Edgeworth Capital, anterior cliente de Cuatrecasas, la ha demandado por supuestamente haberle hecho perder 213 millones € en la venta de la Ciudad Financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte. Foto: Cuatrecasas.
Demandan por 213 millones € a Cuatrecasas en Reino Unido por presunta negligencia profesional
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10/5/2025 05:40
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Actualizado: 11/5/2025 22:11
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La “High Court” de Inglaterra y Gales, División de lo Mercantil, ha desestimado la solicitud que presentó Cuatrecasas Gonçalves Pereira LLP para que se archivara la demanda de 213 millones de euros por supuesta negligencia profesional interpuesta por la sociedad luxemburguesa Edgeworth Capital S.à.r.l., anterior cliente del bufete español.
La juez Master Katherina McQuail, en una sentencia que tiene fecha de 2 de mayo –tras una vista que se celebró el 4 de febrero pasado, según ha podido comprobar Confilegal– ha autorizado a la firma Withers LLP, representante de la demandante Edgeworth Capital, a corregir varios errores formales de su escrito inicial por considerar que no hubo dudas razonables sobre la entidad del demandado ni perjuicio sustancial.
Fueron errores subsanables, como no haber incluido la coletilla “LLP” (forma jurídica de Cuatrecasas en el Reino Unido) al identificar al demandado, no concretar la cantidad reclamada en el formulario inicial y haber sido firmado por una persona no autorizada según las normas británicas de procedimiento civil.
EL ORIGEN DE LA CAUSA CONTRA CUATRECASAS
El conflicto tiene su origen en una operación de venta de Sorlinda Investments SLU, una Sociedad Vehículo (SPV, por sus siglas en inglés), empresa creada por una matriz para a una finalidad concreta propiedad al 50 % de Edgeworth Capital y de los hermanos David y Simon Reuben, inversores británicos.
Sorlinda Investments poseía los derechos sobre el campus financiero de Banco Santander, conocido como “Ciudad Financiera”, situado en Boadilla del Monte, localidad al oeste de Madrid, colindante con la capital, tras resultar adjudicataria en una subasta judicial en 2019, con una oferta de 3.023 millones de euros.
Anteriormente estos bienes habían sido propiedad del Marme Group, que entró en liquidación en marzo de 2015.
El Santander llegó después a un acuerdo con los propietarios de Sorlinda para recomprar su sede corporativa. Aunque los términos económicos precisos de esta operación no se han divulgado, se estima que el precio final rondó los 2.972 millones de euros, según publicó el portal Idealista.
La operación se cerró en junio de 2019.
Dicha adquisición, en la que Cuatrecasas actuó en nombre de los propietarios de Sorlinda –Edgeworth y los hermanos Reuben– incluyó un pasivo muy relevante: el pago de 426 millones de euros a los acreedores.
Y aquí viene el meollo de la cuestión: en febrero y abril de ese mismo año de 2019, cuando se produjo la venta –4 y 2 meses antes, en concreto– el Tribunal Supremo de España había dictado dos sentencias en las que resolvió que los acreedores concursales no podían seguir reclamando el pago de intereses devengados tras la declaración de insolvencia, salvo casos muy concretos.
Dichos fallos modificaban sustancialmente las reglas de juego. Porque supuestamente habrían librado a la Sorlinda de pagar 426 millones de euros a los acreedores, aumentando así, de forma notable, su valor.
De acuerdo con Edgeworth, Cuatrecasas no les advirtió de estas resoluciones antes de cerrar la venta de Sorlinda a Banco de Santander en junio de 2019, lo que conllevó el pagó a los acreedores –lo que le correspondía como propietaria del 50 % del capital de la SPV– de 213 millones de euros (la mitad de los 426 millones de euros).
La sociedad luxemburguesa sostiene que perdió la oportunidad de obtener mayores beneficios.
Por ello, culpa a Cuatrecasas, su despacho asesor en la operación, de no haberle advertido a tiempo sobre las sentencias del Supremo.
ERRORES SUBSANABLES
La juez McQuail, en contestación a las alegaciones de la firma Kennedys Law LLP, que representa a Cuatrecasas –sin entrar en el fondo del asunto– ha considerado que se trató de tres simples errores.
El error en la denominación de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, a la que no se le añadió LLP como era preceptivo, fue un fallo material y no sustancial porque no generó ninguna duda razonable sobre la identidad de la demandada.
Por otra parte, la cantidad reclamada estaba implícita en las cartas previas de reclamación extrajudicial (Letters Before Action) y se reiteró en las Particulars of Claim, es decir, en el escrito de demanda que fue enviado posteriormente, por lo que la ausencia de una valoración económica en el formulario inicial no se ocultó al demandado ni le impidió a Cuatrecasas preparar su defensa.
Y, por último, la firma del escrito, aunque inadecuada para el Master McQuail, no fue de mala fe, ni generó indefensión, y pudiendo ser corregida con una nueva firma del abogado actual de Edgeworth.
El escrito fue firmado por Nicole Martin, directora de Advisory Limited, que representa a Edgeworth como family office, quien se identificó como “asesora jurídica interna” de Edgeworth cuando en la realidad no lo era conforme a las reglas procesales del Reino Unido.
En consecuencia, se ha ordenado que los errores se subsanen y el escrito sea firmado por el abogado de Withers LLP, la firma representante de Edgeworth, Andrew Wass.
De acuerdo con la juez McQuail, “Sería un triunfo de la forma sobre el fondo no permitir que la parte demandante alinee, mediante una enmienda, la medida solicitada en su formulario de demanda con la que expuso claramente en las cartas previas a la demanda y en el escrito de demanda presentado».
El caso, por lo tanto, no ha sido archivado, como pretendía Cuatrecasas, y continúa su procedimiento cuyo fin es determinar si la firma española fue negligente en el asesoramiento a su cliente.
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