De izquierda a derecha Juan Manuel Mayllo, Javier Mata, Mº Carmen Gimenez y Antonio Sánchez-Jaúregui. Foto: ICAM
Abogados y procuradores madrileños exigen mejoras en el expediente digital y una justicia respetuosa con el derecho de defensa
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclamó unidad entre la abogacía y la procura frente a los retos de la digitalización judicial y advirtió de que “cuando el sistema falla, fallamos todos. Abogados, procuradores y, sobre todo, la ciudadanía”.
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28/5/2025 17:43
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Actualizado: 28/5/2025 17:45
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La imposibilidad de acceder al expediente completo, los requisitos técnicos desproporcionados y la interpretación automática de errores de forma como causas de inadmisión están convirtiendo el expediente judicial electrónico (EJE) en una fuente de inseguridad jurídica y en un obstáculo para el ejercicio profesional.
Así lo denunciaron abogados y procuradores durante la jornada celebrada este martes en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en colaboración con el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclamó unidad entre la abogacía y la procura frente a los retos de la digitalización judicial y advirtió de que “cuando el sistema falla, fallamos todos. Abogados, procuradores y, sobre todo, la ciudadanía”.
Ribón alertó de que el actual modelo compromete el ejercicio profesional y el derecho de defensa, y reclamó a las administraciones públicas actuar “con celeridad, con rigor y con sentido de Estado” para garantizar un sistema “verdaderamente interoperable y técnicamente robusto”.
Desde el ICAM, el diputado Javier Mata, responsable del Área de Defensa de la Abogacía, señaló que el Colegio recibe incidencias diarias relacionadas con el desconocimiento del grado de implantación del expediente judicial electrónico (EJE), la exigencia de formatos como OCR o PDF/A, y la falta de criterios técnicos uniformes.
Criticó también la consolidación de expedientes incompletos y desordenados por parte de los Letrados de la Administración de Justicia, y calificó de “absolutamente extravagante que la falta de lectura de un documento, la falta de reconocimiento por el OCR, pueda generar como consecuencia la inadmisión de una demanda”.
Por su parte, Juan Manuel Mayllo, diputado responsable de Justicia Gratuita, expuso los problemas del Turno de Oficio, especialmente en las jurisdicciones penal y social, donde “los abogados deben enfrentarse a expedientes incompletos, desestructurados y sin foliado”.
Además, denunció que la falta de folios certificados impide justificar la complejidad de los procedimientos ante la Audiencia Nacional, y lamentó que, en muchos casos, “sean los propios letrados quienes acaben construyendo el expediente digital”.
Desde el ICPM, la vicedecana M.ª del Carmen Giménez advirtió de los efectos de un mal uso del apoderamiento electrónico, los problemas de acceso a grabaciones judiciales en la plataforma Horus y la falta de fiabilidad del índice electrónico.
Antonio Sánchez-Jaúregui, vocal de la Junta de Gobierno, calificó el sistema como una “gincana” para los profesionales, por la exigencia de formatos poco operativos, mientras los juzgados siguen remitiendo documentación en papel o sin clasificar.
Ambos reclamaron que se deje de trasladar a abogados y procuradores “el peso de las carencias estructurales” de las oficinas judiciales y pidieron un mayor protagonismo de los colegios profesionales en la implantación del sistema.
Propuestas para una digitalización segura
Javier Mata, como ya adelantó a Confilegal, propuso medidas para corregir los fallos del Expediente Judicial Electrónico: establecer un calendario oficial de despliegue, un protocolo técnico-procesal común, formación para todos los operadores jurídicos, consolidación de expedientes con firma digital, numeración e índice cronológico autenticado, y herramientas para verificar el cumplimiento de los formatos digitales.
Asimismo, pidió habilitar un canal de quejas y crear una mesa autonómica de seguimiento con participación colegial.
La respuesta institucional
Por parte del Consejo General del Poder Judicial, Luis Martín Contreras, vocal y presidente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, advirtió de los riesgos de improvisación y defendió que la transformación digital debe basarse en interoperabilidad, control institucional y garantías de seguridad jurídica.
Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Destacó la implantación progresiva del índice electrónico en la jurisdicción penal y la automatización de nuevos servicios, e hizo un llamamiento a la colaboración de los profesionales para mejorar el funcionamiento del sistema.
Y subrayó que la transformación digital exige una estrategia conjunta, a largo plazo, y una revisión integral de procesos, herramientas y organización.
Alejandra Alonso Bernal, directora general de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, anunció que el índice electrónico estará plenamente operativo en septiembre y subrayó los avances en automatización y formación.
Por último, Sebastián Lastra, secretario de Gobierno del TSJ de Madrid, señaló que el EJE ya está implantado en las jurisdicciones civil, social y contenciosa, y se extenderá a la penal en verano. Subrayó que el índice electrónico debe consensuarse con los operadores jurídicos y que ciertos criterios técnicos deben ser revisados.
La jornada evidenció la urgencia de revisar el actual modelo de expediente digital para evitar que la digitalización, en lugar de facilitar la justicia, se convierta en un nuevo muro para su acceso.
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