Salvador González, presidente del CGAE, defiende en esta entrevista una justicia independiente y señala como retos urgentes las pensiones de los mutualistas, el intrusismo y la garantía del secreto profesional.
Salvador González, presidente del CGAE: “No se puede poner la Justicia en el centro del debate político”
Durante las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía, celebradas en Jeréz de la Frontera, bajo el lema “Juntos lideramos”.
|
06/6/2025 05:35
|
Actualizado: 06/6/2025 08:07
|
En el marco de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía, celebradas bajo el lema “Juntos lideramos”, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, abordó en una entrevista con Confilegal los principales desafíos del sector: pensiones de mutualistas, secreto profesional, intrusismo, inteligencia artificial, amparo colegial y despolitización de la justicia.
Apenas un año después de asumir la presidencia, González destaca que “estos próximos cuatro años son clave para la Abogacía. Hemos empoderado a sus líderes y ahora debemos actuar con decisión”.
Subraya que “una justicia que funcione es una justicia que impulsa el progreso social y económico” y advierte: “No se puede poner la Justicia en el centro del debate político”, reclamando “un diálogo técnico y serio” para las reformas estructurales.
Otro avance destacado es la aprobación del Reglamento de Amparo Colegial, que regula por primera vez este mecanismo como un procedimiento formal con garantías: “Ya no es una mera declaración de intenciones: ahora hay una base normativa sólida”, señala González, convencido de que los colegios deben estar preparados para proteger de forma efectiva los derechos de los abogados en el ejercicio de su labor.
Respecto a la mutualidad, el presidente del CGAE considera que “el proyecto de ley es mejorable”, aunque valora los avances: “Hemos pasado del olvido a la tramitación parlamentaria. Eso ya es un avance”. Insiste en que el objetivo es garantizar “pensiones dignas, como mínimo, equivalentes a la pensión mínima del sistema público”.
Usted ha dicho que “No se puede poner la Justicia en el centro del debate político”. ¿Podría explicarlo?
La justicia no puede ser utilizada como instrumento político. Cuando el poder político instrumentaliza los órganos judiciales o los debates sobre justicia, lo que se genera es desconfianza ciudadana. Y la confianza es un valor esencial para la estabilidad institucional y democrática.
No se puede cuestionar la independencia judicial por razones coyunturales o de oportunidad política. Eso socava el sistema desde dentro. En lugar de convertirlo en objeto de enfrentamiento partidista, hay que trabajar en serio por mejorar la justicia: por ejemplo, en la implantación de los nuevos tribunales de instancia, escuchando a todos los operadores jurídicos —jueces, fiscales, procuradores, abogados— para minimizar incertidumbres. Eso requiere gestión, planificación, y diálogo técnico, no debate político.
Uno de los temas que más preocupa actualmente a la Abogacía es la mutualidad. ¿En qué punto se encuentra la tramitación del proyecto de ley?
Creo que, en perspectiva, hemos avanzado de forma significativa. Si hace un año, cuando ni siquiera había accedido aún a la presidencia del Consejo, nos hubieran dicho que estaríamos a estas alturas finalizando el plazo de enmiendas a un proyecto de ley sobre esta cuestión, probablemente muchos lo habríamos considerado un ejercicio de optimismo excesivo. Sin embargo, hoy es una realidad.
Es cierto que el proyecto es mejorable, y todos los grupos parlamentarios con los que hemos hablado —incluido el grupo proponente— coinciden en que hay margen para introducir mejoras. Eso genera esperanza.
Lo importante es que se ha generado un debate profundo, serio y documentado, en el que han participado activamente plataformas, asociaciones y colectivos muy conocedores del problema. Ahora es fundamental que se les escuche. Estamos hablando de garantizar derechos constitucionales y de evitar que miles de profesionales continúen abocados a pensiones que no alcanzan los estándares mínimos de dignidad. Es una cuestión de justicia social y de responsabilidad institucional.
¿Se ha planteado alguna cifra concreta como referencia para esas pensiones?
Las cuantías deben analizarse caso por caso porque las situaciones personales son muy diversas. No obstante, sí parece razonable que se tome como referencia la pensión mínima del sistema público. Incorporarse a ese sistema implica cumplir ciertos requisitos de cotización, y muchos compañeros mutualistas han venido cumpliendo con sus obligaciones en un sistema que era legal y que estaba autorizado por la Administración.
