La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha solicitado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su «intervención» en una carta en la que expresan su «preocupación» por la propuesta del PSOE que contempla, entre otras cuestiones, limitar la acusación popular.
A través de un comunicado, la APM entiende que la proposición de ley registrada por los socialistas es «un nuevo ataque» al Estado de derecho puesto que, «de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción».
Cargan contra disposición transitoria
La asociación sostiene que esa propuesta favorecerá «su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas».
Además, la Asociación Profesional de la Magistratura incide en que «la reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas».
Limita la liberta de expresión de los jueces y magistrados
Asimismo, recuerda la APM, «pretende la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados». «Sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, -básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia-, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica», concluye.
