caso, si puede justificar la diferencia?, plantea Herrera. Cuestión ante la que, para la abogada, será importante «monitorizar el avance: hacia la paridad y el progreso».
«La Ley llega cuando ha fallado todo lo demás» , destacaba en este sentido Estela Martín. Una Ley de Paridad que, tal y como apuntaba María del Castillo, vicepresidenta de EJE&CON, es más necesaria que nunca en España.
«Hay una paridad mundial del 68%. España, en materia de paridad, está con un 79% de brecha. Y en los últimos cuatro años, la cifra ha empeorado. Esto significa que, al ritmo actual, tardaríamos 131 años en conseguir la igualdad».
Especialmente, en el campo de los consejos de administración y la alta dirección. Y es que, en esta última, los casos de presencia de mujeres son muy escasos.
«El 93% de los consejeros destacan que la paridad mejora y amplia la visión de los consejos» asegura la experta. Sin embargo, el 45% de los consejeros «considera que las medidas que se están tomando, incluso la ley de paridad, son medidas políticas. Y el 30% considera que las candidatas que están llegando a cargos relevantes están no cualificadas».
El polémico «error técnico» de la normativa
Luces y sombras de la Ley de Paridad en las que, sin remedio, el «error técnico» de la normativa salía a la luz durante el evento. Ello, de mano de Concepción Morales Vállez. Magistrada suplente del TSJ de lo Social de Madrid y Doctora en Derecho.
Magistrada que ha lamentado que el «error» que se ha producido en la normativa, con respecto a los despidos, no se haya podido evitar dentro de la norma. Y que, ahora, apenas queda margen para que los legisladores puedan actuar en contra de sus efectos. Y es que, a pesar de que la normativa pueda ser revisada, lo cierto es que la norma puede ser ahora aplicada en su totalidad. Una cuestión que preocupa a la magistrada.
«La ley dice lo que dice y los órganos judiciales vamos a decir que de referenda sería deseable, pero tenemos que aplicar la ley», lamentaba.
