Opinión| De Gürtel a Koldo: ¿funciona el Compliance en los partidos?

Cuando revisamos la prensa diaria o los informativos de televisión, nos encontramos con un hecho notorio y, a la vez, inédito: un porcentaje significativo del tiempo
informativo tiene que ver con la corrupción y delitos relacionados con el gobierno, sin importar el partido que esté en el poder.

En los últimos años, la situación se ha agravado hasta el punto de que ya se habla abiertamente de la politización de la Justicia y de las instituciones, casi con total normalidad. Lo anormal se está convirtiendo en cotidiano, lo que refleja una alarmante situación de degradación en la sociedad, impulsada por la falta de empatía con una realidad que nos supera y que está degradando el instinto democrático de los ciudadanos.

El problema se resume en una conocida expresión inglesa: “meter el elefante en la habitación”, es decir, la corrupción en los partidos políticos, y, por tanto, en los
gobiernos. Es un tema espinoso que todos conocen, pero del que pocos se atreven a hablar. Así, surge una pregunta inevitable: ¿hemos aprendido algo desde el caso
Koldo?

Los paralelismos entre ambos casos son evidentes. El caso Gürtel, que se descubrió en 2007, reveló una trama de corrupción vinculada al Partido Popular, entonces en el Gobierno. Su cabecilla, el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán dio nombre al caso, lideró una red de financiación ilegal del partido que acabó conectado con el caso Bárcenas.

En 2024, el caso Koldo expuso una supuesta trama de corrupción vinculada al Partido Socialista, actualmente en el Gobierno. En este caso, el empresario De Aldama y el asesor Koldo García aparecen como figuras clave. Además, este caso ha tenido paralelismos con el caso de Begoña Gómez o el escándalo Delcygate.

Dos décadas han pasado sin que se haya encontrado un remedio eficaz contra la corrupción política. Lo peor es que el incesante goteo de escándalos ha instalado en la ciudadanía la sensación de impunidad.

Por su parte, la Ley sí ha salido al paso de este problema con buenas intenciones, creando un marco de responsabilidad para los partidos políticos, que pueden llegar a ser declarados culpables de delitos. Sin embargo, estas medidas no han impedido la proliferación de nuevas supuestas tramas y casos de corrupción. ¿Por qué? ¿Es que los partidos políticos no temen a la Ley? ¿Se creen por encima de ella?

Los partidos políticos, como verdaderas instituciones vertebradoras del funcionamiento de nuestro estado social y democrático de derecho, deben fomentar una cultura de cumplimiento interna que demuestre su voluntad férrea de evitar indeseables prácticas corruptas. No cabe duda que un entorno laxo es el precedente de la “criminalidad política” y es el caldo de cultivo perfecto.

Es necesario que las formaciones políticas adopten y apliquen medidas de prevención y de reacción legal que demuestren, sin fisuras, una cultura normativa de cumplimiento preventivo en el ámbito penal. No basta que se limiten a meros formalismos para “cumplir con ese expediente” y se requiere un compromiso real y efectivo.

Los motivos son obvios. En primer lugar, para preservar a la persona jurídica, en este caso, el partido político, que puede verse envuelta de la mala práctica de alguno de los elementos aislados. Este es el principio inspirador de las empresas privadas por el que destinan muchos esfuerzos económicos y personales a diseñar e implantar unas estructuras de compliance fuertes, objetivas y autónomas, que permitan saltar por encima de todas las inercias de complicidad que todas las organizaciones tienen. ¿Por qué ningún partido político cuenta con un órgano de cumplimiento verdaderamente independiente?

Mientras los partidos políticos tengan la creencia, errónea, que “los trapos sucios se lavan en el vestuario”, los ciudadanos nunca veremos “el elefante en la habitación”.
Solo veremos el escándalo y el progresivo deterioro democrático. Sin embargo, seamos conscientes, el verdadero problema es que seguimos votándolos. La clave está en la proactividad: los partidos deben tomar decisiones transparentes y objetivas para aclarar actuaciones presuntamente irregulares.

