Una ciudad española —Ceuta— viene sufriendo desde hace casi un mes una migración planificada desde el país vecino, que ha dado lugar a una invasión de la soberanía española por casi 90.000 personas, llegando a sufrir una pérdida de vidas humanas calculada en más de 100, en su intento de llegar a Europa.
Cabría preguntarse si esta entrada por la fuerza es asimilable a cuanto se contempla en nuestra Ley de Extranjería, pensada para supuestos de acceso a territorio nacional de casos esporádicos de extranjeros por la frontera natural —mar— y careciendo de los mínimos requisitos exigidos en la legislación en esta materia.
Ceuta está sufriendo las consecuencias de todo ello y, además de las pérdidas económicas que está conllevando esa entrada masiva, son los ciudadanos residentes quienes sufren a diario no poder salir a las calles, no poder hacer una vida con la tranquilidad que se merecen ni acudir a sus playas en esta época veraniega, al hallarse totalmente ocupadas por los más de 8.000 migrantes que aún permanecen en la ciudad.
Y parece lejos de recuperar la ansiada normalidad.
Al optarse por aplicar la Ley de Extranjería, se encuentra un colectivo que merece protección una vez llegado a nuestro país: los menores de edad no acompañados, entre los que se cuentan niños de escasa edad, de entre 7 y 10 años, entre otros.
Esta pasada semana ha existido, y aún persiste, cierto clima de tensión política en torno a si deben o no ser expulsados todos los migrantes, incluidos los menores, al país de donde vinieron.
Han existido promesas ministeriales en tal sentido; incluso Marruecos pide el regreso de esos niños en bloque.
Ha sembrado la duda en torno a esta posibilidad el portavoz de Asuntos Internos de la Unión Europea, manifestando que esos menores no acompañados deben ser retornados a su país de inmediato, aseverando que la UE lo regula en su Directiva de Retorno.
Y, si bien es cierto que ello es así, omite, en cambio, decir que el Derecho comunitario prohíbe que se haga de forma automática o colectiva.
La Directiva Europea obliga a tener en cuenta el «interés superior del menor» —artículo 10— y a que previamente existan garantías de que el Estado receptor lo entregará a un familiar, a un tutor designado o a los servicios adecuados en el país de destino.
El análisis debe hacerse caso por caso.
Nuestra Ley de Extranjería —artículo 35— y su Reglamento, aprobado en 2024, se adaptan a la legislación comunitaria, añadiendo, además, ciertos controles, como lo son la audiencia del menor, el informe de protección de menores y del fiscal, y valorándose de forma individual cada caso previamente a resolver la situación de cada uno.
En virtud de esta legislación expuesta, las autoridades españolas habrán de priorizar la reagrupación familiar y solicitar informes al país de origen en torno a las circunstancias familiares del menor no acompañado.
Asimismo, deben oír al menor, siempre a partir de los 12 años, cuando ya dispone de juicio suficiente, para que explique su situación y manifieste su intención de volver o no.
De carecer de familia y estar el menor de acuerdo, podrá retornar a su país, garantizándose que quede bien atendido por los servicios protectores de menores en tal lugar.
Habrá bastantes casos en los que los menores no quieran volver y sí quedarse en nuestro país, o que así lo deseen sus padres, para que puedan construirse un futuro mejor en España.
La solución pasa por no ser tan rápida como se viene exponiendo en distintos medios, si bien habrá de acelerarse la identificación de cada uno de ellos y proseguir con el trámite ya dicho.
El siguiente planteamiento es qué hacer con aquellos menores que hayan de quedarse en España bajo la protección de Asuntos Sociales.
Mi opinión al respecto es que han de ser repartidos entre las distintas comunidades autónomas, ya que Ceuta no debe asumir esta lamentable situación a solas, siendo totalmente razonable ese reparto como principio de solidaridad recogido en la legislación vigente.
A ello habría que añadir cuanto viene sucediendo en los últimos días: enfermedades por falta de higiene de estas personas y que, en su salida, puedan propagar sus afecciones al resto de ciudadanos que habitan en nuestro territorio, por lo que habrá de llevarse a cabo con plenas garantías de salubridad.
Como conclusión, quiero expresar mi solidaridad con Ceuta y con ese grupo de voluntarios y asociaciones vecinales que están dando protección a niñas menores para evitar que puedan ser agredidas sexualmente, al tiempo que insto a una pronta solución y, sobre todo, a que se refuercen nuestras fronteras, tanto en Ceuta como en Melilla, para que no podamos narrar una situación tan lamentable como la que se viene padeciendo en la ciudad ceutí.
