La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificará hoy las candidaturas a presidir las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Lo hará en una reunión prevista para las 12:15 horas con un objetivo claro: reactivar el proceso antes de que el Pleno, el próximo 23 de julio, decida si desbloquea estos nombramientos estratégicos o declara desierta la convocatoria.
Sobre la mesa volverán los mismos nombres: Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta para la Sala de lo Penal; Pilar Teso y Pablo Lucas Murillo de la Cueva para la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Es la cuarta vez que estas propuestas llegan al Pleno, aunque solo una se ha votado formalmente. En esa ocasión, el resultado fue un empate técnico: diez votos progresistas para Ferrer y Teso; diez conservadores para Martínez Arrieta y Lucas; y un voto en blanco, el de la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló.
Fue precisamente Perelló quien, el pasado 7 de mayo, devolvió las propuestas a la Comisión de Calificación. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, su maniobra buscaba ganar tiempo para una posible negociación entre bloques.
Desde entonces, las posiciones no se han movido. El sector conservador insiste en respaldar a los actuales presidentes en funciones —Martínez Arrieta y Lucas—, valorando su trayectoria y experiencia.
En cambio, los vocales progresistas consideran que Ferrer y Teso ofrecen los mejores proyectos de gestión y renovación para ambas salas. Rechazan que los ascensos se utilicen como reconocimiento final de carrera, sin atender al mérito del programa.
El conflicto tiene una dimensión técnica, pero también política e institucional. La Sala Segunda (Penal) es la encargada de instruir y juzgar las causas contra aforados, incluidos ministros, diputados, senadores y otros altos cargos.
La Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) controla la legalidad de las decisiones del Gobierno. En juego está, por tanto, una parte sustancial del equilibrio entre poderes.
A falta de acuerdo, fuentes del CGPJ confirman que, si el Pleno del día 23 no resuelve el empate, se declarará desierta la convocatoria. En ese caso, se abriría una nueva, en la que los cuatro actuales candidatos podrían repetir, pero compitiendo con otros nuevos aspirantes.
El bloque progresista aún confía en una salida negociada. Cree que integrar estos dos nombramientos en un paquete más amplio —con decenas de plazas, incluidas las presidencias de las Audiencias Provinciales de Madrid y Valencia— podría abrir una vía de consenso.
No obstante, si no hay cesiones, la parálisis continuará. Y con ella, el interrogante sobre cómo aplicar el principio de paridad en los nombramientos discrecionales: ¿caso por caso o en función de toda la carrera judicial?
Una discusión aún sin resolver que, como tantas otras, vuelve a quedar atrapada en el bloqueo institucional del CGPJ.
