El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —que a veces acierta, aunque no sea costumbre— ha confirmado que un abogado de Ourense, de esos que se sacan la carrera para acabar metiendo la mano en el bolsillo del cliente con la misma soltura con la que otros roban carteras en el tranvía, estafó durante años a dos mujeres a las que representaba en un asunto de herencia. Una madre y su hija, por más señas. El tipo, con más cara que un sacamuelas en rebajas, se embolsó casi 68.000 euros con el viejo truco de inflar costes y honorarios como si estuviera escribiendo una novela de Galdós con apuntes de contabilidad creativa.
El tribunal no solo le ha cerrado la puerta a su recurso —lleno de justificaciones tan inútiles como el “yo no fui” de un crío con la mano en el tarro de galletas—, sino que también ha desestimado la intentona de la aseguradora Catalana Occidente (ahora rebautizada con más pompa como Occident GCO S.A., como si el maquillaje empresarial limpiase la mugre) de librarse de pagar lo que, por póliza, les toca.
El abogado en cuestión estaba cubierto por un seguro colectivo del Ilustre Colegio de Abogados de Ourense, esa cofradía donde a veces la honradez es tan escasa como el latín en las nuevas sentencias.
Todo empezó en 2017, año de miserias varias, cuando una hija decidió reclamar su legítima contra su propia madre. Ya saben: lo de Caín y Abel, pero con papel timbrado.
Contrataron a este abogado con nombre y número de colegiado, y el caballero, con su mejor sonrisa de tahúr de provincias, les prometió llevar el asunto hasta el final. Y lo hizo, sí. Solo que el final que tenía en mente era otro: el de su cuenta corriente con números negros.
Durante el proceso, el letrado se paseó por el juzgado como si fuera suyo: respondió demandas, asistió a vistas, presentó recursos… todo muy profesional, todo muy de manual. Hasta que ganó. Y ahí, curiosamente, dejó de moverse. Ni una sola gestión para ejecutar la sentencia. Silencio. Como si la justicia fuera solo un juego de luces y no la parte sucia —pero necesaria— del asunto.
FUE SACANDO DINERO A LAS DOS VÍCTIMAS
Mientras tanto, con una paciencia que roza el arte del timo, fue sacando dinero a las dos víctimas. Les vendió cuentos chinos disfrazados de gastos judiciales: tasas inexistentes, señalamientos fantasma, subidas de cuantía que no tramitó ni en sueños.
Emitía recibos a cuentagotas, cuando le daba la gana y por conceptos tan creíbles como un billete de tres euros. La suma total: 67.751 euros. Lo justo para una vida cómoda sin necesidad de sudar la toga.
Cuando por fin las víctimas se dieron cuenta de que estaban pagando más que si contrataran a Perry Mason y a Matlock al mismo tiempo, fue demasiado tarde. Hubo que abrir otro procedimiento judicial para ejecutar la sentencia que el abogado nunca movió, esta vez con otro letrado, otro puñado de euros y el regusto amargo de haber confiado en un profesional que, si alguna vez estudió ética jurídica, debió usarla como posavasos.
La aseguradora, por su parte, intentó hacer lo que hacen todas cuando huelen lío: correr. Alegaron tecnicismos, límites contractuales y otras zarandajas para ver si colaba. Pero no coló.
El tribunal fue claro: deben pagar. Que para eso cobraron las primas, y para eso firmaron una póliza. Fin del cuento.
El sainete judicial tuvo su primer acto en marzo de 2024, cuando la Audiencia Provincial de Ourense —en uno de esos arrebatos de benevolencia jurídica tan peligrosos como dejarle la llave del bar a un borracho— absolvió al abogado.
Pero llegó el recurso, esta vez con el Ministerio Fiscal a bordo, y el TSXG les enmendó la plana: la sentencia había pasado por alto unas conversaciones de WhatsApp entre el estafador y una de las víctimas que dejaban claro hasta el menú del engaño.
Resultado: dos años de cárcel (que con suerte pisará si algún dios menor tiene un mal día), inhabilitación especial para votar —como si eso fuera un castigo en este país—, y una indemnización de 71.048,81 euros con intereses incluidos. Una factura que pagará, al menos en parte, la aseguradora. Porque si la justicia tarda, al menos que duela.
El TSXG no dejó resquicio para el escapismo: desmontó uno a uno todos los argumentos del recurso, desde diligencias supuestamente fuera de plazo hasta errores en la valoración de pruebas.
Las pruebas eran sólidas, dijeron. Grabaciones, mensajes, documentos… Todo un álbum de infamias con membrete legal.
Y aunque la aseguradora trató, en un último giro de bufete, de recortar su parte del pastel, el tribunal fue tajante: pagarán lo que les toca. No más, pero tampoco menos. Como debe ser. Para que la próxima vez piensen dos veces antes de asegurar a un pícaro con toga.
Las costas del proceso, eso sí, se declararon de oficio. Porque en este país, hasta el más sinvergüenza merece un recurso sin que lo llamen temerario. Que no falte el decoro, aunque falte la decencia.i algo enseña este oficio —y esta tierra— es que la justicia, cuando llega, ya suele haber pasado la hora del almuerzo.
