La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha expresado un contundente rechazo al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al que califica de «muy crítico» y que, en su opinión, representa «una verdadera involución institucional».
Según Dexeus, el texto propuesto no sólo no refuerza la autonomía del Ministerio Fiscal, sino que la debilita. En lugar de avanzar hacia una mayor independencia, el nuevo marco jurídico mantiene al Fiscal General del Estado (FGE) en una posición de poder prácticamente absoluto dentro de la carrera, sin contrapesos internos efectivos y con un mandato de cinco años que, tal como está planteado, no se ajusta a los estándares europeos en materia de independencia fiscal.
«La figura del Fiscal General del Estado, tal y como la dibuja la reforma, se convierte en una especie de autoridad cuasi soberana, sin control institucional suficiente», denuncia la presidenta de la AF.
Esta concentración de poder se ve agravada, añade, por el hecho de que no se aborda ni la capacidad de gestión presupuestaria ni la potestad reglamentaria del Ministerio Fiscal, elementos claves para su funcionamiento autónomo.
La Asociación también alerta sobre el debilitamiento de los órganos colegiados del Ministerio Fiscal, en particular del Consejo Fiscal, que ve severamente reducidas sus competencias y funciones. Para Dexeus, este punto representa «un evidente retroceso en la configuración del máximo órgano de representación democrática de la carrera».
Uno de los aspectos más preocupantes, según la AF, es la propuesta de modificación del sistema electoral del Consejo Fiscal, que supondría una alteración encubierta de su composición y, por tanto, una manipulación indirecta de su independencia.
«Pretenden una disimulada alteración de su composición que resta pluralismo y pone en entredicho su legitimidad representativa», subraya Dexeus.
Además, el informe denuncia que el anteproyecto transmite una «imagen de desconfianza» hacia las asociaciones profesionales, limitando sus capacidades y actividades.
Especialmente crítica es la previsión de restricciones a su participación en actividades políticas, cuya redacción imprecisa podría dar lugar a «interpretaciones extensas, indeseadas o sesgadas».
La Asociación de Fiscales considera que este proyecto normativo no responde a una necesidad de mejora institucional, sino que parece orientado a concentrar el poder en torno al Fiscal General del Estado y a reducir la influencia democrática y plural del conjunto de la carrera. «Este no es el camino hacia una Fiscalía más independiente y eficaz, sino todo lo contrario», concluye su presidenta.
