La situación para muchas contratistas con la Administración es dramática porque la inflación se ha comido sus márgenes de beneficios.
Contratistas y asesores legales piden una reforma de la contratación pública para paliar los efectos de la inflación
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08/9/2022 01:05
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Actualizado: 08/9/2022 01:05
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Contratistas y expertos del sector público reclaman una reforma legislativa en la normativa de contratación publica que reparta mejor el coste de la inflación, ahora cae la mayor parte del lado del contratista lo que le está generando problemas económicos serios, incluso de supervivencia en algunos momentos.
Alberto Dorrego, socio de derecho público de Eversheds Sutherland, explica a Confilegal que el tema clave de esta vuelta a la actividad tras las vacaciones de verano es el de la inflación y su impacto en los contratos públicos, de máxima actualidad en los últimos seis meses en nuestro pais.
Desde su punto de vista “el problema parte de la regulación existente normativa en materia de contratos públicos que se ha diseñado estos años para una situación de que no exista inflación o sea muy contenida”.
En ese contexto “el riesgo del incremento de precio lo asuman los contratistas con el Estado, aquí se incluyen profesionales de todo tipo vinculados tanto obras, servicios; suministros, concesiones, de forma total o en una parte muy importante”.
Para Dorrego “es una legislación muy restrictiva para permitir que los incrementos de precios o la inflación se trasladen a las contraprestaciones que las administraciones ofrecen a los contratistas, es decir los precios que paga la administración por ese servicio que recibe. Hasta ahora el riesgo de inflación lo asume el contratista realmente”.
Nuestro interlocutor señala que desde que existe la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que está hecha para «no permitir que el incremento de los precios al final se traslade a los precios de los contratos públicos. Luego se ha complicado con más cosas que se añadieron en dicha norma”.
Dorrego señala que “esta norma tiene un decreto de desarrollo del 2017. Se hace en un momento donde no hay inflación. Hasta el momento hemos vivido en un entorno de estabilidad monetaria importante en los últimos veinte años, sin apenas inflación. Con ella se pretende contenerla aún más”.
El problema que se suscita es que “se ha producido de repente el brote inflacionista. La propia Ley de Contratos del Sector Público, que data del 2017, sigue la misma línea que la normativa anterior y establece una regulación muy restrictiva de los mecanismos de revisión de precio. Eso significa que sigue la línea que sea el contratista que asuma ese incremento inflacionista”.
En este entorno “el incremento de la inflación se ha producido de forma sorpresiva y de manera importante. Tras la salida de la pandemia se han visto los primeros brotes inflacionistas. Se ha pasado de la inflación cero a otra altísima, de niveles de cuarenta años, en este último año”.
Las principales consecuencias que genera la inflación “en un marco legal el de contratación publica desadaptado es evidente. La ley española no esta preparada y tiene un agujero muy serio. Esta causando notables perturbaciones en el sistema de contratación publica en nuestro país”.
La inflación genera pérdidas a la empresa
Dorrego recuerda que la actividad del sector público supone el 20 % del PIB. “No hay otro sector tan grande como este. Las empresas tienen muchas dificultades para cumplir con los contratos con esta inflación existente y además no hay mecanismos legales para corregirlo por el momento”.
Los problemas que está generando son bastante graves; incumplimiento de contratos, empresas con problemas de solvencia que acaban en concurso. “Se busco una cierta solución de emergencia para el incremento de los precios en los contratos de obras por el incremento de algunas materias primas de forma excepcional, pero para el resto de los contratos el asunto sigue pendiente”.
Alberto Dorrego, al igual que otros expertos en contratación pública, advierten la necesidad de “adoptar alguna medida legislativa de emergencia. Se trataría de aprobar una reforma legislativa amplia y urgente. Aprobar un Decreto Ley similar al que se aprobó para el contrato de obra para mejorar la regulación y corregir esta situación que se está dando”.
Se trata de evitar “que el riesgo de inflación solo lo soporte el contratista en su relación con la Administración con una regulación racional y que sea soportable por parte de las empresas. Ahora la problemática esta abierta y hay contratos que no se están cumpliendo en este entorno de inflación”.
En esta situación los asuntos acaban en los tribunales, a falta de un mecanismo extrajudicial, especialmente de arbitraje que ayudaría a resolver los asuntos entre las administraciones en las empresas, pero que no existe. La normativa actual no permite el arbitraje en el sector público”.
En este tipo de asuntos judiciales, “habitualmente quien demanda es el contratista a la administracion en pleitos que pueden durar tres a cuatro años y que no resuelven nada al final”.
Este experto pone el ejemplo de una empresa que tiene una concesión de autobuses en Salamanca. “Ahí tiene que seguir sacando tus autobuses con la frecuencia pactada contractualmente y seguir prestando el servicio con la calidad que te exigen, pero los costes han aumentado notablemente. Sin embargo las tarifas no lo han hecho”.
En ese escenario “el contratista puede demandar a la administración, pero el problema es que esa posible revisión de precios que se pide puede tardar entre tres y cuatro años que se produzca en el mejor de los casos, mientras tanto el contratista sigue soportando los costes que no dejan de incrementarse”.
El problema de la energía
A su juicio ese asunto tiene una derivada aún más grande “la inflación interanual es el 10,4 como media de todos los precios de los servicios en nuestro país, pero algunos productos, en concreto, como determinadas materias primas, han tenido un crecimiento exponencial derivado de circunstancias excepcionales, como la guerra de Ucrania”.
A este respecto “nos tenemos que acordar del incremento del precio de la energía y del gas. Los autobuses de muchas ciudades españolas funcionan con gas, al igual que empresas de tratamiento de residuos, plantas desaladoras etc que tienen n consumo de energía o gas muy intenso y esas empresas sus costes se han podido triplicar. Hay industrias que la energía supone un 30 % en su estructura de costes lo que hace algunos negocios inviables”.
De momento con “la legislación existente española no hay solución a corto plazo. Estos servicios hay que seguir prestando y es difícil que las administraciones subvenciones estos servicios de alguna manera. Eso hace que algunas empresas están llevando a la quiebra porque incrementan costes sin poder incrementar la tarifa de sus servicios”.
Dorrego cree urgente dicha reforma legislativa que plantea “se ha buscado una solución de emergencia para los contratos de obra, pero esto se está viendo que es recurrente en otros sectores. La respuesta que se dé tiene que ser a largo plazo porque parece que la inflación se va a mantener en el tiempo y durará algunos años”.
“Se tiene que buscar un reparto equilibrado del riesgo de inflación entre los contratistas y la administración. No tiene sentido que este incremento excepcional producido por algunas causas se traslade de forma exclusiva a los contratistas. Es el momento de hacerlo de manera urgente”.
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