Alan Mitchell, presidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) y su secretario ejecutivo, Hugh Chetwynd, durante la presentación del informe anual 2024 sobre la evaluación de las condiciones penitenciarias en Europa que fue presentado ayer en Bruselas. El autor de esta información es el abogado Javier Ruiz Blay, de la firma Barbancho Legal. Foto: JRB.
Menos delitos pero más presos: el CPT alerta sobre el aumento de la población reclusa en Europa
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25/4/2025 05:40
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Actualizado: 25/4/2025 00:24
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El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha lanzado una advertencia que debería hacer reflexionar a todos los responsables de políticas penales y penitenciarias del continente: aunque el número de crímenes denunciados tiende a disminuir en Europa, la población reclusa sigue creciendo.
Esta fue una de las conclusiones más destacadas del informe 2024 presentado ayer por este organismo —dependiente del Consejo de Europa— en el Press Club de Bruselas, por su presidente, Alan Mitchell, y su secretario ejecutivo, Hugh Chetwynd.
Este contrasentido no es fruto del azar. Según el CPT, se explica por tres factores principales: penas de prisión cada vez más largas, uso abusivo de la prisión preventiva y el envejecimiento de la población penitenciaria.
A ello se suma un fenómeno preocupante: la influencia del populismo penal en las reformas legislativas.
La presión política y mediática tras determinados crímenes genera respuestas legales desproporcionadas y poco meditadas, que terminan sobrecargando el sistema sin resolver sus déficits estructurales.
El espejismo de la seguridad: encerrar más, no siempre mejor
A través de inspecciones en prisiones de países como España, Francia, Bulgaria, Letonia o Lituania, el CPT constata que más encarcelamiento no equivale necesariamente a más seguridad. De hecho, las condiciones de hacinamiento y violencia institucional o entre internos generan efectos contrarios: agravan la exclusión social y dificultan la reinserción.
Frente a este modelo, el informe destaca casos como el de España, que logró una drástica reducción del número de internos (de 76.000 a 55.000) gracias a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que permitió penas alternativas y tratamientos en delitos como el tráfico de drogas.
También Rumanía, que ha pasado de 31.000 a 24.000 personas presas con el objetivo de alcanzar las 19.000, representa una senda prometedora. Para el CPT, estos avances no sólo reducen el hacinamiento, sino que garantizan condiciones más humanas y contribuyen a una reinserción real.
Jerarquías carcelarias: un sistema dentro del sistema
A la sobrepoblación se suma otro fenómeno menos visible, pero que pone en jaque el sistema de garantías: la jerarquía de prisioneros. Herencia del sistema penitenciario de la antigua URSS, esta estructura informal —tolerada o incluso alimentada por la falta de intervención— asigna a cada preso una «casta», de la cual no podrá salir en todo lo que dure el cumplimiento de su condena.
Los «intocables», situados en el nivel más bajo, son sistemáticamente humillados, agredidos y obligados a realizar tareas degradantes para los internos de niveles superiores.
Este sistema subsiste, según el CPT, en varios países de Europa del Este, pero comienza a manifestarse en nuevas formas en prisiones de Europa occidental, como Francia, donde las organizaciones criminales están tomando control de determinados centros, lo que ha incrementado las agresiones a funcionarios.
En particular, la situación en Francia suscita especial preocupación. El informe denuncia que miles de personas comparten cama en las prisiones francesas.
Riesgo para la integridad física de funcionarios e internos
Esta cifra no sólo refleja una sobrepoblación extrema, sino un riesgo evidente para la integridad física de internos y funcionarios, y una erosión grave de los valores de libertad, justicia y seguridad promovidos por la Unión Europea.
En Lituania y Letonia, las jerarquías carcelarias siguen activas, aunque con esfuerzos recientes para devolver el control a los funcionarios penitenciarios. En Georgia, los intentos pasados de erradicarlas mediante la violencia fracasaron, y la situación ha vuelto a sus orígenes.
