Entrevista | Santiago Durán (ICAC): «la Directiva CSRD pretende un nivel de verificación similar al de auditoría de cuentas»
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19/12/2024 11:11
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Actualizado: 10/1/2025 13:29
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Arranca la tercera edición del año del Foro de Expertos Confilegal. Un evento que lleva por título «Auditorías ESG-Financieras y la Inteligencia Artificial: el futuro del sector» que tuvo lugar ayer el Hotel madrileño Mandarin Oriental Ritz. Todo ello en el contexto del proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados. Una transposición de la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, conocida por sus siglas en inglés, CSRD.
Esta jornada, compuesta por dos entrevistas, por una parte. Una a Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y otra a Lucía Sánchez-Ocaña, directora del Departamento de «Global Risk Compliance and Sustainability» en Qualitas Energy, gestora de fondos especializada en energías renovables y transición energética.
Y por otra una mesa redonda mesa redonda, que llevó por título, «Más allá de los números: el impacto transformador de las auditorías ESG y la IA”, en la que tomaron parte Sonsoles Rubio Reinoso, presidenta del Instituto de Auditores Internos; Gonzalo García-Liñán Fraguero, socio de asesoría en riesgos de BDO; Gonzalo Navarro Ruiz, jefe del Área de Regulación Financiera de la firma Ontier. Y Enrique López López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional.
Todo ello fue conducido por el director de Confilegal, Carlos Berbell.
El evento, dedicado a uno de los desafíos más importantes para el tejido empresarial español, fue clausurado por el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro,, con una intervención muy interesante y provocadora que llamaba a la acción.
Esta normativa supondrá un cambio de paradigma en la transparencia y en la forma en la que las empresas deberán integrar los criterios financieros, ambientales, sociales y de gobernanza en sus informes anuales.
En definitiva, exige a las compañías reportar de manera detallada y verificable su impacto en sostenibilidad. A día de hoy, la sensación que se percibe ante este proyecto es de incertidumbre.
El primer entrevistado de esta jornada fue Santiago Durán Domínguez, presidente del ICAC.
El Instituto que usted preside está llamado a asumir nuevas responsabilidades, ¿cuáles son?
Son más responsabilidades, pero seguimos siendo los mismos, que ese es el principal problema. Viene a suponer un cambio, un sistema equivalente a lo que es el marco de la información sobre esta cuestión de sostenibilidad, que antes se llamaba información no financiera. La idea es que llegue al mismo nivel.
Para ello lo que se establece a través de lo que fue la Directiva sobre sostenibilidad es una regulación específica en el caso del ámbito europeo para la información única, que son lo que se conoce como normas europeas de información sobre sostenibilidad llamadas NEIS. Se aplica en forma de actos delegados, el primer bloque se aprobó en 2023 y sería el marco que tienen que utilizar las empresas para adoptar esa información.
Y en ese ámbito, en el ICAC, que no es regulador nacional pero es miembro del órgano asesor de la comisión europea, estamos presentes tanto en el Comité de sostenibilidad, que es el último órgano técnico, como en el Consejo de Administración. Participamos indirectamente en la elaboración de las normas.
Por otro lado, la Directiva lo que pretende es un nivel de verificación similar al de auditoría de cuentas. Establece que el marco de verificación de la información de sostenibilidad es paralelo al de auditoría de cuentas. En principio, dice que quienes lleven a cabo esa verificación pueden ser los auditores o los distintos países verificadores. En el caso de España, la supervisión le corresponde al ICAC.
En este reforzamiento del ICAC, su Registro actual de Auditores de Cuentas va a pasar a llamarse Registro Oficial de Auditores de Cuentas y Verificadores de Información sobre Sostenibilidad. ¿Qué requisitos adicionales se exigirán?
Lo que vamos a hacer es crear un doble registro. Antes teníamos registrados todos los auditores de cuentas, personas físicas y jurídicas. Ahora lo que se crea es el registro de los verificadores.
La Directiva establece un régimen transitorio que se recoge en el proyecto de ley en el que se van a integrar inicialmente los auditores que estén inscritos como ejercientes si así lo solicitan. Y, por otra parte, los verificadores que cumplan con los requisitos de inscripción en la ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación.
Una vez que ha pasado el periodo transitorio, todo el proceso de inscripción será en paralelo o similar al de los auditores. Es decir, cumplimiento de requisitos de formación teórica, práctica y superación de un examen.
¿Las empresas jamás antes han tenido este nivel de control, no?
Esto es lo que cambia. El elemento clave de la Directivas y del proyecto de ley es convertir lo que era hasta ahora la información sobre estas cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza a ser una información regulada, lo que se supone que para las empresas sea obligación.
Ello en el sentido de que se normaliza lo que tengo que informar y que eso sea va a verificar. Los competidores también tendrán que informar en los mismos términos. Somos conscientes de que a día de hoy mucha información que se da sobre ello tiene más que ver con publicidad de las empresas que con la realidad.
Entonces, ¿lo que está diciendo es que van a acabar con el postureo?
Efectivamente. El objetivo de la norma es intentar que lo que se informe en las cuentas anuales se corresponda con la realidad. Otra cosa es que en sus campañas de marketing puedan hacer otras cuestiones.
La directiva y la ley exigen un enfoque de doble materialidad en la información. ¿Cómo se garantizará que sea correctamente aplicado y supervisado en las verificaciones?
Esto es una de las grandes novedades de la norma y de las grandes complejidades. Lo que en la práctica se viene a decir, a través de este concepto, es que una empresa tiene que informar de todo lo que le afecte internamente y todo lo que impacte hacia fuera. Es un concepto que suena muy bien pero que gestionarlo para una empresa es especialmente complicado.
La complejidad viene en este primer año el no tener que con qué comparar, lo que causa incertidumbre porque no saben qué es lo que va a hacer su competidor. A medida que vayamos entrando en lo que es la aplicación del marco de información sobre sostenibilidad, todos se van situando porque podrán ver lo que hacen unos y otros y si están informando de manera adecuada.
Hay una cosa que preocupa, y es el el impacto que va a tener la coexistencia de disposiciones transitorias de las normas europeas en materia de sostenibilidad con los requisitos específicos de la ley 11/2018 en la preparación de los informes. Me gustaría que lo aclarara.
No tengo una solución perfecta para eso. El proyecto de ley prevé un plazo de entrada en vigor escalonado. Y, a medida que entras en el marco de información sobre sostenibilidad, sales de la información no financiera. Es decir, coexisten durante varios años ambas leyes. El gran problema que se plantea es el año 2024 con reporte a 2025. Si la norma hubiese entrado en vigor dentro del plazo de transposición, ese problema no lo tendríamo.
La cuestión es que la ley se remitió a las Cortes en octubre pero todavía se encuentra abierto el plazo de enmiendas en el mes de febrero, con cual no se va aprobar hasta bien entrado 2025.
Al acto asistieron magistrados del Tribunal Constitucional, como Enrique Arnaldo, del Tribunal Supremo, como Pablo Llarena, Vicente Magro, de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro (presidente) y Joaquín Delgado, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, y los conocidos abogados Carlos Sotillo, Emilia Zaballos, Ana Rodríguez, Nicolás González-Cuéllar, Alfonso Trallero e Ismael Oliver.
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