La ‘trama Koldo’, investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado una red de adjudicaciones públicas millonarias y comisiones ilegales que ascienden a cifras alarmantes.
Hasta la fecha, se estima que la trama habría conseguido adjudicaciones por valor de 60 millones de euros, mientras que las comisiones para los implicados alcanzan los 16,5 millones.
Este entramado, que tiene como epicentro al empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García, involucra también contratos públicos clave durante la pandemia y el uso de bienes de lujo para mantener la maquinaria en funcionamiento.
El último informe de la UCO, presentado ante magistrado del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pone de relieve las enormes expectativas económicas que Aldama, señalado como el conseguidor principal de la trama, tenía con respecto a su empresa Soluciones de Gestión.
De acuerdo con los documentos incautados, en marzo de 2020, en plena pandemia de COVID-19, Aldama ya proyectaba que podría obtener hasta 60 millones de euros mediante diversas adjudicaciones públicas.
Su primer gran contrato fue con Puertos del Estado, que calculó en 20 millones de euros. Posteriormente, el empresario añadió otras adjudicaciones significativas, como 12,5 millones de euros con Adif, 3,5 millones con el Ministerio del Interior, 3,7 millones en las Islas Baleares y 12,2 millones en las Islas Canarias.
ESQUEMA DE COMISIONES ILEGALES
Entre las estimaciones también figuraba un contrato con Correos por valor de 7,5 millones de euros, que aunque fue ingresado en las cuentas de Soluciones de Gestión, terminó siendo devuelto semanas después, según la investigación.
A pesar de estas cifras astronómicas, lo que más ha sorprendido a los investigadores ha sido el esquema de comisiones ilegales y la lujosa vida que llevaron los implicados.
La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que Aldama habría recibido comisiones por valor de 5,5 millones de euros.
Por su parte, el empresario Juan Carlos Cueto habría obtenido hasta 9 millones de euros en concepto de comisiones.
Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se quedó atrás. Según el informe, García habría experimentado un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros, una cifra notable que ha suscitado un intenso escrutinio por parte de los fiscales.
La investigación también ha revelado que Aldama utilizó parte de los beneficios obtenidos para adquirir propiedades de lujo.
Un ejemplo de ello es un chalet en La Línea de la Concepción, conocido como ‘La Alcaidesa’, valorado en 526.000 euros, que habría sido adquirido utilizando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.
Esta propiedad habría sido disfrutada por el propio Ábalos.
No menos revelador ha sido el esquema de seguridad implementado por la trama. Según la UCO, Aldama destinó hasta 88.199 euros para garantizar comunicaciones seguras, evitando posibles intervenciones policiales.
Para ello, contó con la colaboración del guardia civil Rubén Villalba, quien proporcionaba terminales móviles seguros a los miembros de la red. Estos dispositivos se reemplazaban con frecuencia para evitar rastreos, una precaución que, según los informes, también fue utilizada por Koldo García y el exministro Ábalos durante su tiempo en el gobierno.
En resumen, la ‘trama Koldo’ no solo se beneficiaba de jugosas adjudicaciones públicas, sino que se aseguraba de mantener su operativa lejos del alcance de la ley, utilizando complejos esquemas de seguridad y viviendo una vida de lujo gracias a las comisiones obtenidas.
