La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a dos representantes legales de una empresa por un fraude de 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas.
Según ha comunicado este viernes la EPPO, la sentencia del Juzgado Central de lo Penal también impone la misma multa a la empresa, le prohíbe recibir subvenciones o fondos públicos durante tres años y tendrá que reembolsar dos millones en fondos obtenidos ilegítimamente, sobre los cuales «los directores fueron declarados responsables solidarios».
La EPPO ha explicado que en 2018 la empresa solicitó y obtuvo una subvención del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAG) para la mejora de sus instalaciones destinadas a la producción de frutas y hortalizas.
Posteriormente, los acusados solicitaron además un préstamo al Instituto Catalán de Finanzas y a la Dirección General de Industria, «en claro incumplimiento de las bases de la subvención, que establecían que la financiación era incompatible con otras ayudas».
La Fiscalía Europea ha detallado que se trata de la primera resolución judicial dictada después de la celebración de un juicio en un caso investigado por la EPPO en España, que «se suma a otras condenas previas obtenidas mediante acuerdos de conformidad».
