La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) -organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- enfrenta una crisis sin precedentes que podría marcar su final. La idea de un MUFACE autonómico está corriendo.
¿Pueden las Comunidades Autónomas crear, de forma independiente, un MUFACE?
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28/11/2024 00:45
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Actualizado: 27/11/2024 23:19
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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) -organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- enfrenta una crisis sin precedentes que podría marcar su final.
Adeslas, Asisa y DKV han rechazado el concierto sanitario propuesto por el Gobierno.
El Ejecutivo puso sobre la mesa una subida de las primas del 17,12% para 2025 y 2026, cantidad que no convenció a las aseguradoras.
Ante esta situación, el Gobierno se plantea integrar a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias a la sanidad pública. En su mayoría son docentes, policías, inspectores o abogados del estado, entre otros. Algo que también preocupa a los propios médicos.
Pues, al ser tal cantidad de personas, aumentarían las listas de espera y disminuiría la calidad del servicio.
El Ejecutivo habilitó el pasado miércoles unas consultas preliminares de mercado para que todas las aseguradoras privadas interesadas pudiesen trasladar el precio por el que prestarían asistencia sanitaria para 2025, 2026 y 2027. Para, posteriormente, con dicha información, elaborar una nueva licitación.
Sin embargo, la «alarma» se ha visto incrementada tras el anuncio de Adeslas. Cesarán de todos sus servicios a partir del 31 de enero de 2025.
El sindicato CSIF, presidido por Miguel Borra, ha anunciado la convocatoria de una gran manifestación el próximo 14 de diciembre frente a la sede de MUFACE en Madrid. El fin es exigir al Gobierno una respuesta inmediata que permita afrontar esta situación.
Hay que recordar que MUFACE es un sistema que permite que estos empleados públicos elijan entre recibir asistencia médica a través de la sanidad pública o a través de las citadas aseguradoras. Según el ministerio liderado por Mónica García el 67% de los mutualistas opta por la segunda opción.
Una pregunta en el aire sobre MUFACE
Ahora bien, ¿podrían las Comunidades Autónomas crear su propio MUFACE? La respuesta es no, y dos abogados expertos en la materia explican los motivos.
Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, ha querido comenzar recordando que MUFACE es uno de los dos mecanismos de cobertura, junto las clases pasivas, que integran el régimen especial de Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
En el mutualismo administrativo se integran los funcionarios de la Administración Civil del Estado, incluidos los transferidos o en situación de servicios en Comunidad Autónoma, salvo que hayan ingresado voluntariamente en Cuerpos o Escalas de las mismas.
Según detalla el experto en contencioso-administrativo, «el sistema de Seguridad Social que abarca a todos los colectivos integrados en el Régimen General, incluidos los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios de comunidades autónomas y entidades locales, se rige exclusivamente por la normativa estatal».
Este marco legal está establecido en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, junto con las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.
Esta ley, apunta, se emite en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, tal como establece el artículo 149.1.17 de la Constitución Española.
Por lo que, las comunidades autónomas no tienen competencia normativa en materia de Seguridad Social. De modo que «no pueden establecer para su personal funcionario un régimen especial de protección social como MUFACE distinto al que se presta mediante el Régimen General de la Seguridad Social, en el que está incluido por mandato legal el personal a su servicio».
No son sus funcionarios, son del Estado
Alberto Dorrego de Carlos, socio del departamento de Derecho Público y miembro del Comité Ejecutivo de Eversheds Sutherland en la oficina de Madrid, ha querido resaltar que este sistema nació en 1975.
Desde entonces, los funcionarios siempre han estado en España inmersos en este sistema. A excepción de, por ejemplo, Fuerzas Armadas, que les corresponde ISFAS, y juces, fiscales o letrados de la administración de justicia, que cuentan con MUGEJU.
Dorrego, de acuerdo con su compañero, también comenta que una comunidad autónoma no puede montar un sistema para atender a los funcionarios de la Administración del Estado en su territorio, «obviamente».
Pues «no son funcionarios suyos», sino del Estado. Pone como ejemplo aquellos que trabajan en el Ministerio de Hacienda, porque, aunque estén ubicados físicamente en Madrid, son del Estado. Por lo que «su régimen de protección de asistencia sanitaria no lo puede regular la Comunidad de Madrid».
Por tanto, cada comunidad autónoma puede ser competente sobre sus propios funcionarios, pero no sobre los del Estado. «Una Comunidad Autónoma no puede regular ni crear una entidad para dar asistencia porque no son suyos». En definitiva, no tiene competencias legislativas.
Preguntado por su opinión al respecto sobre MUFACE, el letrado ve inviable y «un disparate» trasladar ese 1,5 millones de personas y a sus familias a la sanidad pública. «El sistema ya de por sí está colapsado, sobre todo en la Comunidad de Madrid». Ciudad que, además, más funcionarios tiene. Además, «es trasladarle a las Comunidades Autónomas el problema».
Por otro lado, el letrado apunta que, también, hay que tener en cuenta lo que va a suponer para los mutualistas. Muchos son personas muy mayores o jubilados que llevan recibiendo asistencia sanitaria a través de este concierto años y que si les sacas, no van a poder hacerse un seguro privado porque pueden no tener recursos o, si los tienen, las aseguradoras hay a cierta edad que no están dispuestas.
Y es que, hay que recordar, que no todos los funcionarios tienen altos sueldos.
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