Esta responsabilidad debería ser un deber social y ético ineludible para cualquier partido político. No basta con buenas intenciones: deben diseñar e implementar un
modelo organizativo con mecanismos de vigilancia y control efectivos para prevenir los delitos. Ese conjunto de normas debe ser eficaz, público, auditable, autónomo y lo más independiente posible. No hay excusa que valga.

Las fuerzas políticas deben hacer gala de unos valores y unas normas que las definen como organización. Un elemento clave de esa identidad es su sistema de prevención de delitos y malas prácticas, que debe ser transparente y eficaz. Por iniciativa propia, los partidos políticos deberían informar de sus procesos de depuración interna e incluso personarse como acusación popular en casos de corrupción que involucren a miembros aislados de su formación, para, entre otros, preservar el buen nombre de sus siglas. Así mismo, deberían publicar informes periódicos que puedan ser accesibles tanto para los afiliados como para cualquier ciudadano interesado.

De nada sirve que los partidos políticos cuenten con un conjunto normativo interno, un código ético, un canal de denuncias o un programa de prevención de blanqueo de capitales si no dispone de controles realmente efectivos y de un sistema de control autónomo. Es imprescindible que exista un mecanismo capaz de alertar, sin
interferencias y con la mayor celeridad posible, al máximo responsable del partido político sobre cualquier potencial hecho que ponga en cuestión la integridad de su
formación. Este principio, ampliamente implementado en el sector privado, debe aplicarse también en la esfera política.

Esto permitirá permeabilizar al conjunto de los ciudadanos una sensación de compromiso y, además, podrá proporcionar una exención de responsabilidad penal de
su actividad política, que preserve el interés general de sus afiliados y votantes que son “los accionistas” del partido político, y también a la sociedad española.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a que los partidos políticos, y sus siglas, no se vean perjudicados por intereses particulares de individuos que puedan estar utilizando el sistema y la propia fuerza política con intereses espurios y personales, buscando su propio beneficio en lugar del interés general o común aprovechándose de su estatus de afiliado o en de su condición de “dirigente de un partido”.

En la actualidad, no existe transparencia acerca de cuántas denuncias se presentan, cuántas se investigan, cómo concluyen las investigaciones y qué medidas se toman
como resultado de éstas. No existe transparencia sobre quién está gestionando o investigando los posibles supuestos irregulares. Tampoco se conoce la objetividad,
autonomía ni la dependencia jerárquica de las personas encargadas de llevar a cabo esas investigaciones. Además, no hay conocimiento público sobre las medidas de
seguimiento implementadas ni sobre las decisiones adoptadas para evitar la repetición de los mismos casos, ni sobre si los controles establecidos son auditables y han sido verificados en algún momento.

Esta falta de transparencia debería ser un factor clave para los ciudadanos a la hora de decidir a qué partido político apoyar. Al igual que en las empresas privadas, es
necesario que las máximas instancias de los partidos políticos transmitan a sus bases un mensaje claro de tolerancia cero hacia cualquier forma de corrupción. La gestión y definición de la estructura de compliance de un partido no puede recaer en órganos o comisiones que no sean completamente independientes, con competencias bien definidas en el ámbito penal y normativo, y que cuenten con un estatuto interno que los proteja de represalias por realizar una investigación. Este tipo de estructuras ya existen en muchas empresas privadas en España, pero los partidos políticos aún no han dado ese paso.

Por lo tanto, como conclusión, es fundamental que los partidos políticos se sensibilicen sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y reacción ante situaciones que pongan en riesgo su honorabilidad e integridad. Deben implementar de manera ejemplar medidas que aborden y eliminen de raíz los focos de corrupción que puedan surgir dentro de sus formaciones.

Además, es esencial que las reacciones y decisiones adoptadas sean comunicadas a la ciudadanía, respetando la privacidad de las personas afectadas, pero sin ocultar los hechos ocurridos ni las medidas tomadas.

En su caso, esto podría implicar apartar temporalmente del cargo a las personas investigadas mientras se lleva a cabo la investigación interna, la cual debe realizarse con total objetividad, sin interferencias, y con el único objetivo de esclarecer los hechos. Si la investigación concluye con la detección de un delito, debe proceder a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y, si fuera necesario, expulsar o despedir a cualquier miembro del partido, independientemente de su puesto, que haya sido condenado penalmente.

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