Tu Abandono Me puede Matar, sindicato de funcionarios de prisiones, ha exigido el incremento correspondiente a 2024. Foto: Confilegal
El sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones TAMPM reclama una subida del 0,5% al Consejo de Ministros
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11/6/2025 05:35
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Actualizado: 10/6/2025 21:48
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Tu Abandono Me puede Matar (conocido por sus siglas, TAMPM), el Sindicato mayoritario en España entre los Funcionarios de prisiones, ha presentado Reclamación al Consejo de Ministros, para exigir el cumplimiento sin más trámite de la previsión establecida en el art. 6 del Real Decreto Ley 4/2024, sobre aprobación por el Consejo de Ministros de un incremento adicional del 0,5 % de las retribuciones de los empleados públicos correspondientes a 2024, al cumplirse la condición establecida en dicho Real Decreto Ley sobre evolución del IPCA entre 2022 y 2024.
Administrativando Abogados, boutique especializada en derecho administrativo y contencioso-administrativo, ha sido la encargada de redactar y presentar la referida reclamación.
En ella se expone como antecedente que, rl «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI», suscrito por el Ministerio de Hacienda y las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 17 de noviembre de 2022, con el propósito de paliar los efectos ocasionados por la inflación en el ámbito retributivo, estableció un marco plurianual, en el que el incremento de las retribuciones de los empleados públicos se articularía a través de una parte fija y una parte variable ligada, a lo largo de los tres ejercicios de referencia 2022, 2023 y 2024, al crecimiento de la economía española, tomando como variables de referencia el incremento del IPCA (dato del IPC armonizado publicado por el INE) y del PIB (Producto Interior Bruto) nominal publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en base a los datos de contabilidad nacional trimestral proporcionados por el INE.
Como se expone en la reclamación administrativa, el requisito macroeconómico a que estaba condicionado el aumento salarial adicional del 0,5% para 2024 se ha cumplido, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística: la variación acumulada del IPC armonizado (11,6 % entre 2022 y 2024) ha superado el incremento retributivo fijo de ese periodo (9 %).
En consecuencia, procedería por parte del Gobierno, aplicar la previsión pactada en el Acuerdo antes citado.
De hecho, la eficacia vinculante de la revisión salarial prevista en el Acuerdo colectivo se plasma en el Real Decreto Ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.
Antonio Benítez Ostos, socio-director y fundador de Administrativando Abogados, explica que “Es claro y meridiano, como así recogemos en la reclamación, que una norma con rango de ley como es el Real Decreto Ley 4/2024, impone un mandato al Gobierno para que mediante acuerdo del Consejo de Ministros aplique la revisión de los salarios de los empleados públicos si se cumple la condición establecida en la norma legal, sobre comparación entre el IPCA y el incremento aplicado en 2022, 2023 y 2024.”
Ese mandato al Gobierno no puede decaer, por la razón de que no esté aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, como se está apuntando, que en todo caso regularía las retribuciones públicas para 2025, pero no las devengadas en el ejercicio anterior.”
Desde la boutique legal de referencia en derecho administrativo, se insiste también en que este incumplimiento por parte del Gobierno de la prescripción contenida en el Real Decreto Ley 4/2024, contrasta con la actuación del mismo órgano en años anteriores, en aplicación de previsiones similares contenidas en el Acuerdo con las OO.SS. que fueron elevadas a rango legal, y cumplidas de manera inmediata.
El Sindicato de Funcionarios de prisiones recuerda que esta subida beneficia a más de tres millones de empleadas y empleados públicos, puesto que se refiere al personal empleado público de todas las Administraciones, de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, incluyendo al personal al servicio del sector público institucional.
Y concluyen: “Esta demora del Gobierno no hace más que prolongar en el tiempo la precariedad salarial y la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, a todos los cuales la Administración retrasa sin justificación el pago de un débito legal que tiene efectos nada menos que desde enero de 2024.”
Por último desde Administrativando Abogados se señala, que, “en caso de no obtener una resolución favorable en esta vía administrativa, se acudirá a la fase judicial esto es, la vía contencioso – administrativa”.
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