El Gobierno aclara los supuestos en los que podría tener que compensar a las aseguradoras que acudan al nuevo concierto de la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface al que, por el momento, solo optar Asisa, aunque no se descarta que otras compañías que puedan entrar en la licitación.
Es precisamente Asisa, en una consulta vinculante colgada en la plataforma de contratación del Estado, la que pregunta en el marco de la licitación abierta si «un incremento de los costes de ejecución de los servicios (…) generaría la obligación pública de reequilibrar (el contrato)» o bien a través de una nueva cláusula recogida en los pliegos de licitación, la 8.7.3, o en aplicación de la denominada «doctrina de riesgo imprevisible».
Dicha doctrina permite introducir correcciones en las condiciones inicialmente pactadas en un contrato, entre ellas las prestaciones, cuando concurren algunas circunstancias.
En su respuesta, la mutualidad administrativa dependiente del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública explica que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, “no se puede establecer que haya un porcentaje específico de desviación”, que permita apreciar una ruptura del contrato administrativo.
En las sentencias aludidas por Muface se hablan de porcentajes que van del 2,5% al 3,5%, cuando en el caso del concierto sanitario 2021-2024 el desequilibrio presupuestario fue mucho mayor.
«Reequilibrar la ecuación financiera del contrato»
La respuesta añade que hay excepciones a esa doctrina, que permite «reequilibrar la ecuación financiera del contrato», pero aclara situaciones en las que sí se aplicaría.
En este sentido, recoge, se corresponden con los supuestos tasados las «variaciones significativas en el coste de la prestación del servicio de asistencia sanitaria o en su frecuencia de uso» derivadas de situaciones «como el aumento del precio de los actos médicos producido por una situación de inflación muy superior a la prevista en el contrato».
También la aparición de «una situación sanitaria que incremente significativamente la frecuencia en la prestación del servicio sanitario».
Se trata de dos situaciones concurridas en los últimos años, en el marco del anterior concierto y en el que las aseguradoras que prestan (Asisa, Adeslas y DKV) el servicio han denunciado pérdidas que las disuadieron de concurrir a la primera licitación que quedó desierta.
Plazo hasta el 27 de enero
El Ministerio de Función Pública amplió hasta el próximo 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas para hacerse con el contrato para prestar atención sanitaria a los funcionarios de Muface y sus familiares, que son en torno a 1,5 millones de personas.
El concierto quedó desierto en la primera licitación y en este segundo proceso, donde se ha planteado una subida del 33,5 % el dinero que cobran las aseguradoras, lo que elevaría el montante a abonar en tres ejercicios a 4.500 millones de euros.
Por el momento, Asisa se ha quedado como la única posible candidata a continuar prestando este servicio, de las tres que lo hacían en el actual contrato 2022-2024.
