El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta a las asociaciones de jueces y fiscales en la que asegura que cambiar el acceso a ambas carreras es «imprescindible». Se pronuncia así tras las criticas que han entonado en los últimos días varias de las asociaciones contra las reformas impulsadas por el Gobierno.
En la misiva, Bolaños indica que la ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. No obstante, traslada «de primera mano» a las asociaciones «las principales novedades que incluye» el proyecto de ley, «dadas algunas informaciones inexactas».
Así consta en la carta que ha remitido a las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI)– y las tres de fiscales –la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–.
«Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria», apunta, al tiempo que les invita a «participar y colaborar en este proceso activamente».
Cabe recordar que el pasado 14 de mayo todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, advirtieron de que la reforma del acceso a ambas carreras que propone el Gobierno supone «un serio retroceso» en el Estado de Derecho, al propiciar un «acceso arbitrario», «restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas», lo que aseguran que amenaza la independencia judicial.
Bolaños, sin embargo, defiende que las reformas impulsadas por el Ejecutivo son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX».
El ministro hace referencia a la ya vigente ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia y a la ley orgánica de defensa, así como a la futura Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LEOCrim) que comenzará «este mismo año» su tramitación parlamentaria.
Sobre el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, asegura que «supone la primera gran reforma» en esta materia «en 40 años». «El objetivo de esta norma es mejorar y modernizar los procesos de acceso, dotarlos de mayor objetividad y transparencia, fortalecer los criterios de mérito y capacidad y, sobre la base de estos criterios, ampliar y fortalecer las carreras y mejorar la calidad del servicio público que ofrece», defiende.
Defensa del examen escrito y cuarto turno
En este sentido, Bolaños destaca en su misiva que el proyecto de ley que ya se encuentra en tramitación parlamentaria «mejora el sistema de acceso» al hacer que sea «más objetivo y adaptado a las necesidades de hoy».
«En la oposición libre, quedan intactos tanto el temario como los dos primeros exámenes (es decir, el test y la prueba oral), y se introduce posteriormente un examen práctico, en forma de dictamen, que permite evaluar la capacidad de razonamiento jurídico y la expresión escrita, en la línea de lo que ya sucede en el resto de oposiciones del mismo nivel (notarías, registros o Abogacía del Estado)», señala.
Las asociaciones aseguraron en su comunicado conjunto que la reforma prevista supone «la eliminación» del examen oral en el turno libre para «sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio».
En el caso del concurso-oposición del denominado ‘cuarto turno’, Bolaños explica que «para garantizar también por esta vía la alta cualificación técnica de los candidatos seleccionados», el proyecto de ley invierte el orden de realización de las pruebas de evaluación: es decir, primero examen escrito y luego solo los que aprueben pasarán a la fase de concurso.
Las asociaciones calificaron la nueva regulación del ‘cuarto turno’ como un «concurso-oposición sin límite máximo de plazas» que reconoce «una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso». A su juicio, ello «perjudica grave y caprichosamente» a los opositores.
En el marco de su misiva, Bolaños también aborda el punto del proyecto que «fija de manera estable» el porcentaje de plazas a cubrir por el denominado ‘cuarto turno’. «El objetivo es garantizar la igualdad en el derecho a la promoción profesional a personas con, al menos, 10 años de ejercicio en el sector jurídico y que se incorporan a la carrera por esta vía.
Defiende, a su vez, la creación del ‘cuarto turno’ para los fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces. Y hace mención al punto en el que se prohíbe la financiación privada de las asociaciones judiciales, algo que las propias asociaciones calificaron como «un ataque directo a su capacidad asociativa» si dicha restricción no incluía un «aumento proporcional de las subvenciones públicas.
Bolaños insiste en la «regularización de los jueces sustitutos»
El ministro también defiende el «proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, cumpliendo los principios de mérito y capacidad, así como los requerimientos de la Comisión Europea».
Según el titular de Justicia, este proceso ofrece «una oportunidad de consolidación a personas que llevan muchos años ejerciendo con profesionalidad como jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes»; y destaca que a las personas que accedan a la carrera por esta vía «no se les reconocerá antigüedad de servicios». Las asociaciones aseguraron que este proceso es «contrario a nuestros principios constitucionales» y «no es lo que nos pide Europa».
Ahora, Bolaños también pone en valor las becas para los opositores –que se «blindan» por ley–, así como el hecho de que el Centro de Estudios Jurídicos pase a ser un «centro público de preparación de oposiciones».
Aunque las asociaciones celebraron las becas, manifestaron que la creación de un centro público de formación de opositores dependiente del Ministerio supone «un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo».
Por último, Bolaños recuerda que –a petición de las asociaciones de jueces y fiscales– se ha eliminado del proyecto la actual fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas, así como el traslado forzoso de los jueces cuando ascendían a magistrados.
Como ya ha hecho en reiteradas intervenciones públicas, insiste en que el Ministerio que dirige está impulsando «la mayor transformación de la Justicia en décadas» para «consolidar un servicio público ágil, digital y cercano al ciudadano».
