La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acusado hoy conocimiento del acuerdo del promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, por el que se archiva una diligencia informativa (equivalente a una investigación preliminar) incoada a la magistrada Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona, a raíz de una queja presentada por un particular.
En la denuncia, se afirmaba, entre otros extremos, que la jueza no garantizaba los derechos de las víctimas, que interrumpía continuamente a la pareja del denunciante durante su declaración y que su tono y actitud no eran los adecuados.
Sin embargo, el escrito no identificaba ningún procedimiento judicial concreto, ni aportaba el nombre de la supuesta pareja ni explicaba la relación del firmante con los hechos denunciados.
Además, la letrada de la Administración de Justicia del juzgado ha certificado que la persona que firma la queja no figura en ningún procedimiento tramitado o en tramitación en dicho órgano judicial, ni como investigado, ni como víctima, ni como testigo.
El acuerdo de archivo también subraya que el promotor ha recibido otros escritos de denuncia con redacciones «muy similares» a la que dio lugar a estas diligencias, aunque firmadas por distintas personas, lo que refuerza la idea de que podría tratarse de un patrón de denuncias genéricas.
Ante la ausencia de identificación de los hechos y de los sujetos presuntamente afectados, así como la falta total de indicios, el promotor concluye que la denuncia «es genérica en su exposición» y «carece del más mínimo soporte indiciario», lo que ha motivado el archivo de las actuaciones.
Un patrón de quejas anónimas y masivas
Desde finales de 2024, diversos colectivos feministas y de mujeres autodenominadas “afectadas” han difundido graves acusaciones contra Verdejo. Denuncian supuestas faltas de empatía, trato vejatorio y denegación sistemática de medidas de protección a víctimas de violencia de género.
Según testimonios difundidos en diversos medios, la magistrada habría cuestionado la credibilidad de las denunciantes, impuesto custodias compartidas a favor de padres investigados por maltrato e incluso profirió comentarios vejatorios en sala.
Al menos dos colectivos organizados —entre ellos, el de Madres Protectoras de Barcelona— han impulsado estas denuncias.
También lo ha hecho el partido Feministas al Congreso, que lanzó una campaña en redes sociales para animar a presentar quejas masivas ante el CGPJ contra la jueza, acusándola de representar una “justicia patriarcal”.
Las denuncias formales resultantes, según confirmó el propio Consejo, presentan una redacción casi calcada, lo que refuerza la hipótesis de una acción orquestada.
Reacciones institucionales: apoyo a Verdejo
La reacción del Poder Judicial no se hizo hecho esperar. El pasado 20 de mayo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) adoptó por unanimidad un acuerdo de respaldo a Francisca Verdejo, alertando de que se está desarrollando “una campaña para desprestigiar” a la magistrada que puede “erosionar la confianza de las víctimas en la justicia”.
También la Junta de Jueces de Violencia sobre la Mujer de Barcelona, junto con las ocho fiscales especializadas de la ciudad, suscribió un comunicado en el que denunciaron la existencia de una campaña en redes y medios que “excede la legítima crítica” y puede tener un efecto disuasorio en las mujeres maltratadas a la hora de acudir a la justicia.
Por su parte, la magistrada solicitó amparo al CGPJ, alegando que su independencia se veía comprometida por las acciones de presión. La Comisión Permanente admitió a trámite la petición el 3 de marzo de 2025 y continúa evaluándola.
En la arena política
El caso escaló también al plano político. En febrero, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó —a propuesta de ERC— una declaración institucional contra la “violencia institucional” en los juzgados, con velada alusión al juzgado de Verdejo.
La diputada catalana Anaïs Balsera llevó el asunto al Parlament, leyendo testimonios de víctimas en sesión plenaria y pidiendo explicaciones sobre el tratamiento judicial recibido.
La magistrada respondió con una queja formal contra la diputada por generar “alarma social”. En respuesta, Balsera pidió amparo a la Mesa del Parlament para poder seguir expresándose con libertad.
En el Congreso de los Diputados, ERC registró preguntas al Gobierno sobre qué medidas piensa tomar para garantizar la diligencia debida en la protección de víctimas, citando expresamente el “caso de la jueza Verdejo”.
Indicios de una campaña organizada contra la magistrada
Los indicios recogidos hasta ahora apuntan a una campaña organizada: la similitud de las denuncias, el uso de formularios genéricos, la implicación de grupos activistas y el impulso político coordinado.
A esto se suma que al menos una de las denuncias ha sido firmada por una persona sin vinculación alguna con ningún caso tramitado en el juzgado de la magistrada, lo que sugiere una acción de reclutamiento de firmantes ajenos a los procedimientos.
Frente a esta presión mediática, política y social, las instituciones judiciales han cerrado filas en defensa de la independencia judicial y han alertado de los riesgos que comporta trasladar la crítica al plano personal.
El caso Verdejo ilustra con nitidez las tensiones entre el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales y la protección de la independencia judicial frente a campañas organizadas. Un caso que ha provocado que la magistrada haya solicitado su traslado a un nuevo destino, en la Audiencia Provincial de Granada, y se le haya concedido.
Si bien un grupo de mujeres afirma haber sido víctima de “violencia institucional” y busca visibilizar una disfunción en el sistema, el modo en que se han articulado las denuncias —mediante plantillas, presión mediática y respaldo político— ha activado todas las alarmas del Poder Judicial.
