El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el ‘caso Koldo’ ha acordado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras Javier Herrero, tras sus declaraciones este lunes como imputados en la causa.
En sendos autos, el juez instructor ha decidido adoptar esas medidas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de tomarles declaración esta mañana como investigados en relación con la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública.
El magistrado atribuye a Pardo de Vera y a Herrero los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Pardo de Vera y Herrero se desvinculan de las irregularidades
La ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha comparecido este lunes como imputada en la Audiencia Nacional (AN) por el ‘caso Koldo’ para declarar, por un lado, sobre los presuntos amaños de obra pública, de los que se ha desvinculado; y, por otro, sobre la supuesta contratación «irregular» de Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas, confesando que sabía que estaba contratada en Ineco pero asegurando al mismo tiempo que la «utilizaron», precisando que cuando fue consciente de la relación de la joven con el entonces ministro habló con él porque la situación no era ética.
Fuentes jurídicas indican que así se ha manifestado Pardo de Vera en aproximadamente una hora de declaración, en la que ha contestado a su defensa y al fiscal anticorrupción, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, que investiga el ‘caso Koldo’, a excepción de lo estrictamente vinculado a Ábalos, que es competencia del Tribunal Supremo por su condición de aforado.
Una parte del interrogatorio a Pardo de Vera ha girado en torno al presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública porque, según los investigadores, la ex presidenta de Adif y el ex director general de Carreteras Javier Herrero –-que también ha declarado este lunes como imputado– eran clave para que los proyectos se dieran a las empresas supuestamente implicadas.
En el caso de Pardo de Vera, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja mensajes de WhatsApp con Koldo García, ex asesor ministerial de Ábalos, en los que éste le insiste en que se le debe adjudicar una obra a la constructora LIC, si bien ella se muestra reticente advirtiéndole de que se le acababa de dar una hacía poco y otra «va a cantar».
Interrogada sobre sus conversaciones con Koldo, Pardo de Vera ha enmarcado en la normalidad administrativa que los asesores de los ministros pregunten por adjudicaciones, a lo que ha añadido que ella no tenía competencias para adjudicar las obras. En este sentido, según las citadas fuentes, ha expuesto que las ofertas económicas no se conocen hasta que los técnicos hacen sus valoraciones.
Otra parte de la declaración de la ex presidenta de Adif se ha centrado en la presunta contratación «irregular» de Rodríguez primero en Ineco, como adscrita a la presidencia de Adif, y después de Tragsatec, por la supuesta influencia de Ábalos y las gestiones de Koldo. De hecho, la UCO señala en sus informes que el hermano de éste habría sido su jefe.
Fuentes jurídicas indican que Pardo de Vera ha explicado que el currículum de Rodríguez le llegó a través de Koldo y que ella a su vez se lo derivó a Ineco por si hubiera alguna vacante, en lo que ha enmarcado también en un procedimiento normal para hacer llegar CV a Ineco, algo que ha dicho incluso que se contempla en la normativa de la empresa pública. En este sentido, ha admitido igualmente que se contrató al hermano de García, Joseba, en Ineco.
Para ella, la contratación de Rodríguez fue un tema residual, ha afirmado. De hecho ha sostenido que no sabía quién era, y que tampoco le dieron más explicaciones al respecto. No obstante, ha reconocido que no era habitual que se insistiera tanto en una contratación. Al hilo, ha contado que la utilizaron como correa de transmisión en todo el proceso de contratación, hasta para un cambio de hora.
A partir de ese momento ha aseverado que se desentendió, a pesar de que le pidieron que estuviese al tanto. Así, preguntada sobre si se le trasladó alguna queja sobre el trato recibido por la joven en Ineco, ha contestado que pudo ocurrir.
Pardo de Vera ha defendido que no supo quién era Rodríguez hasta que la avisaron de que en tres meses expiraría el contrato de la joven con Ineco. Según ha declarado, fue en ese momento cuando se enteró de qué relación la unía con Ábalos, lo que le generó una situación violenta, ha descrito.
A pesar de que Koldo la insistió en que se la renovara, la ex presidenta de Adif ha contado que llamó al ministro porque entendía que la situación no era ética y que podía haber un daño a las instituciones, por lo que no se renovó el contrato. De esta forma dio por zanjado el asunto. Aunque posteriormente fue contratada en Tragsatec, de esto ha aseverado que no supo nada.
Un interés electoral en las obras
En la misma línea, Herrero se ha desvinculado de cualquier irregularidad en la adjudicación de obra pública. Fuentes jurídicas señalan que, según ha declarado, Koldo siempre le preguntaba una vez concluidos los procesos de adjudicación y él le respondía con información que era pública.
El ex director general de Carreteras ha indicado que Koldo le preguntaba a instancias de Ábalos para rentabilizar las obras políticamente porque entonces estaban en plena campaña de elecciones municipales.
Tras la declaración de ambos, se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prohibición de salida del país y retirada del pasaporte, una petición a la que se han adherido las acusaciones populares –unificadas bajo la dirección letrada del PP–, y que ha concedido el instructor acordando dichas medidas cautelares para ambos.
