La nueva Ley de Extranjería entrará en vigor el próximo mes de mayo en España. Una normativa que podría facilitar las condiciones laborales para las personas migrantes. Pero que, sin embargo, no ofrece una valoración positiva en otros aspectos, como es la situación de muchos venezolanos en España.
«En los últimos años, el crecimiento dela ocupación (laboral) extranjera ha superado al de los nacionales, lo que sugiere que la mayor parte del empleo neto generado ha sido cubierto por inmigrantes», explican María Pérez Ravina y Alfonso Garrido Picon, asesora fiscal y socio fundador, respectivamente, de B Law & Tax.
Un contexto en el que el Gobierno de España reformaba el reglamento de la Ley de Extranjería. Ello, con el fin de adecuar esta norma a la situación migratoria actual, satisfaciendo las necesidades laborales de este ámbito.
«La reforma producida tiene, a mi juicio, aspectos positivos que van a dar mayor flexibilización en el desarrollo de los ‘visados’ como vía regular de entrada», asegura por su parte Javier Artiaga, asociado senior en Dikei Abogados.
Las principales modificaciones de la Ley de Extranjería
«Se facilitará el acceso a ‘visados’ y ‘autorizaciones de residencia’. Así, todas las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año, y las renovaciones, un alcance de cuatro años», explica Artiaga a Confilegal.
También, a partir de esta modificación de la normativa, «se crean cinco modalidades de arraigo: social, sociolaboral, familiar, socio formativo, y de segunda oportunidad. Modalidades que tendrán una duración inicial de un año, excepto el ‘familiar’, que será de cinco años».
«El visado para búsqueda de empleo amplía su duración de tres meses a un año», enumera el experto. Y, del mismo modo, las autorizaciones por estudios serán validas para toda la duración de los mismos. Y contempla la posibilidad de trabajar de forma simultánea por un máximo de 30 horas a la semana.
«Otro aspecto relevante, es la introducción de un permiso de residencia y trabajo específico para el trabajo estacional. En España, la mayoría de los empleos estacionales corresponden a sectores como el turismo, la hostelería, el entretenimiento y la agricultura. Sectores realmente importantes para la economía española, por lo que esta reforma puede suponer un gran paso para agilizar la contratación individual y colectiva», exponen por su parte desde B Law & Tax.
Herramientas que se presentan como una gran ayuda «para facilitar la regulación de las personas en situación irregular. Y así satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes». Pero que, sin embargo, también pueden provocar «barreras legales y administrativas» que agraven la situación para otros migrantes. En concreto, para los solicitantes de asilo.
El caso del asilo y Venezuela
«Durante muchos años, la solicitud de protección internacional (asilo) ha sido una importante vía de acceso por parte de determinados países para obtener la residencia temporal en España, entre los que destaca Venezuela», explican desde B Law & Tax.
Así pues, históricamente, «España ha venido concediendo a los venezolanos una residencia de asilo por razones humanitarias, al considerar que no reúnen los requisitos para ser reconocidos refugiado, pero existen motivos para creer que si regresan a su país de origen sus vidas corren peligro».
Unas consideraciones que, con la nueva Ley de Extranjería, podrían cambiar.
Y es que, con esta nueva norma, «las personas que presenten una solicitud de protección internacional (asilo), y se la denieguen, no les contará el tiempo que hayan permanecido en España esperando una respuesta a su solicitud para aplicar a un permiso por arraigo«.
Algo que les obligará «a esperar dos años, a partir del momento en que se las niegan, para aplicar a un arraigo, como todos los demás inmigrantes».
«Esta fórmula, por lo tanto, puede tener efectos perjudiciales para miles de demandantes de protección, como la pérdida de sus empleos», lamentan los expertos.
Posibilidad que, tal y como asegura Artiaga, ya ha sido advertida. «Algunas organizaciones sociales de migrantes y refugiados viene alertando de que la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, podría colocar a unas 275.000 personas, según sus cálculos, en situación de “irregularidad administrativa” en todo el Estado», lamenta.
Luces y sombras de una nueva Ley que entra el vigor el próximo mes de mayo. Y que afectará a la llegada al mercado laboral de todos los migrantes. Especialmente, para aquellos que se encuentren en condición de asilo, como es el caso venezolano.
