Los partidos políticos españoles están implicados en una lucha política, en la que usan un mecanismo intolerable de exasperar, exacerbar y polarizar.
Como decía el difunto Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y opinar y, para ello, se acude a estrategias de ridiculizar, sospechar y cercar.
No se discute sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino que solo se usan recetas inmediatas de “marketing” político, que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz.
En este juego mezquino de la descalificación, el debate es manipulado hacia un estado permanente de cuestionamiento y confrontación.
En esta pugna de intereses, donde vencer viene a ser sinónimo de destruir, hacer proyectos juntos para resolver problemas comunes se hace imposible, pese a su necesidad.
Esto se vio claramente en la tragedia de la Dana de Valencia. Ahora, vía judicial, se trata de esclarecer las responsabilidades civiles y/o incluso penales que haya habido.
Las penales podrían llegar a ser, en el supuesto más grave, constitutivas de delito de homicidio por imprudencia del artículo 142 del Código Penal, pero nunca de asesinato, por las mismas razones que no puede haberlo en el caso del accidente de tren de Adamuz, que pasamos a exponer.
Lo que requiere el delito de asesinato
La calificación jurídica de asesinato, como establece el artículo 139 del Código Penal, requiere matar a alguien concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Con alevosía.
2.º Por precio, recompensa o promesa.
3.º Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
4.º Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
Estas circunstancias, por su claridad, no requieren una explicación especial y solo especificar que la alevosía es aprovechar la indefensión de la víctima o hacer un ataque a traición o sorpresa sin dar opción de defensa.
Obviamente, ninguna de estas circunstancias concurrió, ni en la tragedia de la Dana en Valencia ni en el accidente de Adamuz.
De ahí lo injusto de utilizar estos gravísimos calificativos respecto de los políticos que pudieran tener responsabilidades en la prevención o aminoramiento de los hechos, que solo podrían ser, si así lo determina la justicia, responsables de homicidio por negligencia grave o menos grave, pero no culpables de asesinato.
Los políticos tendrían que tener asesores jurídicos para hablar con propiedad
Sería conveniente que todos los políticos fueran asesorados jurídicamente para utilizar un lenguaje adecuado a los hechos y evitar aumentar la confrontación política hasta los extremos intolerables a que se está llegando, por el afán de conseguir el poder o conservarlo sea como sea.
En todo caso, se precisa determinar claramente todas las posibles causas, sin una excusa de mera causalidad accidental.
Entre otras explicaciones, la de la utilización de los dineros públicos empleados o no empleados, precisando a quién se dieron y en qué se utilizaron.
Todos tienen, por supuesto, presunción de inocencia penal, pero también el deber de esclarecer los hechos, sin tergiversaciones ni falsedades que también podrían ser punibles.
La seguridad de los ciudadanos, empezando por los profesionales afectados, así lo exige.
Hace falta prever en lo posible los daños climáticos y prevenir para resolver los problemas que se puedan crear y, por supuesto, tener en estado de buen mantenimiento y vigilancia el necesario servicio público del transporte ferroviario.
Eso sí, se requiere sí o sí la colaboración de todas las autoridades y que superen sus egoísmos particulares.
