La negativa de España a ejecutar los laudos arbitrales derivados del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ha sido duramente cuestionada en la mesa redonda “Enforcing awards against sovereigns» (Ejecución de laudos contra Estados soberanos), celebrada en Madrid en el marco del Open de Arbitraje 2025, el evento internacional por antonomasia sobre esta materia cuya alma mater es Javier Íscar.
El debate reunió a destacados expertos del sector legal y financiero, quienes alertaron de que el rechazo sistemático del Estado español a cumplir con estos fallos vulnera principios básicos del Estado de Derecho y está generando una creciente tensión diplomática, especialmente con Estados Unidos.
Moderado por Antonio Vázquez-Guillén, socio de A&O Sherman en Madrid, el panel contó con la participación de Patrick Pearsall, socio de Gibson Dunn en Washington D.C.; David Herlihy, socio de A&O Sherman en Dublín; Paul Hodgson, analista senior de inversiones en Attestor Capital; y Phillip Leibfried, director para Europa de Burford Capital.
“¿Quiere España estar en la misma lista que Venezuela?”
Uno de los momentos más contundentes del encuentro lo protagonizó Patrick Pearsall, exjefe de arbitraje de inversiones del Departamento de Estado de EE.UU., al advertir que la actitud de España podría situarla en el mismo nivel que países como Venezuela o Argentina, conocidos por incumplir sistemáticamente laudos arbitrales.
“Queremos vivir en un mundo en el que, ya sabéis… España no esté incluida en una lista con Venezuela, por ejemplo. Queremos vivir en un mundo que permita que Estados con valores comunes sigan haciendo negocios entre sí», afirmó. Para después preguntarse en voz alta, “¿De verdad quiere España estar en la misma lista que Venezuela?”, planteó.
Pearsall explicó que los tribunales estadounidenses, incluidos los de apelación del Circuito de D.C., han rechazado los intentos de España por impugnar la validez de los laudos dictados por tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) –institución perteneciente al Banco Mundial– al considerar que existen compromisos válidos de arbitraje bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).
El Gobierno español ha solicitado a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise la cuestión, pero los expertos consideran improbable que la petición prospere.
“Una vez que se agoten los recursos, el siguiente paso será confirmar los laudos y ejecutar las sentencias, algo que puede tener consecuencias importantes sobre los activos de España en territorio estadounidense”, añadió Pearsall.
Un sistema en riesgo si los Estados europeos se desmarcan
Desde el punto de vista de los fondos de inversión, como Attestor y Burford, la situación es alarmante. Paul Hodgson denunció que mientras Europa persigue la ejecución de laudos arbitrales contra países latinoamericanos con gran tenacidad, se resiste a pagar cuando los laudos le son contrarios.
“El sistema no puede funcionar si se exige el cumplimiento solo a terceros países, pero los Estados europeos deciden que no se les aplica”, subrayó.
En su opinión, el doble rasero mina la legitimidad del arbitraje internacional como mecanismo neutral de resolución de controversias.
Phillip Leibfried, por su parte, advirtió de que esta práctica no solo deteriora la imagen de los Estados ante la comunidad inversora, sino que también tiene un coste económico directo.
“Los clientes se agotan en procesos interminables. Duración y desgaste son armas que usan algunos Estados para dilatar indefinidamente los pagos. Y eso erosiona la confianza”, afirmó.
El precedente que marca España en el conflicto intra-UE
El epicentro del conflicto está en la interpretación del derecho comunitario frente al derecho internacional público.
La Comisión Europea ha defendido que los laudos derivados de arbitrajes intra-UE, como los relativos al TCE, no son válidos por contravenir el principio de primacía del derecho de la Unión.
Esta posición, avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el conocido caso Achmea, ha sido replicada por países como Alemania, Francia e Italia.
El incumplimiento de laudos arbitrales por parte de democracias consolidadas como España no solo tiene efectos reputacionales, sino que socava el orden jurídico internacional basado en normas.
Sin embargo, los tribunales estadounidenses y de otras jurisdicciones fuera de la UE están rechazando frontalmente ese argumento.
“Intentar exportar esa interpretación más allá de las fronteras comunitarias es peligrosísimo para el sistema multilateral. Es exactamente lo contrario de lo que Europa ha defendido históricamente”, denunció David Herlihy.
Una de las mayores deudas internacionales por laudos arbitrales en el sector energético
España se enfrenta actualmente a una de las mayores deudas internacionales por laudos arbitrales en el sector energético, fruto de los recortes a las primas de las energías renovables realizados en 2013.
Inversores extranjeros, amparados en el Tratado de la Carta de la Energía, han presentado más de 50 demandas contra el Estado español, reclamando compensaciones millonarias por los cambios regulatorios que afectaron a sus inversiones.
Hasta la fecha, España acumula unos 1.800 millones de euros pendientes de pago por una veintena de laudos favorables a los inversores, aunque la cifra total reclamada supera los 10.000 millones.
Sin embargo, la mayoría de estos laudos están bloqueados, ya que la Comisión Europea considera que su pago podría constituir una ayuda de Estado ilegal, lo que ha generado un complejo conflicto legal entre la normativa europea y los tratados internacionales de inversión.
Esta situación ha convertido a España en el país con más laudos energéticos pendientes de pago en el mundo. El futuro de estas indemnizaciones depende ahora de la resolución de los litigios jurídicos y de la postura que adopten tanto los tribunales internacionales como las instituciones europeas, en un contexto de creciente debate sobre la seguridad jurídica y la protección de las inversiones en el sector energético.
La necesidad de acuerdos y el bloqueo político
Una posible vía de salida sería alcanzar acuerdos transaccionales entre los Estados y los inversores, pero los expertos coinciden en que los factores políticos dificultan esa opción.
“Muchos gobiernos prefieren dejar el problema para el siguiente gabinete, aunque eso implique pagar cientos de millones en intereses”, lamentó Hodgson.
Pearsall aportó un ejemplo ilustrativo: “En el Departamento de Estado pasé dos años trabajando en un pleito contra Irán… por una caja de vendas mojadas valorada en 27 euros. ¿Por qué no se resolvió? Porque políticamente no era posible pactar nada con Irán. No podemos aplicar esa lógica entre democracias como España o Alemania”.
Según el panel, los laudos se están convirtiendo en instrumentos jurídicos sin fuerza ejecutiva real dentro del espacio comunitario, lo que pone en entredicho la efectividad de mecanismos internacionales como el CIADI o el propio Tratado de la Carta de la Energía.
“Esto no es solo un tema técnico, sino político. Si los Estados no cumplen con sus obligaciones internacionales, se rompe el sistema”, insistió Herlihy.
Un sistema en la cuerda floja
La mesa redonda concluyó con un mensaje claro: el incumplimiento de laudos arbitrales por parte de democracias consolidadas como España no solo tiene efectos reputacionales, sino que socava el orden jurídico internacional basado en normas.
“El arbitraje internacional es lo que evita que los países se lancen misiles. Es la alternativa civilizada a los conflictos”, remató Pearsall. “Cumplir los laudos no es una opción: es un deber”.
