De izquierda a derecha, Marga Cerro, vicesecretaria general del Consejo General de la Abogacía; Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo; Mª Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación Provincial de Toledo; Sara Simón, consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha; Salvador González, presidente del CGAE; Ángel José Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía y Encarna Orduna, secretaria general de la Abogacía Española. Foto: CGAE.
Salvador González: «Es hora de cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género»
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28/9/2024 05:35
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Actualizado: 28/9/2024 01:34
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, no ha dejado lugar a dudas en Toledo: es urgente y necesario implementar todas las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que afectan a los profesionales del sector.
No se puede seguir esperando.
Durante la inauguración de la duodécima edición de las jornadas organizadas por el Consejo, González fue tajante: algunas de estas medidas son vitales y ya deberían estar en marcha, como la asistencia letrada obligatoria antes de interponer cualquier denuncia por violencia de género.
Las víctimas merecen ser asesoradas desde el primer momento, y esa atención debe estar garantizada sin excusas.
Asimismo, insistió en la importancia de que los Colegios de la Abogacía reciban notificación de todos los casos detectados, y que los turnos de guardia especializados cuenten con un número suficiente de abogados preparados para estos casos.
El presidente del CGAE no evitó señalar uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la justicia: la concentración excesiva de los órganos especializados.
Esto crea una distancia inaceptable entre la justicia y las víctimas, que son quienes deben estar en el centro de todo proceso.
«Alejar la justicia de las víctimas es condenarlas dos veces», sentenció con firmeza, recordando que el acceso a la justicia debe ser inmediato y accesible, no algo lejano y burocrático.
HAY QUE EVALUAR LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Además, González hizo un llamamiento para evaluar los 20 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género. No basta con celebrar su existencia; es fundamental revisar qué ha funcionado y qué ha quedado corto.
Y no olvidemos, añadió, que la violencia de género ha evolucionado, tomando nuevas formas en el mundo digital y preocupantemente, arraigando entre los adolescentes, donde el mensaje preventivo parece no estar llegando.
“Aquí estamos para cambiar eso”, afirmó González. “Estas jornadas no son solo un evento anual, son una herramienta para seguir luchando con una Abogacía preparada, comprometida y sensible a la causa. Ofrecemos talento, pasión y, sobre todo, acción».
Su mensaje fue claro: no basta con buenas intenciones, se necesitan medidas concretas y profesionales preparados para llevarlas a cabo.
La jornada inaugural contó con la participación de Sara Simón, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, quien reforzó la importancia de la educación en igualdad desde la infancia, y la urgencia de fortalecer los recursos de protección, especialmente en áreas rurales, donde el acceso a la ayuda es aún más limitado.
“Es allí donde debemos poner todos nuestros esfuerzos”, afirmó, destacando la necesidad de aumentar los centros de acogida y los programas de prevención.
EL DECANO DEL COLEGIO DE TOLEDO RESPALDO LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CGAE
Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogacía de Toledo, respaldó la exigencia de González de reforzar la formación continua.
“Las cifras son escalofriantes: 1.279 víctimas desde 2003. No podemos permitirnos fallar en la defensa de estas mujeres”, insistió. Además, remarcó la importancia de que la asistencia legal sea garantizada desde el primer momento, asegurando que las víctimas cuenten con un apoyo integral desde la denuncia hasta el juicio.
Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía, lanzó un mensaje directo: las instituciones deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la violencia de género.
No es suficiente con políticas de buena voluntad, se necesita acción efectiva y colectiva. Propuso una reforma urgente de la Ley de Justicia Gratuita para incluir la violencia sexual y la creación de una ley específica para combatir la trata de personas, fenómenos que se entrelazan en la vulnerabilidad extrema de las víctimas.
Por su parte, Carlos Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo, destacó el papel de las fuerzas de seguridad, no solo en términos de recursos, sino también en su formación especializada. Devia fue categórico: «La falta de coordinación entre instituciones está permitiendo que se escapen demasiados casos».
Sin una cooperación fluida entre los distintos organismos, las víctimas se pierden en el sistema.
Finalmente, María Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo, subrayó que en 2023 se realizaron más de 1.000 intervenciones en casos de violencia en la provincia.
Destacó la colaboración con asociaciones de mujeres para asegurar no solo la protección, sino también la reintegración de las víctimas, reconociendo que la recuperación no es solo un proceso legal, sino social y emocional.
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