La reforma de la Oficina Judicial en España incluye la creación de los Servicios Comunes de Ejecución, una unidad clave para la gestión de los procedimientos judiciales en fase de ejecución.
Hasta ahora, en las grandes ciudades existen los llamados Servicios Comunes de Notificación y Embargos, que vienen haciendo esta función. Con este paso adelante, lo que se busca con esta reorganización es hacer que se cumpla hasta la última sentencia y que lo establecido por los jueces en sus sentencias sea una realidad.
Según el «Estudio sobre la ejecución de las sentencias judiciales», elaborado por SigmaDos para el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) en 2022, sólo 1 de cada 4 sentencias con trascendencia económica se ejecutan en España. El 25 %.
Son solo 3.500 millones de euros de los 14.000 concedidos a una de las partes en las sentencias dictadas por los jueces en toda España.
Su objetivo va a ser garantizar la correcta aplicación de las resoluciones judiciales, optimizando los recursos y reduciendo la carga de trabajo de los tribunales, según la Resolución de 5 de marzo de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público Justicia, por la que se ha acordado el diseño y la estructura de la Oficina Judicial para los tribunales colegiados y tribunales de instancia conforme a lo establecido en la Ley de Medidas de Eficiencia.
Un modelo para mejorar la eficacia
El Servicio Común de Ejecución, de acuerdo a su diseño, va a ser una unidad centralizada dentro de la Oficina Judicial, encargada de todas las funciones relacionadas con la fase de ejecución de los procedimientos.
Debe evitar duplicidades y agilizar la tramitación de resoluciones, garantizando una ejecución más rápida y eficaz de las sentencias.
Va a estar dirigido por un letrado de la Administración de Justicia, que asumirá la dirección y supervisión de todas las actuaciones, coordinando a los equipos de gestión y tramitación procesal.
Funciones principales
1.- Control y admisión de la ejecución: Recepción de escritos de inicio de ejecución y verificación de requisitos legales, dación de cuenta al juez o tribunal para su admisión y tramitación de incidencias previas a la admisión.
2.- Gestión de medidas ejecutivas: Dictado de decretos de medidas de ejecución conforme a la ley, control y seguimiento de bienes embargados y aplicación de medidas alternativas a la subasta judicial.
3.- Seguimiento de plazos y actuaciones: Control de señalamientos, citaciones y emplazamientos, verificación del cumplimiento de resoluciones e impulso de procedimientos en riesgo de inactividad.
4.- Colaboración con otras administraciones: Coordinación con registros públicos y entidades bancarias, averiguación patrimonial y localización de bienes y Comunicación con organismos públicos en materia de ejecuciones.
5.- Ejecución penal y de menores: Tramitación de órdenes de prisión, búsqueda y captura, gestión de la suspensión de penas e indultos y liquidación de condenas y acumulación de penas.
Despliegue gradual
El servicio común de ejecución se implantará progresivamente en los tribunales de instancia y órganos judiciales superiores, siguiendo el calendario fijado en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
Su incorporación busca no solo mejorar la eficiencia en la ejecución de resoluciones, sino también liberar a los juzgados de una carga burocrática que ralentiza la administración de justicia.
Con esta nueva estructura, la justicia española da un paso adelante en la modernización de sus procesos, asegurando que las sentencias se cumplan con mayor rapidez y efectividad.
