Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) expresa su preocupación sobre las «dudas e incertidumbres» que rodean la recién implementada Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que busca mejorar la eficiencia del servicio público de justicia.
Eso sí, puntalizó que son dudas que «entre todos, tenemos que convertir en certezas». «La ley es una realidad y todos estamos obligados a cumplirla», aseveró
En el marco de un desayuno informativo celebrado en la sede de la Abogacía, González ha mostrado la disposición de la Abogacía a colaborar para que la implantación de la ley supere los problemas que pueda presentar y ha reconocido que «ninguna ley es perfecta a sus inicios», pero -ha asegurado- existía un «consenso absoluto» en la necesidad de modernizar una administración de Justicia que tenía «una estructura decimonónica».
Y, con ello, mejorar la calidad de la justicia accesible para todos los españoles, en todos los territorios.
La ley, que entró en vigor este jueves, introduce la obligación para los ciudadanos de buscar un acuerdo a través de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar demandas civiles o mercantiles.
El presidente de la Abogacía también ha destacado que aunque la medida pretende aliviar la carga sobre los juzgados, «se ha incrementado notabilísimamente la entrada de demandas en los juzgados en estos días; y ayer ya disminuyó drásticamente».
«En los próximos días habrá menos (…) No solo porque habrá que cumplir los requisitos, sino por la incertidumbre que esta nueva regulación puede provocar», ha manifestado.
El presidente también señaló que la implementación de la ley requerirá recursos adicionales, «Hay que modificar instalaciones, programas informáticos de gestión, organización interna en los juzgados*», ha señalado. Igualmente, abogó por la provisión de mediación costeable para las personas con menos recursos.
Pese a todo, reconoció que «Es fundamental la colaboración entre todos los operadores jurídicos para monitorear las incidencias y buscar soluciones», enfatizó.
“Es necesario que los operadores hagan una interpretación razonable y. razonada del requisito de procedibilidad para que no se convierta en un freno, en una cortapisa al acceso a la justicia”, advirtió. Algo que podría poner en juego el artículo 24 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva.
En este sentido, ha pedido que «se escuche a la Abogacía», toda vez que «es la primera oficina judicial que visita un ciudadano». En este punto, ha recordado que en España hay 150.000 abogados en ejercicio: «Nadie está más cerca de lo que pasa en el día a día de los ciudadanos que recurren a la Justicia».
Decálogo para facilitar la entrada en vigor de la ley
Durante el encuentro con periodistas, el presidente del CGAE ha subrayado que la Abogacía ha trasladado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y al Poder Judicial su decálogo de medidas para que la nueva ley de Eficiencia cumpla lo antes posible con los objetivos establecidos en la propia normativa.
González explicó que la medida más inmediata debe ser la constitución de la comisión de calidad, prevista en la propia ley para observar estrechamente la evolución de la estadística judicial en los próximos meses, así como detectar cualquier problema que pueda surgir.
“Parece lógico que se constituya ya y empiece a trabajar en estos momentos tan críticos e importantes”, destacó González.
En relación al requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), la abogacía entiende como indispensable garantizar su acceso a todos, que se compense a los letrados intervinientes, el abono de todas las costas del proceso negociador y la plena confidencialidad de la actividad negociadora.
Por lo que se refiere a los tribunales de instancia, la abogacía recomienda comenzar a trabajar ya para anticiparse al proceso de implantación de los 431 tribunales de instancia, simplificar sus trámites, digitalizar los procedimientos y participar del seguimiento.
El séptimo punto del decálogo, ya en el plano de la digitalización de los tribunales y los procedimientos, la abogacía entiende necesario que se
garantice la fiabilidad de las aplicaciones y que, en los pocos casos e que se produzcan fallos, existan garantías para que el profesional pueda acceder atoda la información.
