Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro y centro de la causa a la que éste da nombre, ha pedido la nulidad del procedimiento al tiempo que ha acusado al juez instructor, Rubén Rus, de llevar a cabo «una investigación desproporcionada y sin el menor fundamento jurídico».
La defensa de EE pide a la Audiencia Provincial de Tarragona que revoque y deje sin efecto los autos que dieron lugar a la creación de este procedimiento, entre los que se incluye el de las entradas y registros en los que se localizaron de forma casual -en el marco de una diligencia para otra causa- una serie de correos que apuntaban al despacho.
En concreto, esas comunicaciones fueron localizadas tras el registro a la empresa gasística Messer Ibérica, a la que se investigaba por otros delitos. Ese «hallazgo casual» llevó a que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona acordase en agosto de 2018 incoar diligencias y comenzar a investigar bajo secreto.
Esas pesquisas iniciadas hace siete años han llevado a la imputación de más de una treintena de personas, Montoro incluido, por los presuntos favores políticos a empresas, sobre todo gasísticas, de acuerdo con el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press.
Equipo Económico pide, en este sentido, que se dejen sin efecto la resolución de julio de 2018 por la que se mandó a reparto ese hallazgo y la que, de forma posterior, dictó el juez en agosto de ese mismo año asumiendo la causa y acordando investigar.
Sin «autorización judicial»
El despacho argumenta que, «en ningún momento durante la entrada y registro», y «ante la eventual aparición» de esos correos, «se solicitó al juez una nueva autorización que legitimase la incautación de esos correos para que valorase si procedía ampliar la investigación a los nuevos hechos».
Equipo Económico añade que no existía «autorización judicial ante un supuesto hallazgo casual relativo a hechos ajenos a la investigación original». «Ni estábamos ante un supuesto de delito flagrante, de tal manera que su aprehensión (la de los correos) por los Mossos supuso una vulneración del derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución», añade, en alusión a la inviolabilidad del domicilio.
Según el despacho, es imposible desgajar la incautación de esos correos de la apertura de la causa. «La incorporación de dichos correos a la causa» sirvió «para iniciar una investigación prospectiva inmediatamente después y sostenida durante más de siete años de instrucción», apostilla.
El informe de la UCO, clave contra Montoro
En otro escrito, EE afirma que «no es la primera vez que» el despacho «y sus socios son sometidos a una investigación desproporcionada y sin el menor fundamento jurídico». En el mismo, critica que el instructor no les haya dado traslado de las actuaciones efectuadas desde julio de 2024.
EE pide que se le notifique el último tomo del sumario y que se le informe de «cuantas piezas separadas puedan afectar» al despacho y a sus socios o trabajadores. Alerta, en esta línea, de que entre esa documental pueda encontrarse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que resulte «vital para conocer la naturaleza de los pagos recibidos por Equipo Económico».
También, añade, para diferenciar «si estos responden a los espurios fines que se indican por los investigadores o si, por el contrario», únicamente estamos «ante una serie de meras conjeturas, insinuaciones e interpretaciones sesgadas cuya falsedad se pondría de manifiesto una vez comprobado que no se ha producido en absoluto ningún «desvío de estos fondos» para dádivas, retribuciones o comisiones ilícitas a funcionario o autoridad alguna».
«A pesar de la trascendencia de este informe de la UCO, reconocida tanto por el Juzgado como por el Ministerio Fiscal, llama poderosamente la atención que todavía no se nos haya facilitado y que tan sólo se nos haya dado traslado de los 18 primeros tomos, en los que sólo encontramos, como decimos, informes plagados de falsedades, opiniones sesgadas y deformaciones interesadas de la realidad», lamenta el despacho.
Así, y a fin de que no se «prolongue la indefensión sufrida por el desproporcionado secreto de las actuaciones y tomar conocimiento del estado actual de la causa», EE pide «para el adecuado ejercicio del derecho de defensa, que sin mayores dilaciones se le dé inmediato acceso a la totalidad de la causa principal y de todas las piezas separadas que le afecten».