El CPT insiste en la necesidad de una estrategia a largo plazo basada en formación, infraestructura, sensibilización y compromiso político.
Estonia ha sido destacada como ejemplo de buenas prácticas. Desde su independencia de la URSS, ha acometido reformas para erradicar esta jerarquía aplicando soluciones como el incremento del personal penitenciario, demolición de celdas comunes y mejora de la relación entre funcionarios y reclusos.
¿Soluciones? Sí, pero no a cualquier precio
Otro tema tratado durante la presentación ha sido la propuesta de Italia de trasladar a inmigrantes detenidos a cárceles situadas en Albania. El CPT recuerda que esta fórmula ya fue ensayada por Bélgica y Noruega durante cuatro años, alquilando centros en los Países Bajos.
Los estudios académicos y sobre el terreno arrojaron resultados negativos y el proyecto fue abandonado. Dinamarca y Kosovo planean implementar a finales de 2025 iniciativas similares, que el CPT seguirá de cerca.
El Comité ha expresado su preocupación por que estas soluciones de corto plazo se impongan por razones políticas y no por una auténtica voluntad de reforma. Para el organismo, lo esencial es que los derechos humanos se respeten en cualquier centro de detención, independientemente de su ubicación geográfica.
En contraste, Estonia es el ejemplo de cómo una reforma integral puede cambiar el sistema desde la base: incremento del personal, eliminación de celdas comunes, y mejora en la relación entre funcionarios y presos han erradicado en gran medida las jerarquías internas.
Mujeres, pobreza y prisión
Más allá del enfoque estructural, el informe también señala colectivos especialmente afectados. El informe también lanza una alerta sobre el aumento del número de mujeres encarceladas por delitos no violentos, muchas veces derivados de situaciones de pobreza.
En Reino Unido, por ejemplo, se plantea reducir a la mitad la población penitenciaria femenina. El CPT subraya que no basta con reformas legales: se necesita invertir en medidas alternativas y programas efectivos de reinserción.
La presión del CPT: de la persuasión al “public statement”
Dado que el CPT no dispone de capacidad sancionadora, su herramienta más contundente es el “public statement”: una declaración pública de denuncia cuando un Estado incumple de forma reiterada sus recomendaciones.
Hasta la fecha se han emitido 11 declaraciones de este tipo. En 2024, los países señalados han sido Rusia (por no cooperar tras su adhesión) y Azerbaiyán (por torturas policiales).
El CPT insiste en que evitar estas declaraciones requiere implicación política al más alto nivel. Reuniones con ministros, compromisos de transparencia y voluntad de implementar reformas son pasos imprescindibles para asegurar la eficacia de sus recomendaciones.
Las relaciones entre el CPT y la Comisión Europea son correctas, pero pueden fortalecerse. Al igual que sucede con otros países como Turquía.
En general, existe una preocupación creciente por el deterioro de las condiciones penitenciarias y su repercusión sobre las garantías del artículo 3 del Convenio (prohibición de tratos inhumanos o degradantes).
La reciente jurisprudencia del TEDH ha ido modulando los estándares exigibles, pero la responsabilidad última recae en los Estados.
Una reflexión sobre la utilidad del sistema penitenciario.
Los informes del CPT, más allá del análisis técnico, lanzan una invitación ética: ¿cuál es el verdadero propósito de la prisión? ¿Aporta seguridad a la sociedad el encierro indiscriminado? ¿Somos conscientes de las consecuencias que tiene privar de libertad a una persona durante años en condiciones indignas?
Frente al populismo penal y la inmediatez electoral, el CPT recuerda que el sistema penal debe ser la última ratio y la cárcel la última opción.
Las soluciones son complejas, pero posibles, como prueban los éxitos del pasado y del presente: reformas legales con visión de futuro, inversión en infraestructuras, formación del personal, y sobre todo, un compromiso real con la dignidad humana.
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