Cinco asociaciones de jueces y fiscales han trasladado a la Comisión Europea su preocupación por lo que consideran un intento del Gobierno de “politizar la Justicia” a través de la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal.
Denuncian que la iniciativa del Ejecutivo busca beneficiarse políticamente e interferir en investigaciones que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez.
La portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha explicado desde la sede del Parlamento Europeo que el Gobierno pretende abrir una vía de entrada “por la puerta de atrás”, eliminando el actual sistema de oposiciones rigurosas y sustituyéndolo por la figura de jueces y fiscales sustitutos prácticamente sin examen.
“Esto abre la puerta a la colonización de la carrera judicial y fiscal. Y se complementa con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, orientada a concentrar más poder en el Fiscal General del Estado y debilitar la independencia interna del Ministerio Fiscal”, ha advertido.
Contacto directo con Bruselas
La delegación, formada por representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, se reunirá este miércoles con Henna Virkunnen, vicepresidenta de la Comisión Europea, con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, y otros representantes del grupo de Conservadores y Reformistas.
Según ha comunicado Dexeus, todos los grupos parlamentarios europeos salvo el socialista han respondido afirmativamente a la petición de encuentro con las asociaciones. El grupo lamentó que el Grupo Socialista Europeo no haya respondido a su solicitud de reunión, a diferencia de otros partidos europeos.
Las reuniones se producen en un contexto marcado por las movilizaciones de los días 1, 2 y 3 de julio, convocadas precisamente en rechazo a la reforma.
Más huelgas si no hay cambios
Las asociaciones profesionales advierten de que, si no se introducen cambios sustanciales, retomarán las protestas: “Con la misma firmeza, unidad y determinación que nos ha caracterizado hasta ahora”.
La denuncia ante las instituciones europeas se enmarca en un pulso institucional con el Ejecutivo que, según sostienen estas asociaciones, intenta aprovechar el contexto político para debilitar los mecanismos de control judicial, justo cuando afloran numerosos casos de presunta corrupción política en el entorno del poder.
