El presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, Alberto Dorrego, explica por qué los Next Generation no han sido bien distribuidos. Foto: Confilegal.
Alberto Dorrego: «Los fondos Next Generation han sido una oportunidad histórica enterrada por la burocracia»
|
03/7/2025 05:40
|
Actualizado: 03/7/2025 08:32
|
España está dejando escapar una de las mayores oportunidades económicas de su historia. Los fondos europeos Next Generation han encallado en un mar de trámites, controles inútiles y estructuras administrativas incapaces de ejecutar.
¿El resultado? El propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reconoció, pasado mes de junio ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, que de los 163.014 millones de euros asignados a España en los Fondos Next Generation nuestro país, a mayo de 2025, solo había ejecutado solo 53.646 millones de euros. El 32,9 % del total.
España se convirtió en el segundo preceptor de fondos más voluminoso de los 27 después de Italia. Dichos fondos tenían como objetivo ayudar a los países a recuperarse de la crisis sanitaria derivada del COVID. Y quedan solo 13 meses para que su plazo de ejecución llegue a su fin.
Afirmar que los fondos Next Generation están siendo gestionados con una torpeza estructural que amenaza con malograr su impacto es una obviedad.
Alberto Dorrego, abogado y presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de la Abogacía de Madrid y socio de la firma Eversheds Sutherland, explicó ayer las razones para este escenario: “El nivel de ejecución de los fondos es muy bajo. Y eso, en un país con nuestras carencias estructurales, es imperdonable. No hay una crisis externa, ni una falta de recursos: lo que hay es una arquitectura normativa que bloquea en lugar de facilitar. Los fondos Next Generation han sido una oportunidad histórica enterrada por la burocracia”.
Dorrego explicó con detenimiento las razones detrás de este escenario en el marco de un nuevo ‘explainer’ jurídico, una jornada de formación organizada por el ICAM y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). Un evento que tuvo lugar en formato híbrido –presencial y telemático– con el título «Contratación pública: claves jurídicas y prevención de prácticas fraudulentas».
En el mismo, Dorrego analizó también los márgenes de la legalidad en la contratación pública y las vías jurídicas para prevenir el fraude.
Una legislación para no contratar
El origen del problema, señaló Dorrego, está en la decisión política de canalizar los fondos a través de la Ley de Contratos del Sector Público, un texto ya extremadamente complejo incluso para la gestión ordinaria.
“La legislación de contratos en España está diseñada más para impedir que para ejecutar. Es una ley pensada para cubrirse las espaldas, no para facilitar el gasto público eficiente. Aplicarla tal cual a los fondos Next Generation fue una decisión desastrosa”, subrayó.
Según el especialista en derecho administrativo, la ley ha introducido tal densidad procedimental, controles superpuestos y requisitos formales que cualquier proceso de licitación se convierte en una carrera de obstáculos, tanto para la administración como para las empresas.
“Hoy en día, licitar un contrato en condiciones medianamente complejas puede llevar dos años. ¿Cómo se puede transformar nada así? La Administración se asfixia, y el tejido empresarial, sencillamente, se retira. No pueden permitirse ni el tiempo ni el coste”, explica Dorrego.
Una arquitectura legal que expulsa a las empresas
La consecuencia directa ha sido una caída dramática en la concurrencia: cada vez más concursos públicos, incluso de grandes importes, se resuelven con un único licitador.
“Licitar se ha vuelto carísimo. Solo las grandes consultoras pueden soportar los costes, y aun así muchas desisten. Esto va contra el principio de concurrencia y ahoga especialmente a las pymes, que deberían ser protagonistas en la transformación que prometían estos fondos”, lamentó Dorrego.
A esto se suman los efectos colaterales: proyectos que no arrancan, contratos prorrogados porque no se llega a tiempo a adjudicar los nuevos, y servicios esenciales que quedan en el aire.
«Es un sistema que falla en todo lo esencial. Ni es ágil, ni es transparente ni asegura eficacia. En muchos casos, ni siquiera logra que se contrate algo. Y eso es lo más grave», aseguró.
Europa ya reconoce el problema
El desajuste no es solo español. La Comisión Europea ha identificado que su propio marco legal de contratación pública —las directivas de 2014— han contribuido a crear una burocracia que frena la inversión. Los informes Letta y Draghi, encargados por la presidenta Ursula von der Leyen, reclaman una reforma profunda.
“La propia Comisión ha asumido que el modelo actual no funciona. La clave está en simplificar. No se trata de relajar controles, sino de evitar la hipertrofia procedimental que no aporta valor y solo genera bloqueo”, explica Dorrego, quien ha participado en procesos de consulta sobre esta revisión.
“Más burocracia no es más limpieza. Es más parálisis. Y eso, con los fondos Next Generation, ha sido letal. Lo que España ha hecho es el caso de estudio de cómo no gestionar una oportunidad histórica”, aseveró.
Fallo político y administrativo
Para Dorrego, el fracaso es tanto técnico como político. “Había margen legal y tiempo suficiente para establecer un marco normativo específico, que hubiera permitido adaptar los procesos a la urgencia del momento. Pero se eligió lo contrario: un modelo súper administrativo, con instrucciones contradictorias, controles múltiples y nula colaboración con el sector privado”.
“En vez de apoyarse en quienes tienen proyectos viables —empresas, universidades, consorcios—, se construyó un sistema rígido que solo sabe tramitar papeles. Y los papeles, cuando se trata de transformar la economía, no bastan.”
La ilusión del control total
El sistema, cuenta este reputado especialista en derecho administrativo, se diseñó con la obsesión de evitar errores… al coste de no hacer nada. “Todo se ha fiado a un modelo de control que, además, no es efectivo. Las malas prácticas no se han erradicado. Seguimos viendo contratos fraccionados, negociados sin publicidad, adjudicaciones hechas a medida o información privilegiada en licitaciones”.
El problema —añade— es que los controles reales no están donde deberían estar: en interventores independientes, en órganos técnicos imparciales, en estructuras robustas que funcionen desde dentro, y no después del desastre.
“Se ha creado un ecosistema en el que nadie asume responsabilidades, todos tramitan, y la transparencia se ahoga en formularios. Es una maquinaria que se mueve sin avanzar.”
El balance, para Dorrego, no admite matices: “España no ha fracasado por falta de dinero, sino por falta de estructura, de visión y de valentía para adaptar su sistema a una exigencia histórica.”
“Tenía los fondos, tenía la urgencia, tenía el mandato europeo. Pero se construyó un laberinto legal donde las ideas se pierden. Ahora, parte de esos fondos se perderán. Y lo más doloroso es que no fue un accidente. Fue una decisión consciente», concluyó.
Noticias Relacionadas:
