El presidente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, CTEAJE, Luis Martín Contreras, tiene confianza en que la Justicia española consiga el objetivo, en tiempo y forma, de que los órganos judiciales "hablen" telemáticamente entre ellos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Luis Martín Contreras, vocal CGPJ: “Tenemos hasta agosto de 2025 para que todos los órganos judiciales ‘hablen entre ellos’ telemáticamente, de verdad”
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06/11/2024 05:40
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Actualizado: 06/11/2024 08:15
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Letrado de Administración de Justicia en el Tribunal Supremo hasta su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Martín Contreras es de las personas que mejor conocen las entrañas de la Justicia.
Como secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional, contribuyó de forma decisiva a la digitalización del “portaaviones de la Justicia”, como lo definió su creador, el desaparecido magistrado Rafael de Mendizábal.
Al Supremo, y sus “goteras” organizativas, lo conoce como la palma de su mano.
En la actualidad ha asumido la Presidencia del Pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, el CTEAJE, cuya función es coordinar y supervisar el proceso de digitalización de la Administración de Justicia.
Una Presidencia –es por dos años– que acaba en diciembre de este año y que en 2025 asumirá el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.
El CTEAJE está compuesto por representantes del Ministerio de Justicia, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y las 12 Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de la Administración de Justicia.
Y es un órgano vital y esencial para que la transformación digital en la que está inmersa la Justicia tenga éxito.
¿No cree usted que uno de los grandes problemas que tenemos en España es esta justicia “Frankenstein”, con un Ministerio gobernando en 5 Comunidades Autónomas, 12 Comunidades Autónomas por su parte, la Fiscalía General del Estado y el CGPJ? Todas ellas bajo la coordinación de un CTEAJE que no tiene capacidad coercitiva para imponer sus acuerdos.
Este Comité fue creado como una especie de versión del Comité de Control de la Ley de Digitalización en la Administración General, pero con una diferencia importante: este nuevo comité no tiene el poder de imponer sus directrices. Esto significa que no puede obligar a otros a seguir sus recomendaciones.
Un tema importante en este contexto es la interoperabilidad, es decir, la capacidad de que los distintos sistemas trabajen juntos de forma fluida. Aquí es donde los fondos europeos juegan un papel clave, ya que están financiando los proyectos para lograr esta coordinación entre sistemas. Tenemos hasta agosto de 2025 para que todos los órganos judiciales hablen entre ellos, de verdad.
En 2022 el Ministerio anunció que desde las Comunidades Autónomas con diferentes sistemas de gestión procesal habían conseguido comunicarse telemáticamente con el Tribunal. Y que el siguiente paso sería entre esas mismas Comunidades Autónomas. La cosa va un poco justa, ¿no?
La interoperabilidad no solo es un objetivo. Es una obligación marcada por la Unión Europea. Si no cumplimos con esa interoperabilidad entre Comunidades Autónomas para esa fecha, tendremos que devolver los fondos, lo cual sería un golpe tanto para el sistema judicial español como para nuestra credibilidad ante la UE.
Esto es esencial para tener una Administración de Justicia unificada.
Sin embargo, actualmente cuatro Comunidades Autónomas que hoy comparten el mismo sistema de gestión procesal, el Avantius, y no se comunican entre sí. No son interoperables.
El CTEAJE quizá no tenga un poder coercitivo, pero sí tiene un efecto disuasorio por los fondos recibidos. Con la interoperabilidad, a día de hoy, uno de los mayores desafíos quizá sean los tiempos de implementación y no tanto la intención de colaborar, que es clara y patente.
El próximo 21 de noviembre tenemos reunión del Pleno del CTEAJE en Córdoba. Y antes, entre los días 11, 12 y 13 de este mes tendrá lugar en Granada el Dataforum Justicia 2024. Pulsaré las opiniones y trataré de limar asperezas. En España no pueden, y no deben, existir justicias que avancen a diferentes velocidades. La ciudadanía, que es a quien servimos, no lo entendería.
¿Debería el CGPJ asumir más liderazgo?
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente que, desde 1994, el Consejo General del Poder Judicial tiene la función de coordinar los sistemas informáticos en toda España, asegurando que sean compatibles entre sí. Esta coordinación permitiría que los sistemas se conecten y trabajen juntos sin problemas, lo cual es lógico y necesario.
Sin embargo, hasta ahora, el CGPJ no ha ejercido esta función. Como resultado, cada Comunidad Autónoma ha implementado su propio sistema de gestión procesal, que en muchos casos no es compatible con los de otras comunidades.
