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García Ortiz y Dolores Delgado han mostrado sus quejas ante la aparente difusión de sus datos personales a través del informe de la UCO. Foto: EP

El CGPJ estudiará las quejas de Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado por la difusión de sus datos personales

12 / 02 / 2025 15:25

Actualizado el 12 / 02 / 2025 15:25

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado actuaciones previas para estudiar las reclamaciones realizadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora inmediata, Dolores Delgado, por la difusión de los datos personales contenidos en la documentación enviada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo (TS) en el marco de la causa donde se investiga al jefe del Ministerio Público.

Según ha informado el CGPJ, la Dirección de Supervisión y Control de Datos del CGPJ «ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos recibidos en el órgano de gobierno de los jueces a raíz de la notificación a las partes personadas en la causa especial 20557/2024 que se sigue en el Tribunal Supremo de un informe elaborado por la UCO».

El CGPJ indica que esta dirección «llevará a cabo las actuaciones que resulten oportunas» a la vista de los escritos remitidos tanto por García Ortiz como por Delgado, ahora fiscal de sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El Consejo recuerda que «las funciones propias de las autoridades de protección de datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los juzgados, tribunales y las oficinas judiciales corresponden, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al CGPJ».

Fue el pasado lunes cuando García Ortiz envió un escrito al CGPJ solicitando que «se adopten todas las medidas de protección personal y de la intimidad que procedan o se inste a las autoridades competentes para que así lo hagan«. Además, pidió «las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos», según fuentes jurídicas.

En esta línea, Delgado envió ese día sendas cartas al CGPJ y al Tribunal Supremo (TS), trasladando la misma queja por la difusión de los datos personales contenidos en el informe de la UCO, entre ellos su teléfono móvil, «sin adoptar cautela alguna sobre el referido número que evitaría la más que previsible filtración de su contenido».

La ex fiscal general del Estado denunció que estaba recibiendo «reiteradas llamadas anónimas» a las que no estaba respondiendo, «con la consiguiente zozobra e intranquilidad a la vez que inseguridad» para su persona y su trabajo por, insistió, «no haberse adoptado aquellas medidas mínimas de prevención». En consecuencia, dijo, ha tenido que cambiar de terminal.

Los datos personales de García Ortiz y Delgado

El motivo de estas quejas son los documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al TS, relativo al tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo.

Los referidos documentos contienen datos personales –números de teléfono, direcciones postales y DNI– tanto del fiscal general del Estado como de un escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.

Esta documentación forma parte de la causa donde el TS investiga a García Ortiz, además de a otros dos fiscales —Pilar Rodríguez y Diego Villafañe–, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el instructor Ángel Hurtado investiga la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto –donde le ofreció reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo–; y de la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el novio de la mandataria regional.

Además, Hurtado investiga la nota de prensa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21.29 horas del 13 de marzo por ‘El Mundo’, donde se decía que fue el Ministerio Público quien ofreció pactar a González Amador. En ese comunicado, se daba cuenta del cruce de ‘emails’ entre Salto y la defensa, que incluían datos personales.

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