El instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ordenaba este miércoles a la Guardia Civil la entrada y registro del despacho de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE). Una decisión del alto tribunal que supone un paso más en la imputación del Fiscal General por un presunto delito de revelación de secretos.
«Absolutamente tranquilo». Así aseguraba sentirse García Ortiz el pasado mes de septiembre, preguntado sobre su posible imputación por un presunto delito de revelación de secretos.
Un delito que habría cometido en relación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así pues, el 14 de marzo de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid publicaba una nota informativa en la que se exponía a la opinión pública correos electrónicos entre Alberto Gómez Amador, pareja de Ayuso, su abogado, y el fiscal Julián Soto, en relación a un presunto caso de fraude fiscal por el que se le investigaba.
Una nota de prensa que pronto provocaba la polémica, y ante la que García Ortiz asumía la responsabilidad de dicho comunicado. Algo que, de forma prácticamente inmediata, llevaba a Alberto Gómez Amador a presentar una querella contra García Ortiz por esta nota informativa. Ello, entendiendo que se podría haber producido un delito de relevación de secretos.
Causa que, en el pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevaba al Supremo, siendo el alto tribunal el responsable de decidir sobre la imputación del Fiscal General del Estado.
La imputación de García Ortiz y el registro de la UCO
Era el pasado 16 de octubre cuando se daba a conocer la decisión del Tribunal Supremo. Alto tribunal que acordaba abrir una investigación contra Álvaro García Ortiz por esta supuesta revelación de secretos.
Una situación inédita hasta la fecha en España, ya que es la primera imputación de un jefe del Ministerio Fiscal. Decisión que, a pesar de su falta de precedentes, contaba con la unanimidad del tribunal. Ello, siendo Ángel Luis Hurtado, magistrado de la sala del Supremo, el instructor de la causa.
Magistrado que, en fecha de 30 de octubre de 2024, autorizaba la entada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado. Ello, «al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos».
Mandato que recaía sobre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Agentes autorizados a la intervención de teléfonos móviles, portátiles, tablets y otros elementos. Y, del mismo modo, realizar copia de todos los documentos «que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objeto de la investigación», destaca el auto, al que ha tenido acceso Confilegal.
El FGE se niega a dimitir, a pesar de las críticas
Imputación ante la que, sin embargo, García Ortiz se mantenía en el cargo. Ello, asegurando el FGE que su continuidad «es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo».
Una valoración que no compartía, el pasado 17 de octubre, la mayoría del Consejo Fiscal. Y es que el órgano asesor del ministerio público, conformado por por 12 personas, (incluido el propio fiscal general), los seis vocales pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) insistía en que García Ortiz debía dimitir para preservar la imagen e imparcialidad de la institución.
Dimisión que, ante la entrada de la Guardia Civil en la sede del FGE, volvía a exigir la AF este 30 de octubre. Y es que, para la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, el registro en el despacho de García Ortiz es una «noticia demoledora» que «destroza a la institución».
