El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado este jueves una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la grave exclusión de millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad del derecho a la asistencia jurídica gratuita como consecuencia de la falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Un indicador que sigue siendo el criterio principal para acceder a este derecho, a pesar del notable incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años.
Desde el ICAM recuerdan que, en la situación actual, únicamente las personas no integradas en ninguna unidad familiar que cobren el SMI pueden tener posibilidades reales de acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Es decir, cuando se trate de solicitantes integrados en alguna de las modalidades de unidad familiar (dos, tres o más miembros) solo con que dos de ellas perciban el salario mínimo interprofesional, e incluso percibiendo uno de ellos el SMI y el otro trabajando a media jornada, ya no podrán acceder al derecho de justicia gratuita, puesto que excederán los umbrales previstos en el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, vigente.
«Un proceso judicial básico en España puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, lo que supone una barrera inasumible para quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas»
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha advertido que esta realidad deja sin acceso a la justicia a muchas personas y familias que, a pesar de percibir ingresos modestos, quedan por encima de los umbrales establecidos para recibir asistencia jurídica gratuita.
“Nos encontramos ante un problema estructural que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución Española y en las normas internacionales de derechos humanos”, ha señalado Ribón.
Por su parte, el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo, afirma que “el aumento del SMI no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia gratuita”.
Y ha recordado que el IPREM se ha mantenido prácticamente congelado durante los últimos años, generado una exclusión progresiva de muchas personas que, pese a tener ingresos bajos, superan los umbrales establecidos para acceder a la justicia gratuita.
“Desde la reforma de 2013, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para determinar quién tiene derecho a justicia gratuita. Sin embargo, mientras que el SMI ha aumentado en un 61% desde 2018, el IPREM solo ha crecido un 11,5%.»
Una diferencia que ha generado situaciones absurdas e injustas, en las que una persona sin familia que cobra el SMI puede acceder al beneficio, pero una pareja con hijos, en la que ambos progenitores perciben el salario mínimo, queda automáticamente excluida”, explica Juan Manuel Mayllo, diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM y encargado de presentar la queja.
Según el ICAM, esta situación afecta especialmente a familias trabajadoras con bajos ingresos, que se ven obligadas a afrontar los elevados costes judiciales sin apoyo del sistema de justicia gratuita. Un proceso judicial básico en España puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, lo que supone una barrera inasumible para quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas.
