La Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) celebra la aprobación definitiva de la Agencia Estatal de Salud Pública. Considera que este nuevo organismo supone un avance en la protección del derecho a la salud, mejora la coordinación entre administraciones y aporta seguridad jurídica al sistema sanitario frente a emergencias.
Ofelia de Lorenzo, presidenta de la AEDS, recuerda la lección que dejó la pandemia de COVID-19 y episodios recientes como la DANA: “Era imprescindible una estructura estable, con base legal clara, que permita anticipar, coordinar y ejecutar respuestas rápidas en salud pública”.
La nueva Agencia, añade, responde a una demanda de los expertos en derecho sanitario, que desde hace años reclaman más capacidad técnica y jurídica del Estado en esta materia.
Desde el plano legal, la creación de la Agencia plantea desafíos importantes: gobernanza, competencias y control institucional. La AEDS insiste en que su desarrollo normativo debe garantizar tres pilares: primero, una relación clara y eficaz con las Comunidades Autónomas; segundo, mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas; y tercero, una actuación conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad.
“Un organismo así —afirma De Lorenzo— debe ser operativo y, al mismo tiempo, jurídicamente sólido. La experiencia nos ha enseñado que las decisiones excepcionales necesitan instrumentos legales robustos para evitar inseguridad o arbitrariedad”.
La presidenta también destaca la inclusión en la ley de una enmienda que reconoce el valor de la innovación incremental en medicamentos:
“Las mejoras continuas, aunque no sean disruptivas, aportan beneficios reales a pacientes y profesionales. La normativa debe tener en cuenta todas las formas de innovación y su contribución al sistema”.
La AEDS anuncia que estudiará el desarrollo reglamentario de la nueva Agencia y su impacto en el marco jurídico-sanitario, fiel a su misión de promover el análisis riguroso y el debate en las cuestiones legales de la salud.
