El pasado viernes, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se convirtió en el escenario de un vibrante encuentro de juristas. El motivo de la convocatoria fue la celebración de la III Jornada por el Estado de Derecho, organizada por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI).
La expectación era palpable desde tempranas horas de la mañana, cuando la sala principal comenzó a llenarse de magistrados y académicos. A medida que el evento avanzaba, la diversidad de voces y opiniones enriquecían el ambiente.
Fernando Portillo, presidente de FJI, no podía ocultar su satisfacción al finalizar las jornadas, que se prolongaron durante casi cinco intensas horas. En palabras a Confilegal, destacó la profundidad de los debates y la calidad de las intervenciones. El evento se dividió en tres paneles donde, durante casi 300 minutos, se plantearon interrogantes.
En el primer panel participaron dos de los cuatro fiscales del procés, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. También estuvo Salvador Vida, fiscal del Alto Tribunal, que se encargó de moderar. Los tres se animaron a responder una pregunta del público: ¿debería dimitir Álvaro García Ortiz tras la presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz-Ayuso? Dijeron que sí.
Por otro lado, Viada hizo hincapié en que «se está sacudiendo el sistema». Zaragoza, por su parte, criticó la tendencia de los gobiernos a presentar al fiscal como su «brazo armado», lo que contribuye a la percepción errónea de que el Ministerio Fiscal depende del Gobierno. «La separación de poderes es sagrada».
Sin embargo, Madrigal quiso resaltar que durante su mandato como Fiscal General del Estado no recibió indicaciones del Gobierno y subrayó que la Fiscalía debe actuar bajo los principios de imparcialidad y legalidad.
Junto con Zaragoza, reclamó reformas estatutarias para reforzar la independencia del Fiscal General, incluyendo la ampliación del mandato temporal, así como reforzar mayores requisitos para llegar al cargo.
El segundo panel llegó de la mano de la Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán y la ex fiscal Europea, Concepción Sabadell. La mesa la moderó el magistrado del Juzgado de lo Social nº3 de Sevilla, Francisco Hazas.
En dicho panel se habló de la Fiscalía Europea y los sistemas comparados de Ministerio Fiscal. Morán profundizó en las fiscalías europeas más cercanas y las iberoamericanas. Recordó que, países como Reino Unido, no tuvieron esta institución hasta 1986.
Detalló que, en general, las fiscalías iberoamericanas tienen mayores garantías formales de independencia y autonomía que las europeas. Algo que reconoció que incomodaba a los gobiernos de allí.
Sabadell resaltó que la Fiscalía Europea es el espejo en el que tiene que mirarse la española si quiere asumir la dirección de la instrucción de los procesos penales.
En el último panel, el tono se tornó más filosófico y reflexivo. En ella participaron Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado y Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo.
El exfiscal reflexionó sobre la importancia de la figura del Ministerio Fiscal. Además, criticó la designación de ministros de Justicia como fiscales generales por ser inconstitucional. E incidió en que quien de alguna forma pretende reducir el papel institucional del Ministerio Fiscal, está dando pasos fuera de la Constitución.
Y, por su parte, Sosa comentó que un sistema político no puede sobrevivir si no creen en él sus protagonistas,
También cuestionó la necesidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sugiriendo que muchos países, como Estados Unidos y los nórdicos, no cuentan con este órgano. Desde su punto de vista, el CGPJ ha causado más problemas que soluciones, afectando el funcionamiento normal del Estado de Derecho en España.