Durante años han aportado lo que se les exigía, conforme a lo que establecía el Ministerio de Seguridad Social en cada momento. No tiene sentido que ahora se les penalice por ello. Por eso, entendemos que la pensión mínima —que en estos momentos ronda el salario mínimo interprofesional— debe ser, como mínimo, el estándar a garantizar.
“Lo realmente importante ahora es que exista una pasarela voluntaria que permita corregir una situación injusta y dar acceso a pensiones dignas”.
¿Cuál es la posición del Consejo respecto al modelo de pasarela? ¿Apoyan mantener la doble vía o avanzar hacia un único sistema?
En el Consejo General de la Abogacía creemos que ofrecer más opciones siempre es mejor. Pero en este momento, el foco debe estar en la pasarela: en garantizar que los actuales mutualistas puedan optar voluntariamente por integrarse en el sistema público de Seguridad Social. Esa opción debe existir, y debe ejercerse sin imposiciones.
Para quienes ya están en la mutualidad, es fundamental preservar la alternativa. Para quienes se incorporen en el futuro, permitir la elección —o incluso establecer la obligatoriedad del sistema público— son posibilidades razonables. Pero insistimos: lo realmente importante ahora es que exista una pasarela voluntaria que permita corregir una situación injusta y dar acceso a pensiones dignas.
En estas jornadas se ha hablado de la aprobación del Reglamento de Amparo. ¿Qué supone este avance?
Es un paso muy importante. El reglamento ya está finalizado y se pondrá a disposición de los colegios en los próximos días. Cada colegio podrá adoptarlo tal cual o introducir modificaciones puntuales que se adapten a sus particularidades. Lo relevante es que, por primera vez, el amparo colegial se regula como un procedimiento formal, con garantías, y con la posibilidad de que se recurra su denegación.
Esto es una consecuencia directa de la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que otorga a los colegios de la abogacía un papel activo en la protección del ejercicio profesional. Ya no es una mera declaración de intenciones: ahora hay una base normativa sólida, y los colegios deben responder con procedimientos eficaces que garanticen los derechos de los compañeros.
¿Los abogados suelen denunciar estas situaciones o prefieren callarse?
Hay de todo. Algunos se quejan, pero otros, sobre todo en entornos pequeños, optan por no decir nada porque deben seguir conviviendo con jueces, fiscales o funcionarios. Pero cuando la situación desborda lo normal y afecta al ejercicio de la defensa, debemos actuar. Lo que puede parecer una falta de cortesía, en realidad, es un ataque a la labor del abogado y a la confianza del cliente en el sistema de justicia.
El secreto profesional ha sido noticia recientemente por casos de gran repercusión. ¿Está en riesgo este derecho?
El secreto profesional no solo es un pilar esencial de la abogacía, es un derecho del ciudadano y una obligación para el abogado. Y, afortunadamente, está funcionando razonablemente bien. No hay ataques generalizados al secreto profesional, pero sí una percepción pública distorsionada, como ocurre también con la independencia judicial. Parte de la responsabilidad está en la polarización política, que convierte casos aislados en grandes escándalos.
Es importante no generar una alarma social que no se corresponde con la realidad. Tenemos un sistema judicial con mecanismos ágiles e independientes que permiten ejercer y defender este derecho con garantías.
El secreto profesional está recogido en la Ley del Derecho de Defensa y esperamos que pronto se ratifique el Convenio del Consejo de Europa para la protección de la profesión.
¿Y qué pasa con el secreto profesional del abogado de empresa?
En España está reconocido en nuestro Estatuto General. El debate no es si el abogado de empresa tiene secreto profesional, sino si puede o no ampararse en él frente a las administraciones públicas, por ejemplo, ante la Agencia Tributaria. Eso tiene que analizarse caso a caso.
Nosotros defendemos que sí, porque así lo dice nuestro Estatuto General, aunque haya fricciones interpretativas a nivel europeo.
Otro tema crítico para la Abogacía es el intrusismo y la proliferación de servicios jurídicos ofrecidos en plataformas digitales. ¿Qué acciones están tomando?
Hemos iniciado un trabajo exhaustivo en este campo. Estamos analizando la oferta de servicios jurídicos en plataformas que no cumplen con los requisitos profesionales mínimos. Nos preocupa especialmente lo que está ocurriendo con algunas plataformas que ofrecen servicios relacionados con la segunda oportunidad. Se dirigen a personas vulnerables, con graves dificultades económicas, y les prometen soluciones milagrosas. Utilizan una maquinaria de marketing muy potente.
“Nos preocupa especialmente lo que está ocurriendo con algunas plataformas que ofrecen servicios relacionados con la segunda oportunidad”
El problema de fondo es que estas entidades no están sujetas al control deontológico, porque no son sociedades profesionales, ni sus servicios están prestados por abogados colegiados. Por tanto, no se les puede exigir el cumplimiento del Código Deontológico ni se les puede sancionar por incumplirlo. Esto crea una grave inseguridad para los ciudadanos y una competencia desleal frente a quienes sí ejercemos bajo las normas que rigen la profesión.
¿Qué consecuencias tienen estas prácticas para los ciudadanos?
En muchos casos, se generan falsas expectativas. Se piden pagos por adelantado —de mil, dos mil o incluso tres mil euros— a personas que están arruinadas, que buscan empezar de cero y que acaban aún más perjudicadas. El problema es que muchas veces lo que les ofrecen es publicidad engañosa.
No hay seguimiento profesional, los procedimientos se alargan innecesariamente, y en algunos casos se incumplen plazos procesales. Cuando quieren reclamar, la empresa ha cambiado de nombre o ha desaparecido.
¿Cree que la inteligencia artificial agravará este fenómeno?
En parte ya lo está haciendo. Muchas de estas plataformas ya utilizan automatización y chatbots. Si esto se amplifica sin control, el riesgo aumentará. El derecho de defensa debe proteger también el asesoramiento previo y extrajudicial, no solo el procesal, como dice la nueva ley.
¿Por qué es tan importante para la Abogacía los criterios orientativos para la tasación de costas y la jura de cuentas?
Porque ayudan a que el ciudadano sepa cuánto puede costarle iniciar un procedimiento judicial. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer de antemano las posibles consecuencias económicas de emprender acciones legales, incluyendo las costas procesales.
Estos criterios están diseñados para ser utilizados exclusivamente en estos contextos y no como baremos generales de honorarios, así lo establece la Ley del Derecho de Defensa, que entró en vigor en diciembre de 2024
La CNMC cree que fijar baremos atenta contra la competencia, pero se equivoca. No estamos hablando de precios fijos, sino de orientaciones para que el ciudadano pueda tomar decisiones informadas.
La ley nos ampara para ofrecer esa información. Lo paradójico es que no podamos decirle a un cliente cuánto le puede costar ir a juicio si las cosas vienen mal dadas, cuando en otros sectores es lo normal. Es absurdo.
Cambiado de tema, recientemente se ha reunido con asociaciones de jueces y fiscales que critican la reforma de la carrera judicial y fiscal? ¿Comparte sus preocupaciones?
Sí, nos hemos reunido con algunas de ellas. Hay puntos en los que coincidimos y otros en los que no. Pero lo que sí compartimos es la idea de que una reforma de esta envergadura —como es la del acceso a la carrera judicial y fiscal— merece una tramitación ordinaria, más pausada y abierta al diálogo.
Una reforma que afecta a quienes van a impartir justicia en este país no puede hacerse con prisas. Debe ser fruto de la reflexión y del consenso. Todos los actores implicados tenemos algo que aportar. Escuchar, considerar y mejorar el texto desde diferentes perspectivas siempre suma. El hecho de que se nos haya hecho llegar el proyecto en primer lugar es una señal positiva: indica que se quiere contar con nosotros.
Ahora es el momento de abrir el diálogo también con las asociaciones judiciales y fiscales que no estuvieron presentes, y de trabajar para mejorar un texto que, sin duda, tiene aspectos positivos.
Y ya para concluir, ¿Qué tres titulares destacaría de estas jornadas?
Primero, que esta jornada ha servido para empoderar a los líderes de la Abogacía Española: más de 700 compañeros y compañeras que tienen por delante cuatro años clave.
Segundo, que los retos inmediatos como la pasarela a la Seguridad Social, la justicia gratuita o los baremos de costas, deben abordarse con decisión.
Y tercero, que necesitamos una justicia mejor: ágil, eficiente, independiente y libre del debate político.
Una justicia que funcione es una justicia que impulsa el progreso social y económico. Bajo el lema “Juntos lideramos”, esta jornada ha reafirmado que solo trabajando unidos, con diálogo y responsabilidad, podremos defender mejor a la abogacía y al ciudadano.
Noticias Relacionadas:
