La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dado por informada de la decisión adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, de archivar tres diligencias informativas incoadas hasta el pasado mes de junio sobre Francisca Verdejo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Barcelona, después de constatar que las quejas presentadas por tres denunciantes no tenían ninguna base.
En dichas quejas se acusaba a la magistrada Verdejo de no garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género o de tener un trato desigualitario hacia la mujer.
En dos de ellas el texto era idéntico.
Al igual que en los tres casos anteriores, en estos, las denunciantes no ratificaron la queja, pese a ser requeridas para ello con apercibimiento de archivo en caso contrario.
Tras ser contactadas telefónicamente y manifestar su intención de continuar con el procedimiento, no remitieron escrito alguno para ratificar su queja y acreditar debidamente y en forma su identidad, motivo por el que se ha acordado el archivo de la denuncia.
Con estas, son seis las diligencias informativas incoadas en relación con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona archivadas por el Promotor de la Acción Disciplinaria.
Campaña orquestada
Desde finales de 2024, diversos colectivos feministas y de mujeres autodenominadas “afectadas” han difundido graves acusaciones contra Verdejo. Denuncian supuestas faltas de empatía, trato vejatorio y denegación sistemática de medidas de protección a víctimas de violencia de género.
Según testimonios difundidos en diversos medios, la magistrada habría cuestionado la credibilidad de las denunciantes, impuesto custodias compartidas a favor de padres investigados por maltrato e incluso profirió comentarios vejatorios en sala.
Al menos dos colectivos organizados —entre ellos, el de Madres Protectoras de Barcelona— han impulsado estas denuncias.
También lo ha hecho el partido Feministas al Congreso, que lanzó una campaña en redes sociales para animar a presentar quejas masivas ante el CGPJ contra la jueza, acusándola de representar una “justicia patriarcal”.
Las denuncias formales resultantes, según confirmó el propio Consejo, presentan una redacción casi calcada, lo que refuerza la hipótesis de una acción orquestada.
Reacciones institucionales: apoyo a Verdejo
La reacción del Poder Judicial no se hizo hecho esperar. El pasado 20 de mayo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) adoptó por unanimidad un acuerdo de respaldo a Francisca Verdejo, alertando de que se está desarrollando “una campaña para desprestigiar” a la magistrada que puede “erosionar la confianza de las víctimas en la justicia”.
También la Junta de Jueces de Violencia sobre la Mujer de Barcelona, junto con las ocho fiscales especializadas de la ciudad, suscribió un comunicado en el que denunciaron la existencia de una campaña en redes y medios que “excede la legítima crítica” y puede tener un efecto disuasorio en las mujeres maltratadas a la hora de acudir a la justicia.
Por su parte, la magistrada solicitó amparo al CGPJ, alegando que su independencia se veía comprometida por las acciones de presión.
