Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 la duración media de los procedimientos judiciales en España fue de 16,1 meses, considerando todos los tipos de asuntos.
Desde el ICAM compartimos, como no puede ser de otra manera, el diagnóstico y la finalidad con la que el Gobierno inició los trabajos de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: reducir la carga judicial y acortar los retrasos que de forma crónica afectan a nuestro sistema.
Ahora bien, aunque compartimos ese objetivo, la ley que ha comenzado a aplicarse en todo el territorio nacional genera muchas dudas sobre su verdadera capacidad para alcanzarlo.
Como ya advertimos durante su tramitación parlamentaria —mediante la presentación de enmiendas—, esta ley plantea que la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) será la vía para reducir el número de litigios judiciales. Pero utilizar los MASC sin un objetivo claro de entendimiento entre las partes, sin voluntad real de diálogo, convierte este paso en una formalidad vacía. En la práctica, supondrá un trámite adicional que, lejos de descargar el sistema, sobrecarga aún más a los abogados.
Los propios Letrados de la Administración de Justicia ya reconocen que bastarán dos comunicaciones documentadas de voluntad de mediar por parte del abogado para cumplir con el nuevo requisito.
Es decir, lejos de fomentar una auténtica cultura del acuerdo, esta medida solo añade una fase más al proceso, dilatando los tiempos y complicando aún más el acceso a una justicia efectiva.
Porque, al igual que el fin no justifica los medios, imponer la obligatoriedad de los MASC sin reforzar y adaptar el resto de los medios nunca permitirá alcanzar el fin que todos compartimos: una Justicia verdaderamente eficiente.
Conscientes del impacto que esta nueva carga supone para la abogacía, desde el ICAM hemos querido actuar. Por ello, hemos habilitado en nuestra página web un modelo para acreditar el intento de negociación, que facilita el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad obligatoria.
Además, hemos abierto un buzón de quejas y sugerencias para que cualquier compañero o compañera que se vea perjudicado por la aplicación de esta norma pueda trasladarnos su situación.
Queremos escuchar cada caso, analizarlos todos y seguir reclamando lo que es de justicia: una justicia eficiente, sí, pero sin que el peso de la ineficiencia recaiga, una vez más, sobre la abogacía.
