El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina que el acceso policial a los datos almacenados en teléfonos móviles no debe limitarse exclusivamente a delitos de gran gravedad, aunque debe estar siempre sujeto a estrictas condiciones de supervisión judicial.
Según el TJUE, la gravedad de la infracción investigada constituye uno de los parámetros centrales a la hora de examinar la proporcionalidad de esa injerencia grave.
No obstante, considerar que solo la lucha contra la delincuencia grave puede justificar el acceso a los datos contenidos en un teléfono móvil limitaría indebidamente las facultades de investigación de las autoridades competentes.
Algo que al entender del alto tribunal europeo incrementaría el riesgo de impunidad para las infracciones penales en general y supondría, por tanto, un riesgo para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión.
Eso sí, el TJUE subraya que dicha injerencia en la vida privada y en la protección de los datos debe estar prevista por la ley, lo que implica que el legislador nacional debe definir de manera suficientemente precisa los elementos que han de tenerse en cuenta, en particular, la naturaleza o las
categorías de infracciones de que puede tratarse.
Siempre con autorización, indica el TJUE
Además, el TJUE enfatiza la necesidad de que dicho acceso se realice bajo la autorización de un órgano jurisdiccional o una autoridad independiente, excepto en situaciones de urgencia justificadas.
La sentencia también establece que debe informarse al individuo afectado sobre los motivos de la autorización tan pronto como sea posible, sin comprometer la investigación en curso
Este fallo recalca el delicado equilibrio que deben mantener las autoridades al investigar delitos y proteger los derechos individuales.
El origen de esta decisión
El caso, identificado como C-548/21, se originó en Austria tras una operación de control antidroga en la que la policía incautó un móvil después de encontrar 85 gramos de cannabis en un paquete destinado al dueño del teléfono.
La policía intentó acceder a los datos del teléfono sin autorización judicial previa, lo que suscitó preocupaciones legales y llevó al caso ante el Tribunal de Justicia.