De aquellos polvos estos lodos, lo entiendo. ¿Cómo interpreta la reforma introducida en esta materia en el Real Decreto-ley 6/2023 que modifica un punto del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Algunos interpretan una pérdida de poder del Consejo en esta materia…
En mi opinión, no es así. El CGPJ mantiene su competencia de coordinación, como se establece en el primer apartado de ese artículo.
Además, ahora se está empezando a hablar de la incorporación de inteligencia artificial, y dado el nuevo Reglamento Europeo sobre esta tecnología, sería conveniente añadir específicamente la inteligencia artificial dentro de esta función de coordinación de nuevas tecnologías.
«Sería útil recompensar el buen rendimiento y establecer sanciones para quienes no cumplan con sus responsabilidades, con el fin de promover una mayor eficiencia en el sistema judicial».
La estadística judicial es otra tarea pendiente en el proceso de reforma de la justicia. Aunque existen informes periódicos, la información que se recopila no es uniforme. Esto significa que los datos sobre el funcionamiento de los juzgados no siempre son precisos. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Actualmente, hay un proyecto en marcha que recopila una gran cantidad de información, pero la falta de homogeneización sigue siendo un problema.
Cada juzgado tiene sistemas y métodos de clasificación diferentes, lo que genera confusión.
Por ejemplo, un caso en Madrid puede recibir un número de expediente único, mientras que un caso similar en otra provincia puede recibir varios números a medida que avanza. Esto complica el seguimiento de los casos y distorsiona las estadísticas.
Este desorden también afecta las cargas de trabajo y los salarios de algunos funcionarios, ya que, al desglosarse un caso en varios números, se contabiliza como varios procedimientos en lugar de uno solo. Esto da una falsa impresión de carga de trabajo y retrasa el procesamiento de casos.
Esto pide un análisis detallado de la carga de trabajo en cada juzgado…
Sí, podría ayudar a entender mejor las necesidades. También sería útil recompensar el buen rendimiento y establecer sanciones para quienes no cumplan con sus responsabilidades, con el fin de promover una mayor eficiencia en el sistema judicial.
Yo he pedido a la Comisión de Estadística de que me incorporen porque lo que estamos haciendo en el CTEAJE tiene relación con esta materia.
Si existen estos criterios discrepantes, se puede concluir que los datos de la estadística judicial no son reales…
No lo son porque están desvirtuados. No hay una homologación y una homogeneización de todos los datos. Para resolver esto lo primero que habría que hacer es empezar a decir, ‘señores, a partir de esta fecha no va a haber más que un número de identificación general, el NIG.
Y ese número es único en toda España. Desde que entra en la primera instancia hasta su resolución final en el Supremo’. Esto facilitaría el seguimiento y mejoraría la precisión de la estadística judicial.
Tendríamos que tener un criterio único en toda España para todos los procedimientos. Sin esa condición, es difícil tener una estadística real.
Esto mejoraría la precisión de la estadística judicial.
Se suele decir que las palabras hacen a las cosas. En esa estadística judicial, que resume La Justicia dato a dato, que publica el CGPJ, se habla de asuntos…
Y tendría que decir sentencias, autos, decretos… Sí. Eso hay que cambiarlo. El término “asuntos” no expresa la naturaleza del trabajo que se hace.
Para valorar realmente el trabajo que realiza un órgano judicial, necesitamos analizar su carga de trabajo de manera precisa. Cuando se dice que los jueces están «saturados» y que necesitan más recursos o personal, yo no lo niego.
Sin embargo, creo que lo primero es entender por qué en algunos lugares los juzgados están al día y en otros hay grandes retrasos.
¿Existe alguna razón clara?
Si la hay, primero identifiquémosla y luego evaluemos si realmente hace falta más personal o recursos adicionales.
Después está el tema de la proporción de jueces por número de ciudadanos. En este aspecto, España está en la parte media de Europa. Según cálculos recientes, tenemos aproximadamente un juez por cada 11.000 ciudadanos. En comparación, estamos por detrás de países como Alemania y Austria, aunque un poco mejor que Francia, y mucho mejor que Bélgica.
A veces se habla mucho de esta ratio, pero cuando hacemos los números y miramos los datos, es posible que no sea tan simple. A lo mejor lo que realmente necesitamos es mejorar la calidad del servicio.
Lo que no es de recibo, es que haya juzgados de lo laboral, en Málaga, señalando juicios –tal como se ha publicado en varios medios de comunicación– para 2028.
Si me apuran, yo les hablo de mi propia experiencia. La comunidad de propietarios donde vivo interpusimos una demanda, un juicio civil ordinario, a finales de 2023. Acaban de comunicarnos que han señalado la audiencia previa en 2026.
Esto no es admisible en un estado de derecho. Es infumable.
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