Tres fiscales del Tribunal Supremo se han «mojado» y han opinado si el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir, o no. Ello tras la posible revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Javier Zaragoza, fiscal de Sala del alto tribunal, ha sido claro: «si yo estuviera en su situación, hace tiempo que habría dejado el cargo. Pero cada uno tiene sus valores y sus principios». Para Consuelo Madrigal, también fiscal de Sala del Tribunal Supremo, «hay que ser imparcial y parecerlo».
Hay que recordar que ambos son dos de los cuatro fiscales que participaron en el juicio del procés, uno de los más importantes de España a nivel jurídico y político.
Y, para Salvador Viada, también fiscal del Supremo, sí debe dimitir. «Esto no es una empresa, es la institución para preservar la ley. Y si el jefe esta bajo sospecha, igual no debería seguir si está en el punto de mira. Ya tendría que haberse marchado».
Unas declaraciones que han tenido lugar este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la III Jornada por el Estado de Derecho organizada por Foro Judicial Independiente. La mesa redonda, de la que Viada era moderador, llevaba por título «Ministerio Fiscal y separación de poderes». Ha calificado a estos dos fiscales del procés de «pesos pesados».
Jornadas que han sido presentadas por Fernando Portillo, presidente de la asociación, Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid y Celso Rodríguez, presidente del TSJM.
La separación de poderes, sagrada
Viada ha detallado que desde hace un tiempo se deben decir las cosas claras y explicar con claridad los problemas de la carrera fiscal, así como los abusos que se cometen día a día en esta institución. «Se está sacudiendo el sistema».
Por su parte, Zaragoza ha querido recalcar que «la independencia del Poder Judicial no se entiende sin la independencia del Ministerio Fiscal». Pero ha reconocido que esto no es una reflexión nueva porque ya en el siglo XX un jurista italiano hablaba de ello.
«No se entiende que un órgano que está en el corazón de la Administración de Justicia, por mucho que el titular del órgano lo nombre un Gobierno, quede fuera de ese poder en el cual está incluido, aunque no sea Poder Judicial».
Asimismo, ha comentado que el Poder Judicial se está viendo en una situación de cierto acoso. La separación de «poderes es sagrada en una democracia» ya que «sólo una división de poderes garantiza el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho. Ese poder ostenta la condición de garante de los derechos de los ciudadanos y del cumplimiento de las leyes».
Para el fiscal, “no hay mejor manera de fortalecer la democracia que perseverando la independencia del Poder Judicial y garantizar una prensa independiente”. “Hay noticias que no gustan, pero no son bulos”.
Por otro lado, Zaragoza, ha comentado que prácticamente todos los Gobiernos no han renunciado a transmitir la idea a la opinión pública de que el fiscal es, en cierto modo, su brazo armado.
Ha conocido a 16 fiscales generales a lo largo de su carrera profesional y recuerda casos en que en ruedas de prensa del Consejo de Ministros se ha dicho que se iban a dar instrucciones al FGE para que hiciera «esto, o lo otro». Una idea que «cala» en la sociedad y da la sensación de que depende del Gobierno aunque no sea así, concluye.
Por último, ha comentado que se pueden hacer modificaciones reglamentarias que garanticen mayor independencia del FGE, como alargar su mandato, pero, sobre todo, hacen falta garantías profesionales. No se puede ser ministro y luego fiscal general».
Madrigal y su relación con el Gobierno cuando era fiscal general
Por su parte, Madrigal, que fue FGE de enero de 2015 a noviembre de 2016, ha querido contar cómo fue su relación con el Gobierno. «En honor a la verdad tengo que decir que no se me hizo nunca ninguna indicación de asuntos concretos ni de asuntos procesales». Sólo le preguntaban qué iba a pasar con algo concreto.
«Nunca se me dijo que hiciera algo», por lo que, desde su punto de vista, las relaciones dependen del talante personal de quienes ostentan los cargos.
“Tenemos que tener unas garantías de que las cosas se hacen conforme dice la ley y la línea de la institución, que son la imparcialidad y la legalidad”. Somos defensores de la legalidad y ello debe marcar la institución. Son principios esenciales.
A Madrigal también le inquietan muchas de las cosas que han pasado en los últimos años. «De ahí que, durante tantos años «la Fiscalía haya estado a lo dispuesto por el Ministerio de Justicia». «Hasta la fecha no se ha configurado, verdaderamente, un Reglamento para que la institución pueda actuar bajo los criterios de independencia y legalidad».
Pero si vamos a la pregunta importante, ¿se ha configurado de alguna forma el Ministerio Fiscal para que pueda actuar con plena imparcialidad, no sólo al margen del poder político, sino contra él? La respuesta es que no, ha relatado Madrigal.
La fiscal ha añadido que debería establecerse algún tipo de responsabilidad penal tanto para el fiscal general como para el conjunto de los fiscales, similar a la que tienen los jueces, porque no solo hay que ser imparcial, también «hay que parecerlo y, además, hay que responder de lo que se hace».
Con todo, Madrigal y Zaragoza han reclamado reformas estatutarias. Este último ha propuesto ampliar el mandato temporal del fiscal general para evitar que coincida con el del gobierno; reforzar los requisitos para llegar al cargo, equiparándolos a los exigidos al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS; y «que la persona que se designe ofrezca garantías absolutas de independencia e imparcialidad».
