De izquierda a derecha, Adela Merino, Cristina Huéscar, Antonio Benítez Ostos (Socio - Director) y Elena Molino, todos ellos de Administrativando Abogados. Foto cedida
Administrativando Abogados apuesta por su cantera y promociona a tres abogadas
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06/5/2025 17:04
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Actualizado: 06/5/2025 17:46
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Administrativando Abogados, boutique de referencia en Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo, confirma la promoción de tres miembros de su equipo, Adela Merino León, Cristina Huéscar Carrión y Elena Molino Fernández, que pasan de ser asociadas a asociadas seniors. Trabajarán mano a mano con la dirección del despacho y con Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de la firma.
Para este último, “apostamos muy fuerte por aquellos miembros que, como en este caso, han demostrado lealtad a la firma y a la cultura de nuestro proyecto. Su rigor técnico, experiencia, productividad y dedicación, han sido factores determinantes y clave para su ascenso”.
Esta decisión, explica el letrado, se ha adoptado tras la evaluación del desempeño que se lleva a cabo con cada miembro integrante de la organización al final de cada año y en el que se pone en común el trabajo realizado, la productividad alcanzada, la entidad de los logros conseguidos, la trayectoria del despacho durante el ejercicio y la visión de futuro que se tiene prevista.
Continúa señalando que “nuestro modelo de negocio establece un plan de crecimiento interno para que cada integrante del despacho tenga una carrera profesional donde desarrollarse y seguir creciendo. Nunca buscamos el estancamiento o permanecer lineales ni internamente ni en volumen de negocio. Siempre queremos seguir creciendo de forma imparable, pero sostenida, para mantenernos como líderes en el sector. Ello comporta la promoción de aquéllos compañeros que estén a la altura de nuestras expectativas”.
Trayectoria de los profesionales y previsión de crecimiento
Si bien Elena Molino y Cristina Huéscar, han desarrollado parte de su carrera profesional en el departamento de Derecho Administrativo de otras firmas, Adela Merino ha hecho carrera exclusivamente en Administrativando Abogados prácticamente desde los inicios de la misma en 2019, habiendo ascendido de forma ininterrumpida cinco categorías profesionales.
Señala Benítez Ostos que “las tres letradas han intervenido en la defensa de asuntos de máximo impacto que lidera la boutique, aportando un alto nivel de conocimientos, destreza y expertise en la materia”.
Asimismo y mirando al futuro, el socio director, apunta que 2025 será un ejercicio magnífico para el despacho en el que se combinará crecimiento en volumen de negocio, en la captación de nuevos clientes de primer nivel y un mayor alcance internacional. En este último sentido, la firma actualmente se proyecta, mediante diferentes acuerdos best friends, en Oporto, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, París y Milán.
Igualmente indica que también se encuentran inmersos en la creación de un sistema propio de Inteligencia Artificial pretendiendo su implementación en los próximos meses, lo que les permitirá ser aún más ágiles y eficientes. Asimismo, pone en valor la captación de nuevo talento. Para ello, realizan procesos de selección en función de las necesidades que vayan surgiendo.
Actualidad en la Jurisdicción Contencioso – Administrativa
Descendiendo a la actualidad y preguntado al Letrado sobre los efectos que la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el Contencioso – Administrativo, señala que “desde Administrativando Abogados el impacto percibido aún es nulo ni tampoco confiamos en que las medidas adoptadas supongan una mejora significativa en la celeridad de la justicia. Es necesario que se legisle de forma seria y contundente, destinando muchísimos más medios, económicos, personales y materiales a un servicio público tan esencial como es la Justicia, circunstancias éstas que a día de hoy brillan por su ausencia”.
Recalca, además, que entre otras muchas más actuaciones, es preciso reforzar el número de jueces junto a las respectivas oficinas judiciales, incrementar los salarios en función de parámetros objetivos como la productividad y cambiar el sistema de nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”.
Asimismo y sobre la reciente rescisión unilateral del gobierno del contrato que había adjudicado a Israel para el suministro de armamento, señala que dicha resolución contractual no obedece a ninguna de las causas expresamente tasadas en la normativa de contratos públicos de nuestro Ordenamiento Jurídico. Apunta, que se trata de una decisión eminentemente política que traerá consecuencias legales para España que se pueden traducir en indemnizaciones de gran envergadura.
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