Javier Mata, diputado del ICAM, analiza los retos de la digitalización de la Justicia y adelanta las propuestas que se presentarán el 27 de mayo en la jornada conjunta con procuradores, centrada en lograr un expediente judicial electrónico eficaz, equitativo y seguro.
Javier Mata, diputado del ICAM: «No podemos permitir que la tecnología se convierta en un factor de exclusión o indefensión»
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25/5/2025 05:35
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Actualizado: 24/5/2025 21:24
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Javier Mata, diputado responsable del Área de Defensa de la Abogacía del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), analiza en esta entrevista los principales retos técnicos y procesales que plantea la transformación digital del sistema judicial, así como las propuestas institucionales que se presentarán el próximo 27 de mayo en la segunda jornada conjunta entre abogados y procuradores.
Un encuentro centrado en uno de los grandes desafíos del presente jurídico: garantizar una implantación del expediente judicial electrónico que sea eficaz, equitativa y segura.
Con 35 años de trayectoria, Javier Mata, senior partner de Andersen, es una referencia en Derecho Concursal, reestructuraciones y arbitraje mercantil. Ha trabajado en firmas como Cuatrecasas, Olleros o su propio despacho, y ha intervenido en litigios complejos del ámbito societario e inmobiliario.
Gran conocedor del ejercicio de la abogacía y de la procura -su mujer es procuradora-, Mata se muestra optimista respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos con el Ministerio y las consejerías autonómicas, que han mostrado receptividad y compromiso con la mejora de la implantación de la transformación digital, aunque no oculta su preocupación porque las deficiencias persisten.
Igualmente señala las limitaciones de herramientas como Horus, la desigualdad de acceso entre fiscales y abogados, y la necesidad urgente de formar adecuadamente a todos los operadores jurídicos en el manejo del expediente electrónico.
“No podemos permitir que la tecnología, que debería estar al servicio del Derecho, se convierta en un factor de exclusión o indefensión”, advierte con firmeza.
¿Cuáles son los objetivos fundamentales que se pretenden lograr en esta segunda jornada conjunta con procuradores sobre justicia digital?.
Buscamos consolidar un foro permanente de colaboración con la Administración de Justicia, tanto estatal como autonómica, para facilitar de forma real y efectiva la implantación del expediente judicial electrónico.
El objetivo es construir un sistema digital que funcione con fiabilidad desde el primer momento, evitando errores pasados como los que vivimos con Lexnet, que tardó años en estabilizarse y generó mucha frustración entre los profesionales del Derecho.
Esto implica establecer canales de comunicación fluidos y eficaces, coordinar los desarrollos tecnológicos desde su diseño y no cuando ya están implantados, y formar tanto a funcionarios como a profesionales de manera integral. No se trata sólo de modernizar la justicia desde un plano tecnológico, sino de hacerlo sin generar indefensión para el ciudadano, que es el destinatario final del sistema y quien sufre las consecuencias si este no funciona como debe.
Desde el ICAM han sido críticos con herramientas como Horus. ¿Cuáles son sus principales deficiencias?
Horus es una herramienta con potencial, pero en la práctica presenta importantes limitaciones porque su acceso no es homogéneo: mientras en algunos territorios se puede utilizar plenamente, en otros, como Madrid, los abogados y procuradores no pueden acceder a todas sus funcionalidades, lo que limita su trabajo. Esto genera una brecha territorial inaceptable en una Administración que debe garantizar el principio de igualdad.
Además, muchas veces los expedientes aparecen desordenados, sin un índice electrónico completo y sin la consolidación que garantiza su integridad. Si el visor no está completo, actualizado o no permite visualizar grabaciones o documentos clave, el profesional no puede trabajar con seguridad.
Esto no es un problema menor, porque estamos hablando de la herramienta esencial con la que se prepara una defensa técnica adecuada. Si falla, todo el proceso se tambalea.
No se trata sólo de modernizar la justicia desde un plano tecnológico, sino de hacerlo sin generar indefensión para el ciudadano, que es el destinatario final
¿Qué consecuencias están teniendo estas deficiencias para el ejercicio del derecho de defensa?
Las consecuencias son preocupantes y afectan directamente a la calidad del servicio que prestamos los abogados. Si un abogado recibe un expediente electrónico desorganizado o incompleto, se ve obligado a reconstruirlo por su cuenta, invirtiendo horas en una tarea que debería estar resuelta técnicamente con un clic.
La consolidación del expediente es algo básico. Es una función que debe hacer el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Basta con apretar un botón –o varios– y el sistema ordena todo el expediente, lo organiza cronológicamente, genera un índice y deja claro que está completo. Pero eso no se está haciendo, al menos en muchos juzgados de Madrid.
Los LAJ no son informáticos, son juristas, así que si no se les forma, no se puede pedir que lo hagan.
En casos complejos o con mucha documentación, esto es simplemente inviable y retrasa el trabajo. Y si el expediente no está consolidado, puede faltar información esencial, con lo que se pone en riesgo la preparación del caso.
Esto se traduce en errores procesales graves, en inseguridad jurídica y en una posible indefensión para el ciudadano. El problema técnico acaba teniendo un impacto directo en el ejercicio del derecho de defensa, lo que va en contra del propio sentido de la justicia.
¿Podríamos decir entonces que es una cuestión de falta de formación?
Absolutamente. Ni los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ni los profesionales tenemos la formación adecuada sobre el funcionamiento técnico del expediente digital. Estamos pidiendo a los operadores jurídicos que utilicen herramientas muy sofisticadas sin darles antes una formación adecuada.
Eso genera errores, frustración, malentendidos y un uso muy ineficiente de la tecnología. Si todos recibiéramos la misma formación, podríamos trabajar en igualdad de condiciones y garantizar la interoperabilidad real del sistema.
Por eso insistimos tanto en que la digitalización no puede ser solo una imposición normativa: debe ir acompañada de una capacitación continua, bien planificada y ajustada a las necesidades reales del día a día profesional.
No podemos permitir que haya juzgados que trabajen en digital y otros que sigan anclados en el papel, porque eso genera inseguridad y caos.
Durante la jornada del día 27 van a presentar una propuesta institucional conjunta con los procuradores. ¿Nos puede adelantar algunas medidas?
Vamos a proponer, en primer lugar, la publicación de un calendario oficial de implantación del expediente judicial electrónico, con fechas claras, compromisos verificables y hitos concretos.
No podemos permitir que haya juzgados que trabajen en digital y otros que sigan anclados en el papel, porque eso genera inseguridad y caos.
En segundo lugar, solicitamos una mejora urgente en Lexnet que permita detectar de forma automática si un documento cumple con el formato PDF-A OCR exigido, y que, si no lo hace, ofrezca una conversión automática integrada desde la propia plataforma, con garantías de integridad documental.
Tercero, proponemos la aprobación de un protocolo técnico-procesal unificado y un plan de formación igualmente común para todo el territorio nacional.
Y, por último, proponemos la creación de una mesa de trabajo estable y permanente, donde todos los operadores jurídicos puedan trasladar incidencias, proponer mejoras y hacer seguimiento del sistema en tiempo real. No se trata de quejarnos, sino de construir juntos.
Lo que se entrega a un fiscal debe entregarse, en idénticas condiciones, al abogado defensor. Si no es así, se está produciendo una asimetría inaceptable
La desigualdad de acceso entre jueces, fiscales y abogados también preocupa. ¿Cuál es su posición?
Esta desigualdad es una de nuestras principales reivindicaciones, y lo llevamos denunciando desde hace tiempo. No puede ser que un fiscal reciba un expediente completo, foliado y con diligencia de cierre en papel, mientras que el abogado tenga que trabajar con una versión electrónica incompleta o sin ordenar.
Eso no sólo es injusto, sino que rompe completamente el principio de igualdad procesal.
La defensa debe contar con las mismas condiciones que la acusación pública. Lo que se entrega a un fiscal debe entregarse, en idénticas condiciones, al abogado defensor. Si no es así, se está produciendo una asimetría inaceptable en el acceso a la información del proceso. Y eso, en un Estado de Derecho, no puede permitirse.
Y los abogados del turno de oficio, ¿están especialmente afectados por estos problemas?
Sin duda. Los compañeros del turno de oficio son los que más sufren estas disfunciones del sistema, por varias razones. Primero, porque gestionan una gran carga de expedientes. Segundo, porque en muchas ocasiones actúan con plazos extremadamente cortos, como ocurre en los juicios rápidos o en las asistencias al detenido. Y tercero, porque suelen tener más dificultades para contactar con sus clientes por las circunstancias personales de estos.
Si a eso le sumamos que no tienen acceso inmediato a los atestados o a la causa, se está limitando seriamente su capacidad de preparar una defensa eficaz. Desde el ICAM hemos implementado algunas soluciones, como dotarles de tablets para poder acceder a los atestados en tiempo real, pero es solo un primer paso.
La justicia gratuita merece que el sistema digital esté plenamente operativo, y que funcione como una herramienta de apoyo, no como un obstáculo más.
El ICAM ha publicado recientemente una guía de derechos de la abogacía ante la justicia digital. ¿Qué acogida ha tenido?
Muy positiva. La guía ha sido muy bien recibida por los profesionales porque cubre una necesidad real: la de saber cómo actuar, qué exigir y cómo defenderse ante un sistema que todavía genera muchas incertidumbres.
Muchos abogados se sienten desprotegidos frente a incidencias tecnológicas que pueden tener consecuencias procesales serias. Esta guía clarifica conceptos, establece pautas de actuación y, sobre todo, reconoce que tenemos derechos en el entorno digital.
Además, evidencia una carencia que venimos denunciando: los profesionales hemos sido excluidos del diseño de muchas de estas herramientas, cuando somos los principales usuarios. Es urgente contar con nosotros desde el inicio, porque conocemos los problemas de primera mano y podemos aportar soluciones prácticas.
¿Cree que la digitalización se está llevando a cabo sacrificando las garantías procesales?
No quiero generalizar, porque sería injusto, pero sí hay situaciones concretas que nos preocupan. Cuando se inadmite una demanda porque un documento no ha sido leído correctamente por el sistema OCR, estamos trasladando un problema técnico a una consecuencia jurídica desproporcionada.
No podemos permitir que la tecnología, que debería estar al servicio del Derecho, se convierta en un factor de exclusión o indefensión. Las normas deben contemplar márgenes de subsanación razonables y no penalizar al profesional por fallos ajenos a su control.
La transformación digital de la justicia es una responsabilidad colectiva.
Esto no es un detalle menor, es una cuestión de garantías constitucionales. El acceso a la Justicia no puede estar condicionado por la compatibilidad de un archivo digital.
¿Confía en que las administraciones atenderán estas demandas?
Sí, soy optimista. Tanto el Ministerio como las consejerías autonómicas han mostrado receptividad y compromiso con la mejora del sistema. Sabemos que hay limitaciones presupuestarias, humanas y tecnológicas, pero también sabemos que, si no actuamos ahora, las consecuencias serán mucho peores: más litigiosidad, más recursos, más colapsos.
Por eso es importante que todos nos sentemos en la misma mesa, que hablemos claro y que construyamos soluciones conjuntas.
La jornada del día 27 es una oportunidad para que todos los actores —públicos y privados— trabajen juntos en una misma dirección. La transformación digital de la justicia es una responsabilidad colectiva.
Y para cerrar, ¿qué titular le gustaría sacar tras la jornada del día 27 para abogados y procuradores?
Necesitamos colaboración y necesitamos flexibilidad. Esa es la clave para que la justicia digital funcione y garantice los derechos de todos. Si fallamos en eso, el sistema se resentirá y con él, la confianza ciudadana en la Justicia. Pero si lo hacemos bien, estaremos dando un paso decisivo hacia una justicia más ágil, moderna y verdaderamente accesible.
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