La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI) han reclamado este lunes la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de información fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Aunque ambas asociaciones subrayan su respeto por la presunción de inocencia, consideran que, por el bien del Ministerio Público, García Ortiz debería apartarse del cargo.
La APM, mayoritaria en la carrera judicial, ha expresado a través de su presidenta, María Jesús del Barco, su «respeto pleno» por la presunción de inocencia del fiscal general, si bien considera que “por el bien de la institución debería dar un paso al lado”.
En la misma línea se ha manifestado el presidente de FJI, Fernando Portillo, quien ha afirmado a Europa Press que “lo suyo sería que dimitiese”, subrayando que con el auto de procesamiento “se suman más razonamientos a los que pesaban anteriormente en su contra”. En su opinión, “no debería estar compatibilizando la jefatura de los fiscales con estar investigado y gozar de derechos que podrían poner en duda la labor de los jueces”.
“El procesamiento debería ser el momento para que se replanteara su continuidad en el cargo. Hasta que no se juzgue y valore, sigue gozando de presunción de inocencia, pero lo suyo sería que dimitiese”, ha concluido Portillo.
Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz, Sergio Oliva, ha adoptado una postura más prudente, reiterando que la decisión de dimitir “corresponde al propio fiscal general”. No obstante, ha advertido del posible “daño institucional” que puede derivarse de esta situación, especialmente si se tiene en cuenta que el fiscal superior jerárquico podría ser acusado en una causa en la que participa otro fiscal.
“Puede generarse una percepción de que el principio de imparcialidad, base de la carrera fiscal, podría verse comprometido por intereses directos o indirectos”, ha advertido Oliva. En este contexto, AJFV considera “imprescindible ponderar cuidadosamente el daño institucional que esta circunstancia provoca frente al derecho legítimo a la defensa”.
El procesamiento de Álvaro García Ortiz, dictado por el Tribunal Supremo, ha abierto un nuevo frente en el seno del Ministerio Público, donde diversas voces alertan ya de un deterioro en la imagen y credibilidad de la institución si su máximo responsable no da un paso atrás.
