La infraestructura digital global, esa intrincada red de cables submarinos y terrestres que bombean el alma de nuestra economía interconectada, se ha convertido en el nuevo campo de batalla geopolítico del siglo XXI.
El grado de concentración por lo que a las autopistas de datos se refiere es muy alto. Empresas como Level 3 (ahora parte de Lumen Technologies), NTT, Tata Communications, Orange, Telefónica y China Telecom controlan importantes tramos de cableado y capacidad.
Muchas rutas se alquilan en régimen de IRU (Indefeasible Right of Use), por lo que los grandes actores siguen teniendo control sobre quién puede usar qué ancho de banda.
En este contexto, los cableados, lejos de ser meros conductos de datos, son verdaderas arterias digitales e instrumentos de poder. Y en el centro de esta contienda emerge con fuerza la Nueva Ruta de la Seda Digital (RSD) de China.
Lo que Pekín presenta como un esfuerzo por mejorar la conectividad y el desarrollo, es percibido por muchos como una estrategia calculada para remodelar el orden digital global a su imagen y semejanza, extendiendo su influencia normativa y proyectando su poder a una escala sin precedentes.
Esta no es solo una cuestión de cables y «routers»; es una lucha por el futuro de la gobernanza de Internet, la seguridad de los datos y el equilibrio de poder mundial. Y mientras China avanza con una velocidad y cohesión envidiables, una coalición de naciones, a menudo con intereses diversos, se esfuerza por articular una respuesta que vaya más allá de la simple contención.
«En estos momentos en torno a un 15% del tráfico global de Internet podría estar circulando por infraestructuras construidas o gestionadas por China».
La ambición china es innegable y su ejecución, formidable.
A través de gigantes tecnológicos con fuerte respaldo estatal como Huawei (ahora HMN Technologies en el sector de cables submarinos) y China Telecom, Pekín ha tejido una red de influencia digital que se expande por Asia, África, Europa e incluso América Latina.
Proyectos emblemáticos como el cable submarino PEACE, que conecta Asia con África y Europa, y el Corredor Económico China-Pakistán con su componente de fibra óptica (CPFOP), son testimonios de una estrategia que integra intereses comerciales con objetivos geopolíticos de largo alcance.
En términos cuantitativos, lo anterior nos permite concluir que en estos momentos en torno a un 15% del tráfico global de Internet podría estar circulando por infraestructuras construidas o gestionadas por China.
Pero junto a esa influencia directa, debemos considerar lo que denominamos influencia indirecta.
China no solo está tendiendo cables; está exportando sus estándares técnicos, sus plataformas de comercio electrónico y, lo que es más preocupante para muchos, su modelo de «soberanía cibernética», donde el Estado ejerce un control considerable sobre el ciberespacio.
Los objetivos son múltiples: asegurar el acceso a ingentes cantidades de datos globales –el «nuevo petróleo»–, proyectar su poder geopolítico y fomentar la expansión de sus campeones tecnológicos.
La fusión cívico-militar inherente a este esfuerzo sólo agudiza las alarmas: ¿dónde termina el interés comercial y dónde empieza la estrategia de seguridad nacional del Partido Comunista Chino?
UNA OFENSIVA QUE NO HA PASADO DESAPERCIBIDA
Esta ofensiva digital no ha pasado desapercibida. Las principales potencias mundiales han reaccionado con una mezcla de preocupación y una creciente determinación por contrarrestar lo que perciben como una amenaza a su seguridad y a un orden digital abierto.
Estados Unidos ha adoptado la postura más confrontacional, imponiendo restricciones severas a empresas como Huawei y ZTE y presionando a sus aliados para que hagan lo mismo.
La Unión Europea, aunque con matices y variaciones entre sus miembros, ha desarrollado su «Caja de Herramientas de Seguridad 5G» y mecanismos de escrutinio de inversiones para proteger su «soberanía digital».
Japón, por su parte, ha fortalecido su seguridad económica a través de legislación específica y promueve activamente su visión de un «Indo-Pacífico Libre y Abierto» con un fuerte componente digital. India, con preocupaciones directas sobre la seguridad de datos y la influencia regional china, ha prohibido aplicaciones y endurecido las regulaciones de inversión.
Las preocupaciones son profundas y compartidas: el riesgo de espionaje a través de «puertas traseras» en la infraestructura china, exacerbado por leyes que obligan a las empresas chinas a cooperar con sus servicios de inteligencia; la creación de una dependencia tecnológica que podría ser utilizada como herramienta de coerción; y la promoción de un modelo de gobernanza de Internet que choca frontalmente con los valores democráticos, pudiendo llevar a una fragmentación del ciberespacio o «splinternet».
¿Podemos imaginar un mundo con varias «internets» operando bajo reglas incompatibles, limitando el flujo de información y la innovación global? Este es uno de los fantasmas que la RSD ha despertado.
Frente a la maquinaria china, los esfuerzos por ofrecer alternativas viables están cobrando impulso, aunque de forma más fragmentada y con el desafío de movilizar recursos comparables.
Iniciativas como la Blue Dot Network (BDN), liderada por EE.UU., Japón y Australia, que busca certificar proyectos de infraestructura de alta calidad; la Global Gateway de la Unión Europea, que aspira a movilizar hasta 300.000 millones de euros para conexiones basadas en valores; el Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) enfocado en establecer reglas de alto estándar para la economía digital; y los esfuerzos del Quad para promover redes 5G seguras y abiertas como Open RAN, son ejemplos de esta contraoferta.
El énfasis está en la transparencia, la sostenibilidad, la seguridad y la promoción de estándares abiertos que eviten el «encierro tecnológico».
CHINA OFRECE SOLUCIONES MÁS ECONÓMICAS
Sin embargo, la carrera es ardua. China ofrece a menudo soluciones más económicas y de rápida implementación, un atractivo poderoso para naciones en desarrollo con urgentes necesidades de infraestructura. Las alternativas occidentales y aliadas, si bien pueden ser más sólidas en términos de valores y sostenibilidad a largo plazo, deben demostrar que pueden competir en velocidad, escala y atractivo financiero sin imponer condicionalidades que los países receptores consideren onerosas.
La pugna por la infraestructura digital global es mucho más que una competencia tecnológica o económica; es una contienda por definir las reglas del siglo XXI. Las implicaciones a largo plazo son profundas: desde un posible realineamiento del equilibrio de poder global hasta la ya mencionada fragmentación de Internet y un deterioro de la cooperación internacional en la gobernanza digital.
En esta nueva era de competencia estratégica, la pasividad no es una opción.
Para China, la sostenibilidad de su RSD dependerá de su capacidad para mitigar las preocupaciones sobre seguridad y transparencia.
Para Estados Unidos y sus aliados, el desafío es doble: coordinar sus esfuerzos de manera más efectiva e invertir significativamente en alternativas que no solo sean seguras, sino genuinamente atractivas para el Sur Global.
No se trata solo de bloquear la oferta china, sino de presentar una visión más convincente de prosperidad digital que no sacrifique la soberanía ni los principios democráticos.
Los países receptores, por su parte, deben sopesar cuidadosamente los beneficios a corto plazo frente a los riesgos a largo plazo, diversificando sus opciones y protegiendo su soberanía digital.
Este es un maratón estratégico, no un sprint. China ha tomado una ventaja temprana, pero la partida está lejos de haber concluido. La resiliencia de los mercados abiertos y el potencial innovador de las sociedades democráticas pueden reequilibrar la balanza, pero solo si se actúa con visión, unidad y una determinación que iguale la de su principal competidor.
El futuro de un Internet global, abierto y seguro, motor de innovación y conexión, pende de un hilo. Las decisiones que se tomen hoy determinarán si ese hilo se rompe o se refuerza.
