La abogada procesalista Vanesa Fernández nos explica en esta entrevista qué es Civita Legal, un proyecto pionero orientado a implantar modelos efectivos de transparencia y buen gobierno en el ámbito local. Foto: Confilegal
Vanesa Fernández, Civita Legal: «La transparencia no es solo una obligación legal, sino una verdadera herramienta de transformación institucional»
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01/6/2025 05:35
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Actualizado: 31/5/2025 21:39
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Con más de 25 años de trayectoria profesional, Vanesa Fernández ha forjado su carrera en algunas de las firmas más reconocidas del panorama jurídico español como especialista en litigación, arbitraje, compliance, gobernanza y ciberseguridad.
Actualmente combina su actividad como abogada independiente con la docencia y el asesoramiento estratégico a despachos, empresas e instituciones públicas.
Convencida de que el Derecho debe generar un impacto positivo en la sociedad, Vanesa Fernández está inmersa ahora en Civita Legal, un proyecto pionero orientado a implantar modelos efectivos de transparencia y buen gobierno en el ámbito local.
La acompañan en esta iniciativa los abogados Jorge e Iñaki Iribarren, la experta en diplomacia corporativa Erika Torregrosa y el catedrático de derecho civil de la Universidad de Valencia y exmagistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Javier Orduña.
Todos ellos comparten la idea de que la transparencia no es solo una obligación legal, sino una verdadera herramienta de transformación institucional.
Su propósito, como señala Vanesa Fernández en esta entrevista, es que las administraciones públicas, desde las más pequeñas a las más grandes, entiendan que “la transparencia va mucho más allá de cumplir un protocolo; es una nueva forma de entender el servicio público”.
¿Cómo y por qué nace Civita Legal?
Civita Legal nace como un proyecto colaborativo entre profesionales con perfiles distintos, pero con una misma inquietud: mejorar la transparencia y el buen gobierno en las instituciones públicas. Lo impulsamos Jorge e Iñaki Iribarren —abogados de Navarra con amplia experiencia en litigación— y yo, desde mi trayectoria como abogada procesalista y especializada en compliance.
La idea surgió al detectar una necesidad muy concreta: muchos ayuntamientos pequeños en Navarra no sabían cómo aplicar la Ley de Transparencia. No tenían medios, ni formación, ni orientación. A partir de ahí, vimos claro que lo que ya hacíamos en el sector privado —protocolos de transparencia, planes de compliance— podía adaptarse perfectamente al sector público.
Nuestra meta es que Civita Legal se convierta en un referente a nivel nacional. Para ello, hemos desarrollado una metodología propia que no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también fortalece la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía mediante una comunicación clara, estructurada y realmente transparente.
«La intención es clara: extender un modelo útil, flexible y ético que convierta la transparencia en una práctica real y efectiva, más allá del simple cumplimiento legal»
¿La meta es aplicarlo a todo el territorio nacional?
Sin duda. Desde el principio, Civita Legal nació con vocación nacional. No es un proyecto circunscrito a una comunidad autónoma o a un territorio concreto. De hecho, el propio equipo fundador ya refleja esa amplitud: los hermanos Iribarren están en Navarra, yo soy catalana, aunque resido desde hace tres años en Madrid; Javier Orduña está en Valencia, y Erika Torregrosa trabaja entre Barcelona y Madrid. Es decir, somos un equipo multidisciplinar y geográficamente diverso, lo que refuerza nuestro enfoque estatal.
Además, la Ley de Transparencia no afecta únicamente a los ayuntamientos, aunque estos sean, en este momento, los más necesitados.
Nuestro objetivo es que la metodología de Civita Legal pueda aplicarse no solo en ayuntamientos, sino también en diputaciones, mancomunidades, consorcios, universidades públicas y cualquier otra entidad sujeta a la Ley de Transparencia. Ahora bien, es en los municipios más pequeños donde detectamos mayores carencias: más de 8.000 ayuntamientos en España y muchos de ellos sin medios, formación ni apoyo técnico para cumplir la norma.
La intención es clara: extender un modelo útil, flexible y ético que convierta la transparencia en una práctica real y efectiva, más allá del simple cumplimiento legal.
¿Qué es exactamente el “Protocolo Marco de Transparencia” que ofrecéis a los ayuntamientos?
Es lo que nos diferencia. No queremos hacer simplemente una labor de compliance y revisar si se cumple la normativa. Nuestro protocolo es un documento vivo que sirve como hoja de ruta. Parte de una auditoría inicial para saber en qué punto se encuentra el ayuntamiento, qué se está cumpliendo, qué no, y qué se puede mejorar tanto en transparencia como en sostenibilidad.
Desde ahí, ayudamos a definir principios rectores, metas concretas y medidas reales a adoptar durante la legislatura. La ley debería ser el mínimo exigible. Nosotros buscamos ir más allá, creando una cultura de transparencia real, no solo formal.
¿Y cómo está siendo la acogida de este proyecto?
La acogida por parte de los ayuntamientos con los que ya trabajamos ha sido excelente, y contamos además con un respaldo institucional clave: un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Navarra, que certifica todos nuestros proyectos y les otorga un sello de calidad diferencial.
Lo relevante no es solo el acuerdo, sino el hecho de que la Cámara haya decidido certificar los proyectos de Civita Legal por la confianza en nuestra metodología, que va mucho más allá del mero cumplimiento normativo.
«En Civita Legal todos tenemos nuestras propias trayectorias profesionales, y si estamos en este proyecto es por convicción».
Este sello, único a nivel nacional, abre la puerta a una posible expansión con el apoyo de otras cámaras territoriales. La respuesta institucional y local ha sido muy positiva, y refuerza nuestra convicción de que este modelo tiene un enorme potencial transformador.
¿Está previsto ofrecer formación específica dentro del servicio de Civita?
Por supuesto. No concebimos ningún proyecto sin formación. Uno de los problemas clave es que los ayuntamientos no saben cómo cumplir la ley. No tienen medios ni personal formado.
La ley obliga a designar una unidad o persona responsable de transparencia, pero sin formación es imposible cumplir con eficacia. Por eso incluimos talleres presenciales, formación continua y seguimiento.
No se trata solo de entregar un plan y archivarlo; buscamos un cambio cultural real.
¿Creen que esta iniciativa puede contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones?
Uno de los principales motivos que nos impulsa es precisamente revertir la desafección ciudadana hacia las instituciones. Creemos que la transparencia real —la que se apoya en formación, herramientas y compromiso— es la clave.
En Civita Legal todos tenemos nuestras propias trayectorias profesionales, y si estamos en este proyecto es por convicción. Sabemos que aplicar el principio de transparencia, como ha señalado reiteradamente el TJUE, también es posible desde lo local.
Además, contar con el apoyo de figuras como Javier Orduña, catedrático y exmagistrado del Supremo, refuerza la credibilidad de la iniciativa.
No será fácil ni inmediato, pero si logramos que las administraciones se comuniquen mejor y asuman la transparencia con seriedad, estaremos reconstruyendo el vínculo entre ciudadanía e instituciones.
¿Os habéis encontrado con resistencias por razones políticas?
Esa era una preocupación inicial, pero la realidad que estamos viendo es distinta. No es un problema político, sino técnico y estructural. Hay voluntad de cumplimiento, sobre todo por parte de secretarios e interventores, pero no tienen ni medios ni formación.
Además, la responsabilidad recae sobre ellos, y en caso de incumplimiento puede haber consecuencias graves, como inhabilitaciones. Por eso están tan preocupados. El problema es de capacidad, no de voluntad.
Están en contacto con el Gobierno de Navarra por la reforma de la Ley de Transparencia autonómica. ¿En qué punto está?
Sí, nos hemos reunido con ellos para colaborar y aportar nuestra experiencia. Hay voluntad de adaptar la norma a la realidad y, de hecho, se está planteando reducir algunas exigencias que hoy son imposibles de cumplir.
Se va a crear un grupo de trabajo y esperamos que a finales de año se pueda cerrar el nuevo texto. Ahí estaremos para contribuir desde el conocimiento práctico.
¿La comunicación institucional también forma parte del trabajo que hacen?
Nos hemos dado cuenta de que muchos ayuntamientos hacen más de lo que creen, pero no lo comunican bien. En las auditorías detectamos acciones en sostenibilidad o en gestión que no se visibilizan, y eso les resta legitimidad.
Nuestro protocolo también sirve como herramienta de comunicación institucional para acercarse a la ciudadanía.
«Con el apoyo de la Cámara de Comercio, queremos que este modelo se conozca y se replique».
¿Con cuántos ayuntamientos trabajan ahora?
Estamos trabajando ya con unos 45 ayuntamientos. Ahora estamos terminando el proyecto piloto con el primero con el que empezamos esta iniciativa, el Ayuntamiento de Milagro (Navarra). Estamos cerrando el Protocolo Marco y la fase de formación.
En breve será el primer municipio certificado en España con el sello de la Cámara de Comercio de Navarra.
Me hace especial ilusión que sea Milagro, por el simbolismo del nombre: sacar adelante este proyecto en un municipio pequeño tiene mucho mérito y representa exactamente el espíritu de Civita.
¿Qué impacto esperáis generar a medio plazo?
Como mínimo, lograr que los ayuntamientos cumplan de manera real y efectiva la Ley de Transparencia. Y desde ahí, generar un efecto mimético. Con el apoyo de la Cámara de Comercio, queremos que este modelo se conozca y se replique.
No se trata solo de cumplir, sino de transformar. Igual que Javier Orduña ha desarrollado protocolos de transparencia para grandes entidades del ámbito empresarial y privado, nuestra ambición es trasladar ese mismo estándar al ámbito público.
¿Se plantean llevar esta metodología al sector privado en el futuro?
A largo plazo, sí. Ahora estamos centrados en lo público porque es donde más falta hace. En el ámbito privado ya existen herramientas y canales para implementar estos cambios, y además hay más medios. Pero en las instituciones públicas no, y por eso ahí es donde queremos incidir ahora.
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