El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, una nueva unidad destinada a gestionar las solicitudes de las víctimas que quieran acogerse al sistema de reparación acordado entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo.
La oficina comenzará a operar el 15 de abril, permitiendo que los supervivientes de abusos puedan iniciar desde ese momento el procedimiento para el reconocimiento y reparación del daño sufrido.
El mecanismo aprobado introduce un modelo mixto, considerado pionero, en el que la Iglesia asume su responsabilidad y las reparaciones, que podrán tener carácter simbólico, restaurativo o económico.
Según explicó el ministro Félix Bolaños tras el Consejo de Ministros, la puesta en marcha de este sistema supone hacer efectivo “un derecho largamente esperado”, que reconoce el sufrimiento de las víctimas y refuerza el compromiso institucional con la verdad, la justicia y la reparación.
Así será el proceso de restauración a las víctimas de la Iglesia
La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes a través de su sede electrónica, garantizando la seguridad y la privacidad de los datos. Además, ofrecerá asistencia a las víctimas mediante correo electrónico y atención telefónica.
Una vez registradas, las solicitudes serán remitidas a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, integrada por profesionales independientes, que elaborará una propuesta de reparación.
Si las partes aceptan dicha propuesta, esta tendrá carácter definitivo y la Iglesia deberá cumplirla. En caso de discrepancia, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes, incluidas asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo.
Si no se logra consenso, corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la decisión final, reafirmando la primacía de las instituciones del Estado en la protección de los derechos de las víctimas.
El sistema estará abierto a todas las víctimas que ya no puedan recurrir a la vía judicial, con independencia de si han recibido o no compensaciones previas por parte de la Iglesia.
Este mecanismo deriva del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero y supone un nuevo paso en la articulación de respuestas institucionales frente a los abusos sexuales en el ámbito eclesiástico.
