De izquierda a derecha: Gonzalo Iturmendi, abogado, socio director del Bufete G. Iturmendi, especializado en derecho del seguro: Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, quien fue director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros durante 43 años; Carlos Berbell, director de Confilegal; y Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y consejero de la firma Martín Queralt Abogados y Carlos Berbell (Moderador)- Foto: Confilegal
Expertos en el sector asegurador reclaman mejoras legislativas en catástrofes naturales como la Dana
Foro de Expertos Confilegal, «Derecho al resarcimiento para empresarios, trabajadores y otros afectados por la gota fría»
|
27/2/2025 12:50
|
Actualizado: 28/2/2025 01:44
|
El Foro de Expertos Confilegal, «Derecho al resarcimiento para empresarios, trabajadores y otros afectados por la gota fría», patrocinado por la Fundación Valencia Activa, en el Ateneo Mercantil, comenzaba esta mañana con una mesa crucial para todos los valencianos afectados por terrible Dana del pasado 29 de octubre que provocó la muerte de 224 personas. A día de hoy, todavía hay tres personas desaparecidas.
En la primera mesa, titulada «Compensaciones equitativas en daños materiales: procesos de liquidación y reclamos», tres expertos del sector asegurador y legal en España, Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, exdirector de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros durante 43 años y con más de 40 años experiencia en el sector asegurador: Gonzalo Iturmendi, abogado, socio director del Bufete G. Iturmendi, especializado en derecho del seguro y Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y consejero de la firma Martín Queralt Abogados, abordaron los sistemas de compensación ante desastres naturales: daños materiales: procesos de liquidación y reclamo.
De momento, se calculan unas pérdidas que podrían elevarse a los 17.000 millones de euros.
En la mesa, moderada por el director de Confilegal, Carlos Berbell, los ponentes enfatizaron en la urgencia de adaptaciones legislativas y prácticas para mejorar la resiliencia y eficacia en la gestión de futuros desastres.
La sesión abordó las complejidades de los procesos de liquidación y reclamos en el contexto de catástrofes naturales, enfatizando la necesidad de procedimientos legales y técnicos eficientes para garantizar compensaciones justas y adaptaciones contractuales ante circunstancias excepcionales, como la Dana de Valencia.
En este sentido, los expertos coincidieron en la importancia de una planificación y legislación proactivas que puedan mitigar los efectos de catástrofes naturales y humanas, asegurando compensaciones adecuadas y oportunas para los afectados.
Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, quien fue director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros durante 43 años, abordó a grandes rasgos en qué consiste el mecanismo resarcitorio del consorcio de compensación de seguros que se ocupa de los legalmente llamados riesgos extraordinarios y «destacó la singularidad del sistema español en la cobertura de riesgos extraordinarios.
Izuzquiza ilustró cómo el modelo español integra dos coberturas en una única póliza: «En España, cada asegurado con una póliza tiene, de hecho, dos contratos de seguro: uno estándar y otro para riesgos extraordinarios, como inundaciones, terremotos o actos de terrorismo», explicó.
Esta estructura, según él, posiciona a España como un referente global por su capacidad para administrar eficientemente los riesgos catastróficos mediante un sistema que no requiere subvenciones, sino que opera sobre la base de indemnizaciones definidas contractualmente.
Recordó, desglosando las cifras, que «Se estima en el entorno de 3,500 millones de euros los daños asegurados. En estos momentos, el consorcio al día de ayer creo que llevaba pagados 2,100 millones de euros y con el 71% de las solicitudes de indemnización que se han recibido, que son 240,000».
Destacó la magnitud de la operación, señalando que «no existe una sola organización en el planeta Tierra que pueda gestionar 275,000 solicitudes de indemnización», lo que evidencia la extraordinaria capacidad del Consorcio para manejar situaciones de crisis.
También resaltó la relación entre el Consorcio y las aseguradoras privadas: «Cuando se produce un evento como una inundación o un terremoto, la aseguradora privada cede el protagonismo al Consorcio, que gestiona y valora con sus propios medios la indemnización, ateniéndose en general a las cláusulas del contrato de seguro de la persona afectada.»
El experto también tocó puntos críticos como la dificultad en la peritación de ciertos tipos de daños. En particular, describió los desafíos de valorar los daños en automóviles y en industrias, donde «para valorar los daños en una industria, sobre todo si ha habido, por ejemplo, pérdida de beneficios, es necesario analizar la contabilidad de la empresa, los resultados que estaba teniendo».
El Consorcio ha optado por emitir pagos de anticipos a cuenta de la indemnización final para acelerar el proceso en los casos más complejos.
Izuzquiza concluyó con un reconocimiento a la labor realizada y un mensaje optimista sobre el futuro: «Estoy en contacto con muchos colegas de toda la vida de otros países y están absolutamente sorprendidos de que desde noviembre hasta ahora se hayan podido gestionar el 71% de las indemnizaciones»..
Por su parte, Gonzalo Iturmendi, socio director del Bufete G. Iturmendi, con décadas de experiencia en derecho del seguro y gerencia de riesgos, discutió los desafíos que enfrenta la gestión legal de desastres como la Dana. «Estos eventos plantean dilemas legales que exigen un marco jurídico robusto y adaptativo», señaló Iturmendi.
Subrayó la necesidad de evitar errores en el diagnóstico de las responsabilidades legales, lo que podría llevar a complicaciones adicionales en la gestión de reclamos.
El abogado detalló los tipos de problemas que plantea un fenómeno como la Dana, distinguiendo entre daños materiales y corporales: «Fundamentalmente son dos, que son los daños materiales y los daños corporales, las víctimas directas y las víctimas indirectas».
Iturmendi señaló que muchas veces se pasa por alto a las víctimas indirectas, como empresas y profesionales que, sin sufrir daños materiales directos, enfrentan paralizaciones y pérdidas de beneficios significativas debido a su proximidad a la zona afectada.
Sobre este último punto, Iturmendi aclaró: «Puede haber empresas que no han sufrido daños materiales, pero al estar relativamente próximas a la zona cero, no han podido operar normalmente y por tanto, sencillamente han estado paralizadas». Este impacto extendido, explicó, evidencia cómo el efecto de una catástrofe natural va más allá de la destrucción física directa, afectando la economía local en múltiples niveles.
Igualmente, enfatizó la importancia de un sistema proactivo de gestión de riesgos para prevenir y mitigar las pérdidas, refiriéndose a los retos y complejidades de interpretar y aplicar las leyes en circunstancias tan extremas.
Por último, el Iturmendi puso especial énfasis en la comunicación de emergencia y cómo una gestión inadecuada de la misma puede tener consecuencias fatales: «La comunicación tardía del aviso de la emergencia es probablemente el punto más débil».
El letrado sugirió que un aviso más temprano y claro podría haber mitigado algunos de los impactos más graves de la Dana.
Por último, Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil y asesor en Martín Queralt Abogados, ofreció una perspectiva enriquecedora y compleja sobre los desafíos del sistema de compensación por daños en España.
Durante su intervención, Plaza abordó la necesidad imperiosa de asesoramiento legal adecuado y una reforma en la regulación del derecho de daños, considerando la complejidad de los casos que surgen tras eventos como la Dana.
«Lo primero que haría yo siempre es buscar un buen asesoramiento legal para aquello que quiero emprender, porque el sistema de daños en España es complejo». Explicó las opciones disponibles para las víctimas que buscan compensación, que incluyen reclamaciones a través de la vía civil, la vía penal y ante el sector público, cada una con sus propios desafíos y particularidades legales.
El catedrático subrayó las diferencias en cómo se manejan estos casos en diferentes ámbitos: «Si vamos a reclamar por la vía civil a particulares, creo que en este caso pues básicamente va a quedar minimizado, pero es en el Derecho civil donde vamos a encontrar los conceptos básicos». Además, señaló la implicación de los entes públicos en el soporte de este tipo de reclamaciones, especialmente cuando las víctimas no están cubiertas por seguros privados.
Javier Plaza criticó la falta de una regulación moderna en el derecho de daños en España. «Nuestro sistema legal necesita urgentemente una actualización que simplifique y aclare los procesos de reclamación de daños», que actualmente deja muchos aspectos cruciales a la interpretación subjetiva y a la construcción jurisprudencial.
«Estamos reclamando desde hace mucho tiempo una regulación moderna del derecho de daños que no tenemos. Y por no tenerla ahora tenemos unas dificultades añadidas porque todos estos conceptos jurídicos que podían estar clarificados y determinados en la norma, no lo están», expresó claramente.
Sugería la adopción de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación, como opciones prioritarias antes de recurrir a la judicialización de los casos.
Por último, abordo también el concepto de «fuerza mayor», un término legal que frecuentemente exonera a las administraciones de responsabilidad, pero que según él, necesita ser mejor definido y aplicado de manera más coherente: «La llamada anti juridicidad por que estemos en un supuesto de fuerza mayor… y ahí es donde aparece el famoso concepto fuerza mayor que nos lleva a otro terreno».
El catedrático sugiere que, aunque la ley reconoce ciertos supuestos como fuerza mayor, hay un espacio considerable para la interpretación que puede mejorar.
Noticias Relacionadas:
